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Viernes, 15 de diciembre de 2017 Actualizado a las 16:50

Opinión

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¡Cuidado con la prueba Inicia!

por 6 enero, 2014

Ya tenemos una educación básica que prepara para el SIMCE, una enseñanza media que prepara para la PSU, sería lastimoso una formación docente centrada en adiestrar para Inicia. De hecho e inevitablemente, ya se ha visto surgir talleres de preparación de Inicia en las escuelas de educación.

En febrero de 2012 se envió al Congreso un proyecto de Ley de Carrera Docente que no prosperó y que posteriormente fue reemplazado por una Indicación sustitutiva, aprobada en octubre de este año por la Cámara y actualmente en discusión en la Comisión de Educación del Senado.

Entre otros propósitos, la indicación sustitutiva pretende establecer la actual prueba Inicia, que se llamaría “Examen Inicial de Conocimiento y Habilidades Docentes”, como obligatoria para los egresados de las carreras de pedagogía, con resultados públicos por estudiante y por institución. Se establece también la obligación para las universidades e institutos de ofrecer un curso de nivelación, si un 30% o más de sus estudiantes obtienen  resultados insuficientes.

Puede ser conveniente que se realice una prueba “obligatoria” sobre conocimientos disciplinares y pedagógicos al fin de las carreras, ya que ella entregaría información al Ministerio para tener una visión de lo que está pasando y permitiría devolver los resultados con observaciones para que las facultades de educación mejoren su quehacer y, en casos calificados, estén obligadas  a dictar gratuitamente cursos complementarios para suplir las insuficiencias detectadas.

Sin embargo, los resultados de este examen no deberían hacerse públicos ni condicionar el ejercicio de la profesión.

Ya tenemos una educación básica que prepara para el SIMCE, una enseñanza media que prepara para la PSU, sería lastimoso una formación docente centrada en adiestrar para Inicia. De hecho e inevitablemente, ya se ha visto surgir talleres de preparación de Inicia en las escuelas de educación.

La publicidad de los resultados inevitablemente genera competencia y “rankings” entre los estudiantes, en primer lugar, y entre las distintas entidades formadoras, en segundo. Ya hay antecedentes suficientes a nivel internacional y en Chile (“efecto SIMCE”) que permiten afirmar que la existencia de una prueba con resultados públicos y con consecuencias, por bien construida que esté, distorsionaría la formación docente. Se terminaría sobredimensionando aquello que es susceptible de ser evaluado mediante una prueba estandarizada, en desmedro de otros aspectos de la formación de igual o mayor importancia, pero que no logran ser revelados por una prueba. Podemos caer en un nuevo reduccionismo.

Ya tenemos una educación básica que prepara para el SIMCE, una enseñanza media que prepara para la PSU, sería lastimoso una formación docente centrada en adiestrar para Inicia. De hecho e inevitablemente, ya se ha visto surgir talleres de preparación de Inicia en las escuelas de educación.

Aunque el proyecto no condiciona el trabajo docente al éxito en la prueba, al hacerse públicos los resultados sí se está produciendo una condición. La idea de exigir un buen resultado en la prueba para ejercer la docencia se justificaría para evitar que docentes deficientemente preparados lleguen a las salas de clases. Estimo que las dos medidas que se están tomando: elevar los requisitos de ingreso (el Art.4 de esta misma ley propone la exigencia de 550 puntos PSU para ingresar a pedagogía) y exigir la acreditación de las carreras –en el entendido de que esa acreditación debe revisarse y hacerse más exigente– deberían ser suficientes para asegurar lo anterior.

Si se quiere poner más resguardos hay que exigir más a las instituciones y no poner la presión en los estudiantes. Es impresentable que estudiantes a los que se les seleccionó al comienzo de sus carreras, que entraron a estudiar en universidades aprobadas por el Estado y a carreras acreditadas, que estudiaron muy probablemente con becas o ayudas del Estado, que tuvieron éxito, que aprobaron sus prácticas profesionales y recibieron un título válido y reconocido legalmente, se les dificulte ejercer la profesión que públicamente se les reconoció, a partir de los resultados en un examen estandarizado.

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