Tenemos gabinete, por fin. Y con sorpresas surtidas, hay que decir. Esperemos, por el bien del país, que sea muy exitoso; que quienes lo conforman cumplan, al igual que todo el resto del gobierno (Presidenta incluida), los requerimientos y exigencias que impone el Chile de hoy.
No sirve de nada especular ahora respecto de si lo harán bien —si estarán a la altura del cargo que están asumiendo—, o si el exceso de expectativas, la falta de experiencia o lo que sea, les pasará la cuenta. La sabiduría popular es clara al respecto: “en la cancha se ven los gallos” y “el movimiento se prueba andando” son dichos plenamente aplicables en este caso. Tienen la oportunidad de hacer algo grande; ojalá que la aprovechen.
A nosotros, la opinión pública, nos corresponde evaluarlos. Y para ello, para disponer de algún parámetro, nada mejor que pasar lista a algunos de los desafíos que enfrentan.
Primero que nada, y en forma global, deberán encargarse de reducir la desigualdad. Es un propósito explícitamente declarado por la Presidenta. Por lo tanto, deberán informarnos lo más pronto posible qué indicador(es) utilizarán para medirla (como es archisabido, no se puede mejorar lo que no se puede medir) y a qué cifra específica pretenden llevarlo (por eso de que los objetivos deben ser explícitos, para que podamos evaluar inequívocamente su cumplimiento).
En cuanto al tema de la educación, la intención declarada es llegar a tener una educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles. Ello significa, como se ha hecho en todos los países desarrollados por lo demás, elevar por parejo (no con ese absurdo y segregador sistema de los “liceos de excelencia”) el nivel de todos los establecimientos públicos, sin excepción. Tanto los de Santiago, como los de regiones. ¿Cómo se llevará esto a efecto? Hay que desmunicipalizar, obvio (si usted quiere intervenir un sistema, mejorarlo por parejo, no puede estar obligado a convencer a más de un centenar de encargados, todos con capacidades, intereses, recursos y enfoques distintos). ¿Cómo se hará? Debemos saberlo a la brevedad. ¿Y cómo se medirá la calidad del sistema? ¿Con qué indicadores? Es preciso conocerlo pronto, para poder evaluar su cumplimiento. ¿Y a qué cifras se pretende llevarlos? También es urgente conocer qué objetivos impondrá la Presidenta en este ámbito.
Desde luego, para elevar la calidad de la educación se requiere de una intervención integral a lo que hoy existe. Hablamos de capacitar a los profesores y directores, de evaluar su rendimiento, de contar con una infraestructura similar a la que poseen los establecimientos privados (confort, tecnología, instalaciones deportivas y recreacionales), de sistemas de estudio que recojan las exigencias y las técnicas del siglo XXI, etc. Si se va a intervenir el sistema educacional, hay que hacerlo en serio. ¿Cuál es el plan que se pretende implementar para abordar todos estos frentes? ¿Cómo y quién efectuará el diagnóstico de cada comuna? ¿El de cada establecimiento? ¿Cómo se determinará el monto de la inversión requerida? ¿Cómo se abordará su financiamiento? ¿Y cuál es la estrategia para llevarlo a efecto? Son preguntas que deberían estar respondidas en un plazo breve, y cuyas respuestas deberían ser dadas a conocer a los dueños del negocio, o sea, a nosotros.
Respecto de la reforma tributaria, es imperativo saber si se respetarán los principios de equidad y del beneficio en el nuevo diseño, o si se seguirán trasgrediendo como se ha hecho durante los últimos 30 años. Y si se van a seguir trasgrediendo, es indispensable que se nos informe las razones por las que se actúa así, por las que se beneficia a un segmento económico (el de mejor situación económica, por cierto) en perjuicio de la inmensa mayoría de los chilenos (artículo 57bis de la ley de la renta, entre otros varios). Porque, y así se reconoce en todos los países desarrollados, antes de comenzar a hablar de recaudaciones e incentivos, es imprescindible tener la certeza de que los principios se cumplen. Por eso se llaman principios.
En lo concerniente a la salud, es imperativo también conocer con qué estructura se abordarán los cambios. ¿Con la misma existente, manteniendo a las municipalidades involucradas? ¿O, al igual que en educación, se desmunicipalizarán los consultorios? Y si se mantiene la municipalización, ¿cómo se unificarán los criterios administrativos, los niveles de calidad, las dotaciones de especialistas, los sistemas de información, los mecanismos de capacitación del personal, sus remuneraciones, etc.? ¿Y cómo se abordará el tema de los especialistas? ¿Se otorgarán más becas? ¿Para qué especialidades? ¿Cómo se distribuirán? ¿Y cómo nos aseguraremos que sus beneficiarios trabajen después en el sector público? ¿Cómo se abordará la insuficiencia de ambulancias? ¿La carencia de equipos modernos? ¿La renovación tecnológica? ¿Los evidentes problemas de gestión que existen en muchos hospitales?
En materia de vivienda, ¿con qué medidas se buscará mejorar las “viviendas sociales” en términos de superficie (tanto del terreno como de la casa en cuestión), de calidad de terminaciones, de acceso a equipamiento, de integración socioeconómica, de consumo y abastecimiento de energía? Respecto de proyecto específicos, ¿se seguirá con la idea de licitar los terrenos del ex aeropuerto Cerrillos (permitiendo con ellos que las inmobiliarias hagan un feroz negocio con recursos de todos los chilenos) o se aprovecharán para hacer un gran proyecto de vivienda social mediante el sistema de organización de la demanda (bien administrado, por cierto)? ¿Cómo y en cuánto tiempo se eliminarán los campamentos?
En lo referente a energía, ¿se mantendrá la actual política reactiva de esperar que el sector privado maneje a su antojo el tipo y volumen de la oferta? ¿O se avanzará, con un criterio proactivo, al estudio en serio de alternativas no convencionales mediante la creación de una Corporación ad-hoc que recoja las experiencias mundiales e investigue las tecnologías en desarrollo para tal efecto (o las cree, si es necesario)? Sería muy interesante, a este respecto, saber por qué un país con 5.000 kilómetros de costa no se involucra en el estudio a fondo de la generación mareomotriz.
Y en el ámbito de la minería, ¿se seguirá con la política de entregar nuestros recursos minerales a precio vil a la empresa privada? ¿O se optará por comenzar los futuros desarrollos (el litio, entre ellos) por medio de corporaciones estatales creadas para tal efecto?
Es una reseña, lo tengo muy claro. Sólo un breve muestrario de la enorme cantidad de desafíos que deberán enfrentar los nuevos ministros, tanto en los ámbitos mencionados como en todos los restantes. El mensaje es que los propietarios de esta enorme organización, o sea nosotros, tenernos que tener acceso a la información completa de qué es lo que se pretende hacer y por medio de qué mecanismos. Información que debe estar expuesta en un formato claro, ordenado y digerible, para que quien lo desee, pueda consultarla. En pleno siglo XXI, no podemos ni queremos seguir siendo tratados como interdictos, sólo consultados e informados en las materias señaladas para las elecciones.
Porque no lo somos, ¿verdad?
