En una carta publicada en El Mercurio, el abogado Rodrigo León (representante de HBO en el caso Cuevana) lamentó el cierre de Feria Mix, lo que, según él, se explicaría por un cambio en el mercado y, fundamentalmente, por un “mal endémico” que sufriríamos los chilenos, al fomentar la piratería y el irrespeto a la propiedad intelectual. De no cambiar esta cultura, concluye León, seguirán desapareciendo empresas que dan trabajo en Chile.
Afortunadamente, la realidad indica algo distinto a los radicales augurios del señor León. Para efectos del argumento, uno podría compartir el supuesto de que la piratería ha aumentado radicalmente en el último tiempo. Pero vamos a los datos empíricos: en los últimos cinco años, y de acuerdo a las cifras de la Cámara de Distribuidores Cinematográficos, el público asistente a salas de cine en Chile pasó de 11,5 millones de personas al año en 2007 a 20,1 millones de personas, el año 2012. Desde el punto de vista de la recaudación de derechos de ejecución, la Sociedad Chilena de Derechos de Autor ha pasado de recolectar 7.2 mil millones de pesos a 12.4 mil millones de pesos en 2012.
Tampoco parece tener mayor sustento indicar que existe en Chile una cultura de fomento a la piratería. Al analizar las estadísticas de condenas por delitos de propiedad intelectual, nos encontramos con que nuestros tribunales abren cerca de seis mil causas al año, con más de dos mil condenados cada 365 días. En países como México, o incluso Estados Unidos, el número de condenados no supera los cincuenta al año.
Más que una cultura de piratería, lo que parece existir en Chile es una agresiva cultura de persecución criminal en materia de propiedad intelectual y una proliferación de argumentos basados en presunciones erradas. La construcción de políticas públicas, entonces, debiera partir de consideraciones culturales amplias antes que de prejuicios.
Claudio Ruiz, director ejecutivo ONG Derechos Digitales.
José Huerta, director ejecutivo ONG Cívico.
