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Opinión

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Derribando juicios y prejuicios del progresismo

por 3 febrero, 2014

Que no somos un frasco nuevo con ideas fracasadas porque nada de lo que decimos viene de experiencias fallidas. Tanto en los éxitos latinoamericanos como de los países nórdicos, como países miembros de la OCDE es posible encontrar referencias sólidas a las políticas públicas que ofrecemos al país. Y que muy por el contrario a lo que se expresa de nuestra posición de más Estado, en ningún estado moderno se ha producido el tránsito a la servidumbre que supone Hayek. Argumento clásico de fundaciones conservadoras y partidos conservadores. De hecho ningún país de la OCDE tiene tan poco estado como el de Chile.
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Durante estas últimas semanas se ha tornado recurrente para los progresistas encontrarnos en espacios de debate respecto a la unidad de la izquierda que se encuentra fuera de Nueva Mayoría. Con llamados transversales, voces de diferentes colectivos o partidos, a encontrar la síntesis de nuestras diferencias y comenzar a pavimentar hoy los caminos que nos lleven al proyecto común, a la convergencia táctica ante los desafíos que nos presenta esta sociedad envuelta en el malestar. Malestar que, pese a estar latente en año electoral, ningún colectivo ni partido, pese a las múltiples expresiones que tuvimos en la presidencial,  logró por sí sólo transformar el descontento y movilización social en una mayoría electoral alternativa al duopolio. Por eso, si bien hoy el llamado a la convergencia se presenta con diferentes rostros, diagnósticos y preguntas, vale la pena destacar que en esas múltiples expresiones siempre se encuentra la claridad –ya sea desde lo emocional o la lectura racional– de que no se puede renunciar a priori a la oportunidad de discutir nuestras posiciones sin el vértigo ni la presión de alguna contienda electoral.

Ante este escenario, en donde las posiciones desde nuestro espacio partidario aparecen como nítidas y claras, me parece necesario expresar cómo ha sido nuestra definición de identidad como progresistas, cómo es gracias a esta definición que aterrizamos en un proyecto país a través de un programa de gobierno y cómo es que la sumatoria de ambos elementos nos llevan al relato que nos permite enfrentar los juicios y prejuicios existentes en nuestro sector. Sin esa claridad, podemos mal entender nuestro escenario y terminar reforzando esos juicios que existen en vez de derribarlos.

A mi parecer este debate implica responder de manera clara a dos inquietudes: como primer elemento, que los progresistas siempre hemos estado por construir un proyecto político común y no un pacto electoral, y, como segundo elemento, que la posibilidad de un proyecto común con el resto de las fuerzas extra-duopólicas radica en nuestra definición como progresistas. Definición que a todas luces, tal como se ve expresado en nuestro programa de gobierno y principios partidarios, nos lleva al progresismo de izquierda.

La primera inquietud dice relación con la posición del PRO ante un pacto político y ante un proyecto político. Si bien ambos instrumentos son igual de legítimos al momento de establecer las alianzas electorales, sus diferencias como conceptos y como expresión de caminos colectivos son abismales. Si bien ya me había referido a esta tensión antes, al hacer pública mi posición en nuestra página web en el artículo “Pactistas vs Proyectistas, una definición de identidad Progresista”, bien vale la pena reproducir una vez más los conceptos, que en este nuevo artículo vuelvo a tensionar, pero esta vez con mayor profundidad y con la mirada post-resultado electoral 2012 y 2013. Hago esta referencia para dar cuenta que esta visión y posición no es nueva, por tanto, no es pragmática y menos aún electoralista: Un  pacto es en simple definición “un acuerdo entre sectores que se reconocen distintos, pero que tienen la voluntad de resolver un conflicto específico”, cuya realización además implica “un arreglo táctico, instrumental, basado en la existencia de objetivos compartidos pero no idénticos” y que “los actores se muestren dispuestos a autorregular sus particulares demandas más que a transformarlas”. Mientras que un proyecto es más bien “la generación de una voluntad general capaz de establecer cambios, transformaciones o reformas en el sistema político, social y económico nacional” (Fuentes, 1999:03). Como podemos observar, las diferencias entre ambos conceptos tensionan, por eso cuando exigimos primarias en las municipales 2012 y en las parlamentarias 2013 no hablábamos sólo de definiciones de formas, estábamos abordando definiciones que a nuestro juicio siempre han sido de fondo: primarias con programa común obligaba a pasar del más competitivo a avanzar hacia más representativo de un diseño de cambio y transformación progresista. En aquel artículo, que data del 2012, señalé las mismas críticas que hoy me llevan a no reconocer en la Nueva Mayoría un proyecto político sino más bien un pacto electoral que buscó priorizar la sumatoria de fuerzas electorales por sobre la construcción de una posición homogénea respecto al modelo de sociedad que se desea y qué cambios realizar para ello. Si este conglomerado no avanzó en esta dirección fue porque simplemente le era imposible hacerlo, dado que debía acoger las expectativas reformistas y los múltiples vetos de los conservadores. De hecho, por eso el Programa de Gobierno de Nueva mayoría es tan ambiguo en múltiples áreas; sólo desde la ambigüedad se podía lograr un pacto que fuera acogido desde el PC a la DC.  Por todo lo anterior, me atrevo pronosticar que este nuevo conglomerado avanzará en su programa desde la síntesis de la correlación de fuerzas internas entre conservadores y reformistas.

Que no somos un frasco nuevo con ideas fracasadas porque nada de lo que decimos viene de experiencias fallidas. Tanto en los éxitos latinoamericanos como de los países nórdicos, así como países miembros de la OCDE, es posible encontrar referencias sólidas a las políticas públicas que ofrecemos al país. Y que muy por el contrario a lo que se expresa de nuestra posición de más Estado, en ningún Estado moderno se ha producido el tránsito a la servidumbre que supone Hayek. Argumento clásico de fundaciones conservadoras y partidos conservadores. De hecho, ningún país de la OCDE tiene tan poco Estado como el de Chile.

El 2012 y 2013, tal como lo hicimos muchos progresistas, los acusamos de pactistas y de albergar conservadores. Y a la luz de los hechos, no cabe más que reafirmar que los conservadores siguen siendo una posición dominante pese a la agenda de cambios que demanda la ciudadanía. Basta con ver los dichos de Escalona, en donde trataba como fumadores de opio a quienes defendemos la necesidad de una Asamblea Constituyente; la posición de rechazo de Velasco en debates televisados ante la AFP estatal y el sistema de reparto; o que Nueva Mayoría gana la elección presidencial sin una posición vinculante y clara de sus partidos miembros respecto a las reformas educativas que la calle demanda. Suena escalofriante, pero lo cierto es que, más allá de lo rimbombante de los anuncios del Fin al lucro y de la segregación en la educación pública, nadie sabe el cómo, el cuándo y el con quiénes –miembros de la posible comisión–.

Habiendo respondido a la primera inquietud, paso a la segunda, que sin duda presenta mayor complejidad: ¿qué es el progresismo y cómo nos definimos dentro de él? Quizás a muchos les ha tocado escuchar alguno de los siguientes cuestionamientos que presento: que decir “progresismo” es la manera más amigable de decir izquierda, y que lo hacemos, debido a que genera menor rechazo ciudadano. O que “progresismo” es la respuesta a las demandas posmodernas de derechos de tercera generación (medio ambiente, derechos reproductivos, matrimonio igualitario, etc.), casi como una izquierda Kitsch aburguesada. O que “progresismo” es un espacio de ambigüedad, que no toma las banderas de la izquierda clásica y que, muy por el contrario, más bien busca administrar el modelo neoliberal existente teniendo como máxima tratar de hacerlo más distributivo (ejemplo clásico, política de bonos). O que el “progresismo” es un frasco nuevo para viejas y fracasadas recetas. O que simplemente acuerdos con el mundo liberal carecen de sustento. En fin, podría citar otras tantas interpelaciones, igual o más erradas, pero si existen esos juicios es porque nosotros, quienes nos definimos como progresistas, quizás hemos fallado en comunicar mejor nuestras definiciones que van más allá de lo programático.

La expresión mínima del concepto “progresista” la presenta como la antítesis de la palabra “conservador”, y que el progresismo, como visión, expresa que la sociedad es perfectible y permeable a los cambios a través del tiempo. Por eso generalmente se tiende a decir que el progresismo no es monopolio de la izquierda, porque efectivamente, al alero de tal definición de corrientes, “liberales” también encuentran cabida en tal mirada. La diferencia en este punto radica nuevamente en una tensión de conceptos: entre cuánta Libertad buscamos y cuánta Igualdad deseamos y, en esas disyuntivas, qué roles cumple el Mercado y el Estado (conservadores neoliberales vs libertarios[1]). Por eso quizás es común encontrar en el mundo muchos casos de afinidades públicas de dichas miradas en materia de libertad individual, pese a que las vocerías tengan domicilios diferentes en el eje izquierda y derecha. Ocurre generalmente con temas relacionados con derechos reproductivos, matrimonio igualitario, despenalización de la marihuana, cuidado del medio ambiente, derechos del consumidor, o sea, con los denominados derechos de tercera generación en general. Sin embargo, dicha sintonía es menos clara con los denominados derechos de segunda generación, en donde el debate se centra más en la igualdad y en el rol del Estado como garantía de dichos derechos. Hablamos del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y previsión –entre otros–.

En referencia a estos derechos, los progresistas compartimos el diagnóstico de que la reducción máxima del Estado provocada por las reformas neoliberales de la dictadura militar llevó a que el Chile actual, pese a tener los mejores indicadores de crecimiento económico, sea en lo real un país profundamente desigual. De hecho, uno de los que tiene mayor índice de desigualdad del mundo, donde lamentablemente la cuna en que naces condiciona las posibilidades de desarrollo individual que tengas a futuro. Quien nace pobre tiene salud, educación y vivienda de pobres. Y viceversa, para los de mayores ingresos. Por eso, contrarios a los fundamentalistas neoliberales y a muchos hijos de Guzmán, nosotros entendemos que el rol del Estado debe ser el de garantizar derechos independientemente del ingreso familiar y asumir como sociedad esos costes, esto por el hecho de que simplemente no está en el ADN del mercado asumir dicha responsabilidad social. A estos derechos también agregamos la necesidad de que se garantice Calidad.

Este punto es clave de destacar: en nuestra definición está la necesidad de generar condiciones de igualdad de oportunidad desde el rol de lo público, por ende, no se trata de derribar la iniciativa y opción privadaS, sino de levantar los estándares de calidad de la opción pública, véase salud y educación como ejemplos más claros.

A este debate podríamos agregar nuestras posiciones incluso en los derechos de primera generación, en donde tampoco hemos demostrado mayor distancia con la izquierda tradicional al hablar sin miedo de democracia participativa y deliberativa (plebiscitos), libertad de prensa, derecho a huelga, voto voluntario y de chilenos en el exterior, etc., etc. Posiciones que han encontrado sintonía con la actual dirigencia de la CUT, como también en diversos movimientos sociales.

Para cerrar, a lo ya dicho, agregaría los siguientes elementos:

a.- Los progresistas siempre hemos estado jugados por un proyecto político colectivo, y nuestra definición de ruptura con la vieja o la parte conservadora de la Concertación se sustenta en esa identidad.

b.- Que los progresistas no nos movemos en espacios de ambigüedad ideológica. Que en nuestros principios partidarios y en nuestro programa de gobierno es posible encontrar definiciones claras. Ya sea en derechos de primera, segunda y tercera generación.

c.- Que desde el 2009 que enarbolamos la idea de la necesidad del “cambio de reglas” y de la necesidad de “derechos garantizados”. Que ambos elementos se expresaron con igual fuerza tanto en la campaña 2009, como en la de 2012 y 2013. Por tanto, no estamos por conquistar el poder para administrar el modelo y hacer más distributivo el crecimiento económico sólo desde la lógica de bonos y asistencialismo, sino más bien conquistarlo para avanzar en materia de justicia social desde la reconquista de derechos fundamentales y combatir la pobreza con oportunidades reales de movilidad social. Agregando que hemos sido de los pocos en denunciar que Chile debe transparentar y actualizar sus indicadores de pobreza, ya que dicha barrera no se puede cruzar con un ingreso de 84 mil pesos.

d.- Que no somos un frasco nuevo con ideas fracasadas porque nada de lo que decimos viene de experiencias fallidas. Tanto en los éxitos latinoamericanos como de los países nórdicos, así como países miembros de la OCDE, es posible encontrar referencias sólidas a las políticas públicas que ofrecemos al país. Y que muy por el contrario a lo que se expresa de nuestra posición de más Estado, en ningún Estado moderno se ha producido el tránsito a la servidumbre que supone Hayek. Argumento clásico de fundaciones conservadoras y partidos conservadores. De hecho, ningún país de la OCDE tiene tan poco Estado como el de Chile.

e.- Nuestras cercanía con el mundo liberal siempre se ha sustentado en la mirada común en torno a cambios estructurales, culturales y de libertades individuales. A esas voces libertarias jamás les cerraremos las puertas del diálogo y de la convergencia. Tal como hemos expresado en múltiples ocasiones, la condición programática siempre será nuestra base mínima desde la cual avanzar en un sistema de alianzas. En ese esfuerzo nunca retrocederemos, ya que se ha vuelto un elemento de identidad de los progresistas.

f.- La diversidad de la izquierda y sus múltiples expresiones es parte de nuestra fortaleza como sector y no de nuestra debilidad. Por eso, generamos la transversalidad de autoidentificación en los distintos niveles de la sociedad. Por tanto, no es la fragmentación lo que hay que superar sino no la incapacidad de generar una articulación en torno a un proyecto común. Y si bien como nunca se presenta la oportunidad de construirla sin el vértigo de elecciones, este proceso implica desde nuestra parte derribar juicios y prejuicios y también generar las condiciones para que, ante las diferencias, podamos encontrar la síntesis que nos permita avanzar.

Entiendo que en estas reflexiones pude haber omitido una serie de elementos y miradas del progresismo (en especial miradas latinoamericanistas), así como mayores expresiones de nuestro programa. Pero, atendiendo a que nuestras posiciones programáticas vienen más frescas, dado el proceso electoral que pasamos este 2013, opte por introducir un aporte al debate que ha estado más huérfano, aquel respecto a la unidad en la izquierda y a nuestra identidad como progresistas. Elementos que espero podamos ampliar y quizás traducir en documentos colectivos en el futuro congreso ideológico del partido.

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