El aumento de la conflictividad social en Chile no encuentra cauces de solución judicial –y menos en la justicia militar–. La noción de que existe impunidad en casos de violación de la integridad física de las personas es una percepción que los datos lamentablemente parecen confirmarnos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos en conjunto con el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales acaban de dar a conocer un estudio exploratorio sobre violencia estatal en la Araucanía. Uno de los capítulos, en el que a un equipo de la Universidad le tocó participar, sistematiza las denuncias por violencia policial (o “violencia innecesaria”) presentadas por particulares debido a abusos cometidos por Carabineros en Chile.
Se trata del estudio más extenso y sistemático en su tipo. A partir del registro de denuncias en los Juzgados Militares, se da cuenta del conjunto de denuncias civiles en contra de Carabineros entre 1990 y 2011 entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Debemos recordar que en Chile las denuncias por violencia policial son competencia de tribunales militares y no civiles. Aunque sabemos que no todos los abusos de la policía se traducen en denuncias –y, por lo tanto, es probable una subrepresentación de ellas– esta estadística nos permite tener una aproximación relevante al vínculo entre ciudadanía y fuerza policial en una serie de tiempo de 21 años. Cuatro conclusiones pueden advertirse a partir de esta sistematización:
1) Advertimos una curva siempre ascendente de denuncias a nivel nacional desde el retorno a la democracia. La curva se torna explosiva a partir del año 2004. Contabilizamos un total de 18.967 denuncias presentadas contra la policía entre 1990-2011, un promedio de 862 denuncias por año. Pero, mientras a comienzos de los 90 se presentaban menos de 300 denuncias por año, en el período 2007-2011 superan las 1.500 por año.
[cita]El aumento de la conflictividad social en Chile no encuentra cauces de solución judicial –y menos en la justicia militar–. La noción de que existe impunidad en casos de violación de la integridad física de las personas es una percepción que los datos lamentablemente parecen confirmarnos.[/cita]
2) Contrariamente a lo que podríamos suponer, que el aumento explosivo de denuncias se produjo en el año 2011 producto de las protestas sociales, lo que muestra el estudio es que el ciclo de denuncias es anterior, produciendo una escalada relevante a partir del año 2004-2005. Si consideramos que las denuncias son un proxi de mayores niveles de conflictividad social, entonces podemos afirmar que el malestar social o el origen de la conflictividad social en Chile se remonta a comienzos de la década del 2000 y no a fines de la década, como suele afirmarse.
3) Al analizar las denuncias por abuso policial por zona geográfica, observamos una intensificación de ellas en la zona sur del país (principalmente en Bío-Bío y Araucanía) entre 2004 y 2008. Después del año 2006, la zona central (RM y Valparaíso) es la que más impacto tiene en la curva ascendente de denuncias.
4) Desde el punto de vista de la resolución de casos en las cortes militares, el promedio de causas con sobreseimiento alcanza el 93% en el período abarcado, y tan sólo un 2,5% de las causas registradas termina con una sentencia condenatoria de un funcionario policial. Irónicamente, en Chile el mayor número de denuncias de la última década ha conllevado una baja en las sentencias condenatorias.
El anterior panorama resulta preocupante. Primero, el aumento de la conflictividad social en Chile no encuentra cauces de solución judicial –y menos en la justicia militar–. La noción de que existe impunidad en casos de violación de la integridad física de las personas es una percepción que los datos lamentablemente parecen confirmarnos. Segundo, el debate sobre la reforma de la policía y de la justicia militar parece marginal en la agenda política: ¿cómo deben actuar las fuerzas de orden público frente a mayores niveles de protesta social?, ¿es sostenible mantener en el tiempo un fuero para las policías (la justicia militar) cuando sabemos que no están cumpliendo su función de brindar justicia?, ¿es posible imaginar un orden público democrático distinto al actual, donde seguridad y libertad puedan convivir más armónicamente?, ¿es factible pensar en la desmilitarización de la policía en Chile?
La curva siempre ascendente de denuncias por violencia policial en Chile muestra claramente que no se vincula ni con los vaivenes económicos ni tampoco con el color político del gobierno de turno. Si aquello es así, resulta muy poco probable que el número de denuncias disminuya en los próximos cuatro años. El sistema político, entonces, debiese hacerse cargo de esta preocupante realidad.
