Los grupos medios y su contribución al neoliberalismo avanzado

Es un lugar común afirmar que la desregulación socioeconómica aplicada desde 1976 fue el hito que permitió la ejecución de la modernización pinochetista y coadyuvó a un forzado tránsito del espacio público-estatal a una burocracia privada, inaugurando una “ciudadanía postestatal”. Ello afecto directamente en el proceso de individuación que han experimentado los nuevos grupos medios. Dicho grosso modo, ello se expresa en un viraje de las clases medias modernas –apegadas al mérito, la mesocracia y la reforma– a “grupos” medios de una enigmática definición normativa. A pesar de los temibles sucesos acaecidos en los años 70, existe un consenso inquebrantable en el campo de la izquierda en torno al “terrorismo de Estado” –y sus efectos– que tiende a subestimar un “vacío” histórico de las clases medias, por cuanto tal consenso no logra asimilar que la estatización del espacio público (“criollo”) y el déficit de sociedad civil facilitaron la instauración de la hegemonía neoliberal. Se trata de un factor que antecede a las transformaciones estructurales de los años 70 y que jugó en favor de la penetración neoliberal. Ello amerita revisitar el carácter inclusivo de la esfera pública no estatal en la sociedad chilena, a saber, analizar “lo público” en tanto ámbito de sociabilidad, deliberación y “formas de afiliación” que trasciende las fronteras estatuidas por el soberano estatal. Sin perjuicio de admitir la vocación inclusiva del Estado chileno en el período 1938-1973, es posible persistir en una argumentación alternativa para comprender la “veloz” penetración cultural de la modernización autoritaria, atendiendo al déficit de la sociabilidad no estatal como un factor crucial que facilitó el “boom” neoliberal a comienzos de los años 80 (el celebrado “milagro chileno”).

Ello nos permite sopesar de modo más preciso la vertiginosa reconfiguración de los sectores medios en Chile, a saber, la mutación de un sector social originalmente “apiñado” en la burocracia estatal, en la empleomanía del aparato productivo y la correa de los servicios sociales, cuya relación, décadas más tarde, se ha revelado como un vínculo clientelar o contractualista una vez que tuvo lugar la jibarización del Estado. Ello viene a confirmar la sociogénesis de los segmentos medios en el marco de la modernización desarrollista (1950-1970) como un subproducto de la expansión estatal. La desafiliación de los “segmentos medios” del Estado a mediados de los años 70, el declive forzado del asalariado público como efecto de la desindustrialización, y los procesos de atomización que instaló la Dictadura, a poco andar revelan el carácter “diposo” de nuestros grupos medios y, peor aún, el fracaso radical del anhelado proyecto de sociedad civil –ello con prescindencia del ajuste estructural  implementado por los ‘Chicago boys’–. Una vez que tiene lugar la modernización postestatal, los grupos medios revelan un patrón compulsivo hacia el consumo suntuario, la integración sociosimbólica y la escenificación pública reivindicando al mercado como nueva matriz de acceso simbólico hacia el año 1981.

De un estudio pionero titulado Las clases sociales en Chile (1985) rescatamos la siguiente afirmación: “Desde el punto de vista de los ingresos las clases medias son las que muestran los mayores índices de movilidad: en un sentido ascendente, su fracción independiente; en un sentido descendente su fracción asalariada –estatal– (….) por otra parte se transforman las propias pautas de prestigio social, alcanzando el consumo de bienes durables modernos una preeminencia mucho mayor que en el pasado en la conformación de status. En este sentido, el crédito al consumo tendió a reemplazar al empleo y gasto fiscales como vehículos de movilidad social, al menos en su forma simbólica más visible” (el destacado es mío).

Cabe subrayar que la insospechada “fetichización del consumo” en el nuevo orden social representa un recurso funcional para la emergente modernización autoritaria. Ello revela las complicidades entre segmentos medios y modernización autoritaria sin agotar el problema en la contrarrevolución de los años 70. De tal suerte, el paso de una cultura demandante de Estado hacia el acceso simbólico mediado por el sistema crediticio se verá facilitado por la débil constitución del tinglado público/deliberativo –con anterioridad a los temibles sucesos de 1973–. Aquí, lejos de agotar la discusión afirmando de manera casi tautológica que a mediados de los 70 colapsa un “programa de ciudadanía” y la armazón jurídica de la soberanía estatal, tiene lugar el fin del modelo público-estatal, y con ello se hace evidente la frustrada sociedad civil del desarrollismo. Salvo honrosas excepciones, esta interpretación hasta el momento no ha sido suficientemente explorada por las ciencias sociales. Es más, nuestro sentido común, de forma tácita o explícita, tiende a explicar la crisis del “Chile republicano” (1938-1973) como efecto de un “terrorismo de Estado” funcional al nuevo patrón de desarrollo o, bien, desde el agotamiento del tipo de representación que podía canalizar el régimen político (crisis de las planificaciones globales). Creemos que el  riesgo de esta interpretación –más allá de la inminente estatización de las relaciones sociales– consiste en no advertir que el predominio estatal supone una perversión inmanente a este último que conspira contra las formas cooperativas de la sociedad civil.

[cita]El estallido de nuevos patrones simbólicos, de reivindicaciones postmateriales en el último decenio, han modificado drásticamente los procesos “identitarios” en una especie de validación del emprendedor –nuevo imaginario de la sociedad del consumo–. Ahora se trata de un “consumidor activo”, que establece demandas en el campo de la gestión, de los servicios, cuya socialización descansa en las reglas del mercado; ello le da un estatuto más instrumental y menos programático a la demanda socioeducacional.[/cita]

Los fundamentos para sugerir esta perspectiva, más allá de su carácter provisorio, dicen relación con la fragilidad de ciertos procesos históricos, algunos ubicados en la larga duración y otros más coyunturales; el insuficiente papel jugado por las elites mercantiles, el malogrado proyecto industrial y las dificultades sociohistóricas de las clases sociales como matriz conceptual y política de cambio social en la región, son cuestiones que en nuestra lectura nos permiten “sopesar” críticamente las debilidades estructurales que desde sus comienzos acompañaron al Estado chileno durante el siglo XX. He aquí algunas premisas esenciales:

a)  El Estado nacional-desarrollista (1938-1970), a pesar de sus efectos inclusivos, dista mucho de constituir un “efectivo agente” modernizador que habría irradiado de códigos de modernidad al campo de los relaciones socioculturales. Ello, sin perjuicio del “lenguaje de la reforma” que se inaugura con el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925).

b)  La carencia de “espacio público” –secular y eurocéntrico– es una de las claves analíticas para explicar la reconversión del tejido social (especial importancia adquieren los sectores medios) mediante pautas mercantiles de representación, movilidad social e integración simbólica que coadyuvan a la instauración de la “sociedad de consumo”.

c)  De paso, ello revela un déficit histórico en lo que concierne a las estrategias de constitución de una sociedad civil alternativa y sus modos de representación político-cultural.

d)  Lo anterior, permitiría comprender la vertiginosa reconversión societal que se traduce en el paso que va del “principio de estatalidad” a la subsidiaridad constitutiva del discurso modernizador (que en su variante más publicitada comprende la reconfiguración del cliente paraestatal al “ciudadano líquido” del neoliberalismo).

e)  Esto último a su vez implicaría admitir que la “condición de posibilidad” de la reconversión económico-cultural de los sectores medios fue posible gracias a la casi “nula” articulación (de la esfera público-constructivista) y autonomía representacional de los grupos autogestionados de la sociedad civil.

f)  De otro lado, se deduce que la implementación de aquello que las ciencias sociales reconocen como ajuste estructural tuvo sus condiciones de posibilidad en la falta de un foro público (discursos, empoderamientos, autogestiones y proyectos transversales en la trama de la sociedad civil), cuya fortaleza histórica y espacial, en condiciones distintas a las aquí consignadas, representaría un obstáculo para la refundación neoliberal.

Lo anterior nos lleva a identificar a nuestra “sociedad civil” como un proyecto frustrado (déficit de industrialización y falta de ciudadanía liberal) y de tal suerte a revisar las bases sociohistóricas que contribuyeron a la instauración del bullado “milagro chileno” (1981). Ello también supone una interrogación crítica –que bien podría constituir otra hipótesis– de aquellos “enfoques” que subrayan la emergencia de “actores de clases” o “históricos” depositarios naturales de la modernización democrática encarnada por el Estado e implementada a través de  políticas de inclusión (universal). Con relación a esto último, los estudios sobre estructura social demuestran de manera irrefutable la “veloz” constitución de una burocracia privada –capa media independiente desahuciada del Estado desarrollista– que comenzó desde 1980 a sostener un intercambio cultural expresado en la adquisición de “bienes durables”, en la reconfiguración de sus pautas de sociabilidad (estilo de vida, prestigio y retención de sus posiciones de clase), mediante la noción de estándar de vida, apelando a formas de representación que conciben gradualmente al mercado como experiencia cultural, referencia identitaria y mecanismo de integración sociosimbólico.

De este modo, podríamos avanzar hacia una explicación alternativa para analizar la poderosa expansión del consumo sociosimbólico. Se trata de una perspectiva que busca explorar el rápido enrolamiento de nuestra “sociedad civil” (deficitaria si se trata de exhibir sociabilidad pública “no estatal”) a las prácticas de consumo en tanto experiencia cultural y dramatización de estatus en el contexto de una creciente mediatización. Ello implicaría desarrollar con rigor otro tipo de genealogía, donde nuestro análisis pueda interrogar la inflación del relato público-estatal y sus consecuencias sociales, culturales y políticas.

En nuestro caso, esto comprende un fenómeno de amplias connotaciones socioculturales para el Chile actual, a saber: la emergencia de una cultura narcisista, de malestares difusos, que –sirviéndonos de algunos análisis de Gilles Lipovestky– puede ser denominada bajo la metáfora del capitalismo libidinal. Un tejido social que puede ser catalogado desde el “shock visual”, las pulsiones publicitarias y sus  perversiones simbólicas. Donde la pulsión visual estimula la constitución de un sujeto narcisista, que habita en las pulsiones estéticas e iconográficas del mercado sociosimbólico. Lo anterior supone una cartografía histórica que examine los alcances del Estado chileno y el vaciamiento de sociabilidad para poder comprender en su radicalidad la nueva hegemonía cultural que implican los procesos de mercantilización de la vida social –esencialmente en la configuración glucosa de los grupos medios–.

A tres décadas de las transformaciones aplicadas por una “dictadura modernizante” (Moulian, 2010b), nos encontramos ante nuevos procesos liderados por mecanismos de gratificación ceñidos al paradigma del emprendimiento. El estallido de nuevos patrones simbólicos, de reivindicaciones postmateriales en el último decenio, han modificado drásticamente los procesos “identitarios” en una especie de validación del emprendedor –nuevo imaginario de la sociedad del consumo–. Ahora se trata de un “consumidor activo”, que establece demandas en el campo de la gestión, de los servicios, cuya socialización descansa en las reglas del mercado; ello le da un estatuto más instrumental y menos programático a la demanda socioeducacional. En el Chile actual identificamos la constitución de una ciudadanía empoderada (empowerment) en diversas formas de interpelar materias valóricas, sociales y culturales de la actual institucionalidad –que bien puede ser la culminación de una racionalidad utilitaria gestada a fines de los años 70–. Esto puede representar un atributo de la modernización hegemónica en virtud de la liberalización de los modos de vida: la figura del emprendimiento representa un caso paradigmático a este respecto (PNUD, 2002).

Un somero escáner social pone límites insalvables al estatuto real de la protesta social (2006-2011) en el Chile actual. Esto en sus rasgos más generales se sitúa bajo el hedonismo estetizante que heredamos de la modernización postestatal que tuvo lugar a comienzos de los años 80. Nos referimos a los nuevos procesos de subjetivación, a los nuevos dilemas de la acción colectiva. En un libro titulado Modernidad Líquida, el sociólogo polaco Ziygmunt Bauman (2007) ha caracterizado al sujeto globalizado como un ciudadano líquido, profundamente desafectado de los “ritos colectivos”. La interacción de mercado se expresa en sujeto “glucoso”, que en sus opciones culturales no puede ser retratado bajo estereotipos convencionales, pues no responde a patrones culturales estables, que dista de la tradicional mesocracia, y responde a los símbolos etéreos de una sociedad de bienes y servicios. Por lo tanto, sus patrones de “solidificación” distan mucho de la inclusión que operaba en el ideario industrial. La sociedad actual, para Bauman, se caracteriza por la “licuofacción”, por identidades nómades. Por ello, nociones como fluidez y volatilidad serían “atributos” del ciudadano postestatal que establece una reivindicación gestional. En el caso chileno, todo ello ha dado lugar a una verdadera “cultura del collage” que obliga a redefinir los modelos de vida. El “ciudadano líquido” alude a un “actor ubicuo”, de una movilidad social oscilante, cuyos patrones culturales expresan un malestar difuso con la institucionalidad socioeducacional, al tiempo que mucho más empoderado en la demanda por empleabilidad, eficacia y gestión –sin que ello represente la invocación de un discurso ideológico–. De allí que la cirugía social aplicada por los ‘Chicago boys’ no se agota en la sola refundación económica, sino que soterradamente fue capaz de gestar un sujeto socializado en las reglas del mercado, que establece reclamos por eficiencia, resultados e indicadores a la actual “boutique” de los bienes y servicios.

En el marco de una ciudadanía despolitizada, sus modos de afiliación quedan desplazados por unas prácticas “afectivas” que no migran hacia “lo político”, en el sentido de cultivar un discurso programático de acuerdos y disensos colectivos. Todo ello se ve agudizado por la modernización sin modernidad (Lechner, 1989) que tuvo lugar en los años 80 y que está en la base de la desafección de nuevos grupos medios socializados en los “mecanismos de mercado” instruidos –indirectamente– por los ‘Chicago boys’. De ahí que cuesta apoyar las lecturas de un respetable columnista mercurial, que lee una demanda social más exigente, de ecos primermundistas, que eventualmente traduciría nuevos derechos seculares en la sociedad chilena. Para efectos gráficos, este es un riesgo que nos puede conducir a un “liberalismo pop”.

Aquí tiene lugar un espacio “diposo” donde se impone la ausencia de tendencias proyectuales y, en cambio, priman reivindicaciones de empoderamiento atmosférico (consumidor activo) más vinculado a la tecnoimagen y la crisis de sociabilidad público-estatal. La tesis a este respecto es que se trata de un conjunto de demandas que no establecen un proceso de articulación que pudiera pensar la política bajo un vínculo hegemónico para los nuevos movimientos sociales. Asumida la tendencia a la diseminación en diversas reivindicaciones signadas por la instrumentalidad, queda al descubierto un déficit programático de la acción colectiva. Esta última posibilidad –dados los grados de penetración de una modernización suntuaria– es parte de un diagnóstico que podría comprometer la capacidad hegemónica de un programa genuinamente reformista. En el Chile actual, pese a la importancia de los movimientos sociales (2011), la demanda social aparece “mezclada” con una subjetividad crediticia, con reivindicaciones suntuarias y gestionales. Lejos de apelar a la tesis del “mayo chileno”, nos encontramos ante una resignificación de la protesta social al campo de la gestión y los servicios –especialmente en el caso de los grupos medios–. A propósito del inusitado ciclo de protesta social que ha experimentado la sociedad chilena, más allá de la evidencia empírica, no sabemos cabalmente si predomina un proyecto genuino por modificar las bases globales del modelo  mercado-educación y restituir un marco regulatorio general o, bien, somos testigos de una “reivindicación por eficacia” que busca optimizar la gestión, la rentabilidad y transparentar el modelo mercado-educación (intereses particulares vehiculizados colectivamente). Todo ello sería conducente a la tesis opulenta de aquellos actores políticos que defienden un neoliberalismo corregido –incluido un reconocido académico que por estos días nos habla desde un “Olimpo desdeñoso” (sic) y defiende desenfadadamente las virtudes del capitalismo académico–. Llevado al extremo de un eslogan, este es el dilema más trascendental que enfrenta la sociedad chilena: ¿ciudadanía pendiente o república del consumo?