Es de esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría no sólo sepa alinearse en materia de gratuidad universal, sino que también sepa escuchar y atender con inteligencia a esta gran Mayoría Ciudadana, entre la que se encuentran no solamente estudiantes, sino que también funcionarios y académicos de las universidades del Estado, estas universidades a las que la misma Presidenta Bachelet les prometió un trato preferente, ya que finalmente son estas entidades, sus respectivas comunidades y el desarrollo de las actividades académicas que van más allá de la docencia, las que se ven atrapadas entre los fuegos cruzados de uno y otro lado
No pasaron muchos días entre el nombramiento de Claudia Peirano como próxima subsecretaria de Educación y su decisión de declinar ante dicha designación como resultado de las voces de cuestionamiento a su nombre y las consecuentes presiones desde distintos sectores, tanto ciudadanos como políticos. No era de extrañar que los ex dirigentes estudiantiles agrupados en la CONFECH –los recién electos diputados, Jackson, Vallejos y Boric–, más otras influencias menos visibles en el ruedo público, salieran al paso de la designación de la Sra. Peirano, recordándole a la Presidenta electa que la carta suscrita en el año 2011 por la que iba a ser la nueva subsecretaria de Educación, promulgaba principios que iban en una orientación diametralmente contraria respecto de la gratuidad universal considerada en el programa del nuevo gobierno.
A la fecha, ciertamente Claudia Peirano podría eventualmente haber cambiado de opinión, el autoexamen de las propias ideas es legítimo; no obstante, de ser este el caso, tal metamorfosis no fue dada a conocer con la misma publicidad de la misiva del 2011 y finalmente una contradicción tan gruesa terminó por determinar su salida o, mejor dicho, su no entrada al nuevo gabinete.
Dado estos acontecimientos y los hechos recientes en materia de movimientos sociales, no constituye novedad señalar que precisamente será la cartera de Educación el punto de mayor tensión entre las autoridades gubernamentales y los movimientos sociales liderados por los estudiantes, esto al menos durante el primer período de la Presidenta electa Michelle Bachelet; la “salida honrosa” de Claudia Peirano es sólo el primer round de un conflicto que ya comienza a anunciarse. Las miradas de los principales actores en esta área estarán puestas en las medidas adoptadas en esta materia y su nivel de consistencia con el programa anunciado, y difusamente publicitado durante la campaña electoral, será la pauta de examen permanente.
[cita]Es de esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría no sólo sepa alinearse en materia de gratuidad universal, sino que también sepa escuchar y atender con inteligencia a esta gran Mayoría Ciudadana, entre la que se encuentran no solamente estudiantes, sino también funcionarios y académicos de las universidades del Estado, estas universidades a las que la misma Presidenta electa Bachelet les prometió un trato preferente, ya que finalmente son estas entidades, sus respectivas comunidades y el desarrollo de las actividades académicas que van más allá de la docencia, las que se ven atrapadas entre los fuegos cruzados de uno y otro lado[/cita]
Con la Sra. Peirano presente o no en el Ministerio de Educación, lo cierto es que aún no se ha instalado la nueva administración, ni se conocen las acciones concretas para dar inicio al cumplimiento de lo propuesto en el programa de gobierno en materia educativa, pero ya se materializan tensiones que inevitablemente marcarán el inicio del año académico en las universidades que tradicionalmente se adhieren a las movilizaciones estudiantiles.
Esto, por supuesto, no constituye una buena noticia para estas casas de estudio, especialmente para aquellas estatales, pues finalmente son estas universidades las que pasan a ser “el jamón del sándwich”, dado no sólo que ven interrumpidas sus actividades normales, producto de las movilizaciones estudiantiles motivadas por el rechazo a las políticas públicas de los gobiernos de turno, sino que además son sancionadas económicamente por no tener la “capacidad de hacer que sus alumnos vuelvan a clases”. No hay que olvidar el difícil momento que muchas de estas casas de estudio vivieron en el año 2011, cuando se decidió suspender las remesas de becas y crédito universitario a estas instituciones, ello debido a que las universidades no brindaban el servicio educativo comprometido, como si de rectores y autoridades universitarias hubiese dependido solucionar un conflicto que no sólo se expresaba en el mundo estudiantil, sino que en una gran mayoría ciudadana.
Es de esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría no sólo sepa alinearse en materia de gratuidad universal, sino que también sepa escuchar y atender con inteligencia a esta gran Mayoría Ciudadana, entre la que se encuentran no solamente estudiantes, sino que también funcionarios y académicos de las universidades del Estado, estas universidades a las que la misma Presidenta Bachelet les prometió un trato preferente, ya que finalmente son estas entidades, sus respectivas comunidades y el desarrollo de las actividades académicas que van más allá de la docencia, las que se ven atrapadas entre los fuegos cruzados de uno y otro lado, y en casos, como el año 2011, se las apunta como responsables de las reacciones sociales frente a políticas públicas de dudosa eficiencia y en cuyo diseño no han tenido mayor participación.
Parece que va a ser necesario siempre recordar que son precisamente las universidades “jamón del sándwich” las que hacen mayores y más significativos aportes en materia de formación profesional de calidad, investigación científica y vinculación con el medio, es decir, son estas instituciones, las que no lucran, las que contribuyen a la construcción de ciudadanía y de desarrollo social.
