jueves, 18 de octubre de 2018 Actualizado a las 03:19

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La Contraloría, la píldora y el aborto

Para avanzar hacia un Estado moderno y plenamente democrático, una de sus prioridades debe ser el reconocimiento de los derechos fundamentales sin apellidos ni letras chicas. En este Estado no debe imponerse a niñas y mujeres como fin último la maternidad. Esto es esencial si hablamos de igualdad, derechos, justicia, democracia y soberanía.
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El miércoles 23 de enero, se informó a la ciudadanía el dictamen de la Contraloría General de la República que obligó al Ministerio de Salud a modificar el "reglamento para el ejercicio del derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad". De esta manera, las niñas menores de 14 años no podrán acceder a la "píldora del día después" sin que un médico informe a sus padres, siendo irrelevante discutir si el acto de informar es pre o post a la entrega de la píldora, ya que sus consecuencias, independiente de su temporalidad son lamentablemente las mismas. Todo esto, a pesar de que el Ministerio de Salud había planteado que los/as adolescentes sí tienen derecho a la confidencialidad, aún más cuando hay una relación consentida.

Este dictamen no sólo constituye un “retroceso”, como bien lo calificó Claudia Dides –Directora del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central–, respecto a la consagración y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los/as adolescentes, sino que a la vez acarreará graves consecuencias. Diversos especialistas han advertido sobre el aumento en las cifras de abortos clandestinos y de embarazos de niñas entre 10 y 14 años.

Si entendemos que nuestra legislación debe estar basada en criterios jurídicos sustentables y no en razón de supuestos sesgados, podemos entender que un dictamen de esta naturaleza no sólo se encuentra completamente desarraigado de la realidad social, sino que además  intenta tapar el sol con un dedo sobre la base de criterios o creencias personales o religiosas. En este contexto, es de público conocimiento que la actividad sexual se inicia a una edad temprana, situación que en su mayoría se oculta a los padres. Si una niña queda embarazada, podría terminar abortando clandestinamente con tal de no enfrentarlos o, peor aún, en caso de violación,  ocultando el delito por miedo a que su victimario se entere de su denuncia, lo que permite que el delito se siga reiterando.

Para avanzar hacia un Estado moderno y plenamente democrático, una de sus prioridades debe ser el reconocimiento de los derechos fundamentales sin apellidos ni letras chicas. En este Estado no debe imponerse a niñas y mujeres como fin último la maternidad. Esto es esencial si hablamos de igualdad, derechos, justicia, democracia y soberanía.

Ahora bien, como acabamos de señalar, esta situación se agrava cuando hablamos de violación. En Chile, según el estudio del Ministerio Público del año 2011 –desarrollado por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional de Chile– un promedio de 17 personas son violadas diariamente y 34 de ellas son víctimas de otros abusos sexuales. Precisa también que de las 52 víctimas 38 son menores de edad, donde mayormente sus agresores "pertenecen al entorno social de las víctimas, son familiares directos o cercanos o mantienen una relación con sus familias”, siendo el grupo de entre siete y trece años el más vulnerable con el 31% de las víctimas. Por último, añade la distribución por género, donde el 81% son mujeres (4 de 5 de los afectados). Existe un 30% de probabilidades de que una mujer violada quede embarazada.

Este escenario empeora cuando se trata de menores de edad que están en situación de riesgo o son de escasos recursos, quedando de manifiesto la desigualdad social que existe en Chile. Ser niña o adolescente en dichas condiciones sociales y abusada en reiteradas ocasiones por un familiar, se convierte en una condena que muchas veces sólo queda al descubierto si la niña o joven queda embarazada. Esto conlleva una cadena perpetua, que es el efecto del delito del que la niña fue víctima y no victimaria.

Si entendemos que la violación es uno de los actos más crueles que puede sufrir una mujer, entendemos también que el obligarla a llegar a término con su embarazo, sin posibilidad de elegir, es también un acto de profunda violencia estatal. Como en Chile el aborto es ilegal en todos sus términos, las mujeres violadas dejan de ser tratadas por el derecho como víctimas y pasan a ser consideradas como culpables –por haber quedado embarazadas– de un delito. Una mujer violada no debe ser encarcelada por abortar, sin embargo, muchos afirman que el feto no tiene la culpa, por ello no puede proceder el aborto en caso de violación. Esta afirmación no hace más que validar que, para la sociedad  imperante, en la mujer violada hay algo de culpa y, por lo tanto, debe hacerse cargo.

Y acá aparece nuevamente la discusión sobre el aborto y en particular del aborto terapéutico, por el que aboga MILES Chile. En este orden de ideas, una ley que despenalice el aborto, permite que este sea parte de la reparación que su comunidad puede proveerle como política pública, ya que no lo hizo antes ni para prevenir, ni tampoco para detectar el abuso.

Legislar para despenalizar, es actuar sobre esta realidad. Ello no hará que aumente la cantidad de abortos, sino que otorgará a dichas mujeres, y en especial a esas niñas que las castran de su infancia, la certeza de que el Estado las protege cuando hayan sido víctimas del delito de violación.

Bajo esta cruda realidad social no podemos permitir la imposición de dictámenes de esta naturaleza, que agravan aún más la carencia que tenemos en políticas de Estado respecto a educación sexual, como al casi nulo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y en particular de las mujeres, debido al conservadurismo y a la falta de voluntad política.

El escenario que abre el dictamen de la Contraloría es de profunda violencia estatal hacia su sociedad, porque no sólo anula el derecho a la confidencialidad que tienen las niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que a la vez los merma al condicionar sus propios derechos, los cuales Chile se comprometió a reconocer y a respetar en diversos tratados internacionales.

Para avanzar hacia un Estado moderno y plenamente democrático, una de sus prioridades debe ser el reconocimiento de los derechos fundamentales sin apellidos ni letras chicas. En este Estado no debe imponerse a niñas y mujeres como fin último la maternidad. Esto es esencial si hablamos de igualdad, derechos, justicia, democracia y soberanía.

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