EDITORIAL
Es evidente que la acción diplomática y política de nuestro país debe reorientarse al término de la estrategia de las cuerdas separadas, la que se ha demostrado inconducente a producir real estabilidad, y que resulta incompatible con la actual postura peruana. No sólo no constituye una sofisticación de nuestra diplomacia, sino que aparece como una expresión débil y ambigua de simples conveniencias comerciales que, ante el tema del triángulo interior, se transformará, de mantenerse, en una señal equivocada a nuestro vecino acerca de la paciencia política de nuestro país.
Apenas se terminaba de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el lunes 27 y ya, de manera subrepticia, el presidente peruano Ollanta Humala introducía una interpretación de los hechos que inevitablemente, de persistir, llevará a nuestro país a un nuevo diferendo fronterizo con Perú. El triángulo interior “seco” que, según la canciller Eda Rivas, es territorio peruano.
Es del Interés Nacional de Chile la existencia de un marco claro y consolidado de fronteras y límites. La complejidad y fragilidad de nuestro territorio nos obliga a esfuerzos notorios de conservación y contención del mismo, para velar adecuadamente por el bienestar de la población y la seguridad del país. Especialmente en las zonas más apartadas, menos densas o de mayor fragilidad.
También, porque una certidumbre de fronteras y límites es la base de cualquier estrategia de cooperación vecinal, asunto vital para un Chile abierto e integrado al mundo. A ese interés nacional se agregan aspectos tan importantes como la mantención de la paz, el libre comercio y el libre tránsito internacional, y la cooperación internacional para el desarrollo y el multilateralismo político.
[cita]Siempre es posible que exista error jurídico de nuestra parte, pero también es factible –y existe más de un elemento para considerarlo así– que nuestro vecino actúa con abuso de derecho, mirando más a una reivindicación simbólica, ante el peso histórico de la Guerra del Pacífico, que a la solución de algún problema real. Lamentablemente, ello se hace girando sobre las emociones de la ciudadanía y creando una visión cultural distorsionada que tensa los ambientes, mientras políticamente se usa la fraseología de la hermandad en cada mensaje político al otro.[/cita]
No resulta fácil, por lo tanto, interpretar como un talante de buena vecindad la actitud de Perú de recurrir permanentemente a la inventiva jurídica para crear casos que den lugar a controversias en áreas que nuestro país creía zanjadas. Y para, eventualmente, generar condiciones de litigación internacional por supuestos derechos afectados o indefiniciones jurídicas subsistentes en los Tratados. Un vecino que siempre te demanda es un mal vecino.
Siempre es posible que exista error jurídico de nuestra parte, pero también es factible –y existe más de un elemento para considerarlo así– que nuestro vecino actúa con abuso de derecho, mirando más a una reivindicación simbólica, ante el peso histórico de la Guerra del Pacífico, que a la solución de algún problema real. Lamentablemente, ello se hace girando sobre las emociones de la ciudadanía y creando una visión cultural distorsionada que tensa los ambientes, mientras políticamente se usa la fraseología de la hermandad en cada mensaje político al otro.
Ni hermanos ni primos lejanos, simplemente vecinos por imperio de las circunstancias, las retóricas diplomáticas y políticas deben sincerarse de manera racional para apuntar a los reales problemas que enfrentan ambos países, construyendo efectivamente una política de buen vecino y de paz, sin manifestaciones prácticas o simbólicas de carácter hostil.
Perú no puede dejar de reconocer que los problemas de ingobernabilidad y narcotráfico que enfrenta en el VRAEM son un problema que impacta a toda la región, en especial a Chile, dada la densidad migratoria peruana a nuestro país y la estrategia transfrontera que usan el narcotráfico y el terrorismo. Aquí, la cooperación policial entre ambos países es vital para efectuar un control eficiente y moderado de los riesgos, pero efectuarla requiere de un ambiente sano de intercambios. Y Perú no contribuye a ello.
Frente a este tema, Chile ha sido prudente –según algunos observadores, ineficiente– para no crear barreras artificiales tanto a la ola migratoria de ciudadanos peruanos, mayormente sana, como a las inversiones peruanas hacia nuestro país, que ya alcanzan los 10 mil millones de dólares.
Sería un absurdo que, producto de las tensiones que devienen de la diplomacia disconforme de Perú, los recursos de inteligencia que desplieguen ambos países estén orientados a seguridad estratégica y no cooperación policial, que es el componente esencial de la prevención y control de delitos transnacionales, hoy por hoy, un tema de enorme trascendencia para las relaciones chileno-peruanas.
En el mismo sentido, no cabe duda que serán las políticas públicas de desarrollo y las inversiones en la zona ampliada de integración en la frontera chileno-peruana, las que deben absorber los impactos negativos que deja el proceso de La Haya, a ambos lados de la frontera.
Pero es evidente que la acción diplomática y política de nuestro país debe reorientarse al término de la estrategia de las cuerdas separadas, la que se ha demostrado inconducente a producir real estabilidad, y que resulta incompatible con la actual postura peruana. No sólo no constituye una sofisticación de nuestra diplomacia, sino que aparece como una expresión débil y ambigua de simples conveniencias comerciales que, ante el tema del triángulo interior, se transformará, de mantenerse, en una señal equivocada a nuestro vecino acerca de la paciencia política de nuestro país.
