¿Carlos Peña contra la educación pública? Tecnocracia versus política

El día domingo, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, publicó en El Mercurio un largo artículo en el que criticaba fuertemente la reforma educacional propuesta por Bachelet, opinión que fue incluso reseñada en este medio. El artículo se intitulaba “La revolución blanda”, y hacía alusión a que las propuestas de Bachelet no constituían una revolución educacional “de verdad” sino tan sólo un conjunto de medidas “blandas”, que no obtendrían los resultados deseados. La elección de las palabras (“revolución blanda”) era rara, porque no se veía, en las propuestas de Peña, ninguna “revolución” más “radical” que la que criticaba y, de hecho, habría sido bastante extraño que El Mercurio hubiera entregado dos páginas de su codiciado cuerpo dominical a una visión más radical o más ultra que la de Bachelet en materia de educación.

Lo que ocurría en realidad, como era de suponer, es que era precisamente la visión de Peña la “blanda” (no me gusta el adjetivo, simplemente lo estoy replicando) pues, bajo la pancarta de proponer algo supuestamente más “revolucionario”, lo que hacía en verdad el célebre rector, era empezar a poner diques y cortapisas a algunos de los cambios de fondo que el país requiere con urgencia en materia educacional. Bajo estas circunstancias, no resulta ya tan extraño que El Mercurio lo haya publicado a doble página. Más bien por el contrario, presumo que lo habrá hecho con deleite, debe haber sido casi como un regalo para los editores que el columnista estrella que, semana tras semana fustiga impunemente a la siempre fiel grey mercurial, saliera ahora con esta dulce e inesperada sorpresa ideológica.

Con su ya clásico tono doctoral –usted y yo lo sabemos– Peña nos pasea como es usual por los albores de la Ilustración (Kant y Hegel no pueden faltar), se da tiempo luego para apoyarse en sus consuetudinarios Bourdieu y Bernstein (no hay que leerlos para saber que… piensan lo mismo que yo), para concluir, en primer lugar, que la educación no resolverá todos los problemas de Chile, a saber, la desigualdad, la segregación, la injusticia social.

Esta idea (la de que no se le pueden achacar todos los males sociales al sistema educativo) está en boga en el debate académico actual, pero, claro, en países desarrollados, que tienen un sistema educativo de otro nivel de calidad y, por lo mismo, otro tipo de problemas. En el Chile actual, en cambio, el argumento suena más bien como un tapaboca, o una mordaza, algo que podría decir Carlos Larraín: “Oye, pero no se desvivan tanto por la educación pues, si no se puede resolver todo de un paraguazo.”

A continuación, Peña se da tiempo para boicotear cada una de las principales demandas políticas que ha levantado el país para mejorar su sistema educacional. Se da primero un largo rodeo seudoteórico (de nuevo reminiscente de la derecha), para proponer que la eliminación del lucro no tendrá ningún efecto en la mejora del sistema educativo, porque no todos lucran, o porque lucran poco, o porque la mayoría de los sostenedores tienen un solo colegio, y por otras razones más. No se da cuenta de que el problema fundamental del lucro en la educación no es que recursos fiscales terminen en una ganancia personal, sino más bien que constituye un incentivo para la privatización creciente de la educación y, peor aún, para la selección de los alumnos más aventajados, y el consecuente “descreme” de los alumnos más vulnerables.

[cita]El discurso de Peña se enmarca, a mi juicio, en un fenómeno más amplio, que es ya clásico en la discusión política del país: la tendencia a anteponer siempre reparos tecnocráticos a las transformaciones políticas en ciernes, que naturalmente generan algún grado de tensión, temor y, por qué no decirlo, entrañan también ciertos riesgos.[/cita]

Tampoco percibe que el hecho de que los colegios “lucren poco” es meramente contingente al estado de inopia al que se ha visto sometida la educación en el país, pero que, a medida que estos recursos han ido aumentando, la educación se vuelve crecientemente “un buen negocio”, y el lucro se transforma, por tanto, en un incentivo incontrarrestable a la privatización de la oferta educativa, situación que, una vez asentada, resulta muy difícil de volver atrás.

Algo similar ocurre con la gratuidad. Peña afirma que no servirá tanto y que, en todo caso, no prevendrá la selección, o más bien la autosegregación, de grupos privilegiados de la sociedad, que se organizarán en colegios de excelencia. El argumento aquí parece ser el siguiente: como no es posible prevenir la autosegregación de un 7% de la población (y aquí el Peña liberal es inflexible), entonces ya ningún esfuerzo en contra de la selección resulta válido.

Pero todo este argumento funciona en verdad como una gran trampa. En efecto, Peña parece medir todo el éxito de las reformas educacionales mediante un indicador único, referido a cuán mezclada o heterogénea termina siendo la elite del país (probablemente su propia preocupación personal). Pero este indicador es obviamente muy lento de mejorar y, además, ni siquiera tan relevante. Lo importante de construir un sistema de educación pública de calidad, ojalá de excelencia, es dar acceso a la gran mayoría de los chilenos a una educación digna, habilitante, que les permita insertarse y participar adecuadamente en la sociedad. Más aún, desde una perspectiva societal, el objetivo es conseguir una educación que integre y no que segregue, que construya una sociedad sana. Quizás más importante todavía, desde un punto de vista histórico, el horizonte es tener una educación que nos interprete y nos dé confianza, que esté pensada para un país futuro en el que todos creamos, al que todos nos queramos aproximar.

Siempre habrá grupos que se puedan marginar de este proyecto, o bien buscar formas de autoeducación, no sólo las elites: grupos más alternativos o artísticos, tal vez minorías religiosas o étnicas. No significa que no sea importante, pero no debemos dejar que este riesgo o, mejor aún, este “derecho”, desactive la necesidad de un país de buscar un sistema de educación justo, accesible e integrado.

Algo similar ocurre con la eliminación del copago en la educación secundaria, y la desmunicipalizacion, dos medidas despreciadas por Peña (de nuevo por ser supuestamente “ineficientes” para reducir segregación), pero que resultan, sin embargo, fundamentales y están en el centro de la demanda por mayor justicia social, y por un sistema educacional al menos consistente con este objetivo.

A través de su elaborada discusión teórica, lo que hace Peña en la práctica es aliar su discurso con el de la derecha más retardataria del país. Mediante antecedentes técnicos o científicos que a la larga adquieren un cariz un poco totalitario, el rector de la UDP termina por oponerse a las transformaciones básicas, casi de sentido común, que necesita nuestro sistema educacional, por las que la gran mayoría de los chilenos está clamando. Peor aún, disfraza de ímpetu revolucionario lo que en el fondo es una crítica conservadora y, en sí misma, “blanda”.

Puede que las propuestas de Bachelet no sean todo lo profundas o amplias que se requiere, pero sin duda van en la dirección correcta. Lo que sugiere Peña, en cambio, es “más de lo mismo”, en el sentido que devuelve el debate a la sempiterna discusión técnica que nos ha entrampado por décadas, para, en el fondo, dejar el sistema educacional tal como está y, simplemente, volverlo un poco más “eficiente” en la asignación de recursos. No es de extrañar, en consecuencia, que el diario de la elite conservadora del país lo publique gustoso a página completa.

El discurso de Peña se enmarca, a mi juicio, en un fenómeno más amplio, que es ya clásico en la discusión política del país: la tendencia a anteponer siempre reparos tecnocráticos a las transformaciones políticas en ciernes, que naturalmente generan algún grado de tensión, temor y, por qué no decirlo, entrañan también ciertos riesgos.

No se trata de que los objetivos políticos deban contraponerse a los objetivos técnicos. Tampoco se trata de que no sea necesario buscar buenas soluciones técnicas para implementar las prioridades políticas definidas por una sociedad. Sería absurdo pensar que la política reemplaza a la técnica, o que no la requiere en absoluto. De lo que se trata es de no supeditar todas las decisiones políticas simplemente a un análisis técnico de eficiencia en la gestión de recursos. Ese camino conduce finalmente a una dictadura de la tecnocracia, que termina a la larga siendo incapaz de interpretar las demandas sociales, porque, en un sentido más profundo, es incapaz de interpretar el sentido histórico de una sociedad, imprimirle al país una visión de futuro, avanzar en alguna dirección. La técnica no va hacia ninguna parte, es simplemente una administración “ciega” que busca la distribución más eficiente de los recursos, en el marco de un determinado modelo de funcionamiento.

Al igual que el ser humano, una sociedad que se reduce a lo puramente técnico, a lo evaluable, o a lo “rentable”, desconsidera un aspecto fundamental de su existencia, de su forma de ser. No se trata, por tanto, de caer en un desprecio absurdo de la técnica, sino de supeditarla a una dinámica más profunda, que incluye preguntarse por el tipo de sociedad que queremos construir, por el proyecto de país que nos convoca.

Este es, a mi juicio, el proceso ante el cual nos encontramos ahora en materia educacional. El gran desafío que tenemos por delante es precisamente ponernos a discutir qué tipo de educación queremos para nuestro futuro, qué proyecto educativo y qué tipo de establecimiento nos interpreta y nos alienta. Y para poder responder a estas preguntas necesitamos discutir, peor aún, ponernos de acuerdo, algo que en Chile nos cuesta una enormidad. Por eso, preferimos muchas veces quedarnos en la ilusión de que no hay que discutir, y no hay que decidir, y que simplemente un paper, o una regresión estadística, nos dará la respuesta correcta.

Por esto me parece tan preocupante que voces validadas e influyentes, como las del rector Peña, empiecen desde ya a boicotear los desafíos que se vienen por delante, y tratar de llevar otra vez la discusión a complejos e interminables cálculos técnicos, afinados hasta el nivel del percentil. Implementar las transformaciones educacionales que se requieren será de por sí difícil, y sus resultados lentos y muy graduales. Pero si no somos capaces de centrar la discusión, de una vez por todas, en el plano político y seguimos creyendo que la “tecnocracia” lo resolverá todo, el avance no sólo será lento sino que, simplemente, seguiremos estancados en el exasperante diálogo de sordos que ha predominado durante los últimos cuatro años.