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Editorial

La presión de “las cascadas” sobre la SVS

por 10 enero, 2014

La presión de “las cascadas” sobre la SVS
Fue la anormalidad y vastedad del caso Cascadas, suficientemente documentada en la prensa nacional, lo que obligó –en razón de sus competencias– a la SVS a abrir una investigación. La defensa del empresario afectado –aún muy ambigua en los detalles y comunicada sólo para expertos– es que el tema no es ilegal, que hay mucha gente que participó del negocio, incluido eventualmente el Presidente de la República, y que los procedimientos de la SVS se habrían contaminado de vendettas políticas u oportunidades de negocio.
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No ha sido feliz el resultado gubernamental en cuanto a la eficiencia de las instituciones. El INE, el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil y diversos ministerios, entre otras instituciones, exhiben sendos problemas debido a malas o poco razonadas decisiones, a omisiones, o simple desconocimiento e inexperiencia gubernamental de sus directivos.

La cultura de la decisión vertical y discrecional, propia del empresario que actúa como dueño, se trasladó casi sin filtros a la administración pública, olvidando que esta opera bajo reglas estrictas de derecho público, con gastos refrendados y un sistema que, entre otras cosas, implica responsabilidades que se arrastran incluso hasta mucho tiempo después de haber dejado el ejercicio de los cargos. Hay en ello una fuente notoria y permanente del mal manejo de este gobierno en los conflictos de interés que han afectado a sus funcionarios.

Por ello, es de máxima prioridad velar por la integridad y eficiencia de las instituciones, especialmente de aquellas que forman la columna vertebral del funcionamiento de todo el Estado, tanto en lo económico como en lo político. Ello incluye por cierto su control interno, pero además, de manera prioritaria, el respaldo expreso al ejercicio de sus competencias.

Especialmente necesario es cuando se trata de organismos encargados de velar por la fe pública y la transparencia de los mercados, como es el caso de la SVS, que por su posición resultan altamente susceptibles a las manipulaciones externas y la creación de zonas grises de operación, que tratan de inhibir sus competencias o lesionar el orden público económico.

Tal perspectiva constituye el peor daño para un Estado de Derecho. Pues, junto con ponerse al margen de las reglas del juego en materia regulatoria, hacen emerger un nuevo riesgo para la autoridad y el orden público económico, cual es que mediante el uso ilegítimo del derecho, o abuso del derecho como lo denomina la doctrina, en este caso la querella, se ejerza coerción sobre el regulador.

En este orden de cosas resulta fuera de consenso, y algo inédito en la historia económica de Chile, la decisión de los empresarios investigados por el Caso Cascadas, de querellarse criminalmente en contra del Superintendente de la SVS que lleva adelante la investigación sobre la legalidad de la operación y cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente. En primer lugar, porque aún no existe ningún resultado objetivo de la investigación.

Las declaraciones de los propios abogados del señor Julio Ponce Lerou inducen a interpretar tal querella como un ejercicio de amedrentamiento al Superintendente, a fin de evitar un informe desfavorable a Cascadas.

Cabría también la posibilidad, a partir de lo expresamente declarado por ellos, que tal acción sea una estrategia de ganar tiempo, esperando que el casi seguro cambio de autoridades de marzo haga variar la perspectiva del regulador sobre las Cascadas y diluya administrativamente el caso. Lo que indirectamente genera la pregunta de si no se han realizado acercamientos en este sentido.

En ambas situaciones estaríamos frente a un hecho grave, que merecería el más amplio y expreso rechazo, porque transgrede frontalmente las reglas del juego económico, que implican el respeto por los procedimientos en su esencia y tiempo, de parte de todos los actores y, por el contrario, indicaría que los ejecutivos de las Cascadas desconocen la legitimidad y legalidad de la SVS para hacer su investigación, y están en cauce paralelo para resolver el tema.

Tal perspectiva constituye el peor daño para un Estado de Derecho, pues, junto con ponerse al margen de las reglas del juego en materia regulatoria, hacen emerger un nuevo riesgo para la autoridad y el orden público económico, cual es que mediante el uso ilegítimo del derecho, o abuso del derecho como lo denomina la doctrina, en este caso la querella, se ejerza coerción sobre el  regulador.

Para la actual autoridad de la SVS, querellada por los ejecutores de Cascadas, hay un límite temporal de actuación en el cambio de gobierno en el mes de marzo, fecha en la cual es altamente probable que deje el cargo. Lo que ocurrirá entonces, es que se llevará consigo una querella criminal para la casa, por meses o años, con la duda de si existe o no política de Estado en materia regulatoria y no simplemente acentos de gobierno.

Fue la anormalidad y vastedad del caso Cascadas, suficientemente documentada en la prensa nacional, lo que obligó –en razón de sus competencias– a la SVS a abrir una investigación. La defensa  del empresario afectado –aún muy ambigua en los detalles y comunicada sólo para expertos– es que el tema no es ilegal, que hay mucha gente que participó del  negocio, incluido  eventualmente el Presidente de la República, y que los procedimientos de la SVS se habrían contaminado de vendettas políticas u oportunidades de negocio.

Mala tos para la institucionalidad, peor para el consenso sobre las reglas del juego económico, y fatal para la integridad de todo el modelo y el Estado de Derecho.

Tal escenario de eventualidad de presión o amedrentamiento a una autoridad regulatoria, no de defensa legítima, que por cierto está asegurada, nos remite a una situación de capitalismo salvaje y poder discrecional crudo, que pensamos está desterrado del país desde el retorno a la democracia.

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