Cuando terminó de temblar el 27 de febrero hace casi cuatro años, y comprobé que el corte de luz era total, fui a revisar que las armas estuvieran en su lugar. En la oscuridad total podía esperarse un saqueo. Sin embargo, en el centro de Santiago no pasó nada y, era una ventaja de vivir a un par de cuadras del Ministerio de Defensa, los servicios básicos estaban restablecidos antes del mediodía. No fue así en otros lugares de Chile.
Los saqueos, sean en Córdoba o en Concepción, son una manifestación del fracaso de la política más patente y grave que la abstención electoral. Significa que una buena parte de la gente respeta las leyes penales sólo por temor al castigo (lo que en general se reserva para las leyes de tránsito), y que toma muy poco para que la sociedad se descomponga. Sólo una delgada línea de Carabineros marca la frontera entre la civilización y la barbarie, dice el tópico.
Pero los saqueos en Concepción nos llevan a otro tema: la centralización. Hay muchas aristas, pero podemos comenzar con una afirmación. Frente a un problema, la solución más adecuada y rápida, puede conocerla y aplicarla mejor quién esté contacto directo con el problema. En Concepción, el problema urgente después de los desastres naturales fue el saqueo. La autoridad local tenía pleno conocimiento de la gravedad del caso, mientras que para la autoridad central era uno entre muchos, y al no sentirlo directamente, vacilaba por consideraciones políticas.
La alcaldesa hacía llamados públicos al poder central para que desplegara a las fuerzas armadas para restablecer el orden. La administración central se demoró tres días en hacerlo. (La presidenta dijo hace poco que su respuesta había sido inmediata). Decir que la autoridad nacional entregó al saqueo a la ciudad de Concepción durante tres días puede parecer exagerado, pero así lo ven algunos vecinos.
Por supuesto que algunos problemas locales necesitan, para su solución, de recursos materiales y administrativos, que, por economías de escala, tienen que estar concentrados. Además, una excesiva autonomía de las partes puede ir contra la coordinación necesaria para el buen funcionamiento del todo. Sin embargo, la dependencia casi completa de las regiones respecto de la capital puede resultar desastrosa, como experimentaron las autoridades penquistas que veían el caos a su alrededor sin poder hacer más que rogar a un gobierno nacional colapsado y distraído que se ocupara de un problema lejano.
La descentralización no pasa sólo por la distribución de recursos (que es lo que piden los movimientos sociales), sino también por la autonomía en la toma de decisiones. Esto se ve con particular nitidez en el caso de las emergencias. Esa autonomía puede también crear las condiciones para que se generen recursos (o al menos evitar su destrucción). Ahora bien, ceder poder, ceder control, es algo que difícilmente puede esperarse de un político o un burócrata, pero examinar las tendencias propias de la democracia y el Estado moderno es algo que excede el modesto propósito de este escrito.
