Es necesario preguntarse cómo un proyecto de ley pretende fortalecer la educación de profesores si al mismo tiempo amenaza la autonomía y la calidad de los programas de formación.
El proyecto de ley sobre carrera docente y la indicación sustitutiva presentada por el gobierno de Piñera incluyen propuestas para modificar el control de acceso a la carrera docente, además de incentivos económicos para profesores que decidan iniciar sus actividades profesionales en establecimientos subvencionados, públicos o privados. Los requisitos para el ingreso y la obtención de incentivos docentes se basan en el supuesto cuestionable de que pruebas estandarizadas como la de selección universitaria (PSU) o una prueba inicial para egresados de pedagogía pueden definir quiénes son las personas más preparadas para enseñar. El gobierno asume que estos instrumentos son predictores de un ejercicio pedagógico deseable, y que sobre la base de ellos se debe juzgar la calidad de los recién egresados. El proyecto de ley y su indicación sustitutiva muestran la obstinación de los sectores más conservadores de la sociedad de quitarle rigor profesional a la docencia y perpetuarla como la culpable de los males sistémicos que el sistema educativo de mercado engendra. Ello es sumamente dañino por varias razones.
Lo primero es la estrechez con la que se define la docencia. Los criterios para ejercer la docencia y recibir incentivos asumen una visión extremandamente pobre respecto a los elementos que caracterizarían la calidad docente. Se espera que una prueba estandarizada obligatoria basada en conocimientos y habilidades disciplinarias y pedagógicas permita determinar quiénes son aptos para ser docentes. Si bien no se explicita la forma específica de esta prueba, es de esperar que sea la heredera de la tradición de la prueba INICIA aplicada desde el 2008, en el primer gobierno de Bachelet. La aceptación irreflexiva de los bajos resultados de la última prueba INICIA y su baja convocatoria motivó la urgencia de la indicación sustitutiva que el gobierno envió al parlamento.
[cita]Es necesario preguntarse cómo un proyecto de ley pretende fortalecer la educación de profesores si al mismo tiempo amenaza la autonomía y la calidad de los programas de formación.[/cita]
El gobierno asume así que es posible evaluar con una prueba de lápiz y papel las habilidades pedagógicas docentes, anulando uno de los aspectos más importantes de la docencia, como es la práctica contextualizada a los intereses y las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, la evidencia en el área de formación docente es clara al señalar que los buenos profesores no sólo deben saber sobre los contenidos del subsector que enseñan sino también deben saber cómo sus estudiantes pueden aprender estos contenidos y desarrollar habilidades de acuerdo a sus ritmos e intereses, además de contar con condiciones mínimas que permitan acometer todas las demandas del trabajo pedagógico. Por lo mismo, un desempeño aceptable en la prueba INICIA en los aspectos disciplinarios o en la PSU no son un indicador de un mejor profesor, ni tendría que ser un criterio que determine si un futuro profesor debiese ejercer la profesión o no. Usar estos instrumentos como juicio de la calidad docente es simplemente una irresponsabilidad.
Lo segundo, el proyecto de carrera docente se une a las políticas educativas basadas en la rendición de cuentas que buscan centralizar exigencias y descentralizar responsabilidades. En este proyecto se definen los requisitos que los docentes titulados deben cumplir para ejercer la docencia, los que incluyen alcanzar un nivel satisfactorio en la prueba inicial. Estos resultados serán presentados públicamente de manera individual y agregados por programa de formación, los que serán usados para la elaboración de rankings, como los que se hacen con la PSU y SIMCE. Sabemos que la publicación de resultados de la actual prueba INICIA ha contribuido a generar un desprestigio constante a la profesión docente en general, incluyendo las instituciones formadoras. Además, la publicación de estos resultados ha sido utilizada como una estrategia para endosar la responsabilidad de los problemas educativos a los futuros docentes y los programas de formación sin cuestionar el rol del Estado y sus políticas educativas. El proyecto de ley de carrera docente contribuye a culpar de los males del sistema a quienes decidan estudiar pedagogía, sea hoy o en el futuro. Ello es tremendamente dañino para el país, y sobre todo para la profesión docente.
Por último, la idea de contar con una prueba obligatoria a nivel nacional para los profesionales que deseen ejercer la docencia institucionaliza una definición única de docente. Esta definición a nivel nacional, acompañada de sanciones económicas a los programas de formación cuyos egresados no logren un puntaje satisfactorio en la prueba, reducirá la autonomía de los programas de educación de profesores, afectando por cierto a sus cuerpos académicos. Al igual como las escuelas preparan a los estudiantes para el SIMCE, los programas de educación de profesores ya están comenzando a preparar a sus estudiantes para la prueba INICIA, alineando los contenidos de sus clases con los estándares para la formación inicial o creando cursos específicos de preparación para la prueba. La reducción curricular en la educación de profesores como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas es evidente hoy mismo, y usar los incentivos y sanciones que propone el proyecto de ley es simplemente desechar la docencia como profesión. Desprofesionalizar la docencia puede ser el peor incentivo a que entren «los mejores» a la carrera docente, contradiciendo las mismas intenciones que el gobierno dice tener con el proyecto.
Es necesario preguntarse cómo un proyecto de ley pretende fortalecer la educación de profesores si al mismo tiempo amenaza la autonomía y la calidad de los programas de formación. Además, podemos preguntarnos cómo es posible fomentar que sean los «mejores» profesores quienes ejerzan la docencia si al mismo tiempo se usan criterios e instrumentos cuestionables para determinar si un profesor será «mejor» o «peor». El mentado proyecto de ley tiene tantas deficiencias como peligros para el futuro educativo del país. Uno de ellos es que perpetuará la idea injusta de que los docentes son culpables de los males del sistema educativo. Ello es un distractor de los cuestionamientos radicales a que ha sido sometido el modelo de mercado desde el 2006, pero puede ser un amarre del gobierno de Piñera y los sectores conservadores, si este proyecto y su indicación sustitutiva se aprueban.
