El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?
El concepto de «comunidades de memoria» no fue utilizado en estudios o intervenciones sociales en torno a casos de memorias de las violaciones a los derechos humanos en Chile hasta un reciente proyecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ejecutado por el Centro de Análisis e Investigación Política CAIP. Las comunidades de memoria son grupos humanos que se constituyen por los recuerdos del pasado, reproduciéndolos públicamente a través de diversas prácticas sociales, políticas y culturales. Todas y todos quienes participan en estas comunidades tienen algo en común: una falta, ausencia o pérdida de un cercano, un familiar, una vida. En Chile, la conformación de estas comunidades se ha caracterizado permanentemente por la lucha por la memoria, primero, para definir el sentido de lo sucedido, qué y cómo recordamos la violencia pasada y, en segundo lugar, para ser reconocidos como sujetos dignos de respeto y justicia. Que se conozca la verdad sobre los hechos ocurridos, que se encuentre y condene a los responsables y que se asuma la reparación de las víctimas como un desafío inacabable, han sido ejes de las luchas y políticas de memoria. Que los crímenes sucedidos de manera sistemática entraran en la narrativa de la historia oficial a través de políticas públicas, programas e instituciones, es resultado de estas luchas.
Sin embargo, en materia de procesos judiciales y reparación, los desafíos son aún mayores. Gran parte de las causas de DD.HH. están aún en proceso. Y esto es amplificado cuando se comprende que la justicia y la reparación son irreductibles a medidas económicas o judiciales. La existencia de memoriales, conmemoraciones públicas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, son demostraciones de que tanto la verdad, la justicia y la reparación incluyen una dimensión simbólica ineludible. En cuanto a los lugares de memoria, se espera que expresen públicamente el sufrimiento que involucra la violación sistemática de los derechos humanos, pues de este modo se logra hacer patente la verdad de los hechos, se hace justicia a la memoria de las víctimas y se repara simbólicamente a los familiares, cercanos y amigos de los torturados, ejecutados y desaparecidos. Entonces, las batallas por la memoria que emprenden las organizaciones de la sociedad no son sólo políticas y judiciales, sino también culturales. Este último punto es quizás el desafío mayor de los próximos gobiernos: profundizar y fortalecer una cultura de derechos humanos.
[cita]El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos? [/cita]
La responsabilidad estatal de verdad, justicia y reparación para una cultura de derechos humanos debe asumir que se trata de una tarea inacabable que, si se centra en la construcción de monumentos y memoriales, no puede olvidar a los sujetos protagonistas y herederos de la memoria promovida por el Estado chileno. Mientras que las políticas de reparación han apuntado a la instalación de memoriales que representen el pasado violento, los estudios que ha realizado CAIP demuestran la importancia del reconocimiento de las comunidades de memoria que mantienen y gestionan los sitios de memoria. Si las políticas públicas se han enfocado en los sitios, uno de los hallazgos es la urgencia de estudiar y consolidar a las comunidades de memoria. Esto queda corroborado con las experiencias de espacios sin comunidades que cultiven la memoria, mermando el impacto esperado y deviniendo monumentos o sitios desolados. Los lugares de memoria no pueden ser entendidos independientes de las comunidades, no sólo porque los primeros fueron, en su mayoría, impulsados por las segundas, sino, sobre todo, porque la mantención y gestión de los memoriales requiere de una participación activa de las comunidades vinculadas a éstos. ¿Cuáles son los recursos (humanos, técnicos, económicos) necesarios para mantener y gestionar un sitio de memoria? ¿Cuáles son las estrategias de las comunidades para reunir los recursos mínimos para gestionar un memorial? ¿Cuántas comunidades han fracasado en el intento de gestionar un sitio? Son algunas preguntas que los chilenos deben hacerse en torno a la proliferación de memoriales en nuestro país.
El año 2012, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur elaboró un informe que responde al desafío de la evaluación de las políticas de memoria. Los países del Mercosur y asociados deben velar por la instauración de una cultura de derechos humanos en un nivel normativo y operativo que confirme el compromiso con estos principios que emanan del derecho internacional. De este modo, la agenda latinoamericana en materia de memoria y derechos humanos está marcada por la evaluación de políticas de gobiernos que han sido implementadas en los años posteriores a las dictaduras en la región.
Preliminarmente al menos, la situación de las comunidades de memoria vinculadas a los sitios de memoria es una dimensión, entre otras, a incluir en cualquier evaluación de las políticas de sitios de memoria. Preguntas sobre la vigencia institucional, las necesidades y la composición de las comunidades de memoria son algunas de las cuestiones a rescatar para evaluar los impactos sociales que generan las políticas públicas. ¿Cuánto y cómo impactaron los memoriales en las comunidades que se constituyen por el recuerdo de la pérdida y la violencia pasadas?
En Chile, gran parte de los memoriales construidos en los gobiernos de postdictadura fueron promovidos por organizaciones de la sociedad civil, como Agrupaciones de Familiares, y organizaciones de DD.HH. Las comunidades de memoria participaron desde un inicio en el reconocimiento de los crímenes. Esta pretensión supone un ejercicio público de la memoria en diversas actividades, como talleres culturales, visitas a los memoriales, educación en DD.HH., reuniones, eventos artísticos y estudios sociales. Esta característica puede ser verificada en todos los sitios de memoria que son gestionados por una comunidad. La promoción de la memoria y los derechos humanos es siempre un acto público. En otras palabras, al considerar las comunidades (y su relación con los sitios) en el centro de las políticas públicas, deben incorporarse indicadores que evalúen sus capacidades organizativas y de vinculación con el medio. La promoción de los derechos humanos implica un ejercicio público de ampliar su incidencia más allá de las fronteras de los memoriales, lo que significa estudiar las relaciones con el gobierno local y la sociedad civil. Sitios de memoria sin vinculación con el medio son espacios geográficos que no logran su propósito.
Las políticas responden a problemas públicos y tienen por objetivo abordarlos generando un impacto social, un cambio en la realidad tendiente a la resolución del problema creando un bien público. El impacto, entonces, en el caso de las políticas de sitios de memoria, viene dado por la preservación y promoción efectiva de la memoria y los derechos humanos desde la tríada “sitio, comunidad y entorno”. En definitiva, ¿cuánto y cómo impactaron las políticas públicas en las comunidades y localidades respecto a la afirmación de una cultura de derechos humanos luego del reconocimiento de las violaciones de los mismos?
El 11 de octubre del año recién pasado, un conjunto de sitios y comunidades de memoria elaboraron una carta dirigida a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República. Esta misiva confirma la difícil situación de los sitios en Chile y la agenda de éstos en el debate público. El financiamiento parcial por parte del Estado es uno de los primeros escollos. Si bien es cierto hay algunos sitios de memoria que contemplan financiamiento directo, como Villa Grimaldi y Londres 38, esta medida ha significado, por un lado, exponer la desigualdad con otros sitios más pequeños que no logran solventar las actividades mínimas para el mantenimiento, gestión, preservación y promoción de la memoria y, por otro lado, el compromiso y la responsabilidad estatal para con los sitios de memoria en Chile.
El diagnóstico general responde a que la política pública ha sido la ausencia de una política, la falta de una estrategia en materia de memoria y derechos humanos que coordine a diferentes instituciones de la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos o ejes centrales que podría tener una política pública desde el Estado? Los sitios de memoria ya lo han definido en su carta a los presidenciables: reconocimiento de sitios demandados por comunidades de memoria, apoyo en la gestión y funcionamiento de los sitios basado en la autonomía de las comunidades, asegurar un financiamiento estable, promover la investigación y la producción de conocimiento, visitas a memoriales en el currículum de la educación en derechos humanos y definir una política de archivos que conste en la apertura y acceso público a lo largo del país.
Hasta el momento, parece que estos temas quedaron atrás junto a la agenda de los 40 años del golpe de Estado; no obstante, seguirá siendo urgente no sólo para coincidir con el derecho internacional, sino también, y sobre todo, para que se termine con situaciones de precariedad de las comunidades de memoria, factor central en el avance de una cultura de derechos humanos como la base de la convivencia social a partir de los sitios de memoria. Si el Estado invirtió fondos públicos en la construcción de memoriales, no se espera que los sitios resulten en mausoleos personales, sino que preserven y promuevan la memoria para una cultura de derechos humanos. Sin esto, dilemas éticos y políticos, como los suscitados en septiembre de 2013, seguirán repitiéndose.
