Hace unos días, nuestra madre, Mercedes Bulnes Núñez, denunció públicamente al padre de la futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Víctor Echeverría Henríquez, como el capitán de ejército que lideró el grupo militar que la detuvo a ella y a nuestro padre, Roberto Celedón Fernández, el día 23 de octubre de 1973, conduciéndolos al regimiento Buin. Expresó que fue él quien dirigió las interrogaciones en las que el papá fue torturado; y lo reconoce clara e indubitadamente como la persona que cometió abusos deshonestos respecto de ella, encontrándose detenida y embarazada. Estos hechos fueron denunciados a las Naciones Unidas y a la Comisión Valech, entidades que reconocieron a nuestros padres como víctimas de torturas.
El hecho como familia nos ha conmovido profundamente, no sólo por la valentía demostrada, sino que, naturalmente, por el recuerdo de los dolorosos hechos que sufrieron nuestros padres y que escasamente nos habían relatado.
Es por eso que debemos rechazar públicamente las palabras del senador PPD Jaime Quintana, quien habló en una radio de cobertura nacional de “presuntas víctimas” y “presuntos crímenes”, poniendo en duda la palabra y la vivencia de personas que son reconocidas a nivel nacional e internacional por su trabajo en la recuperación de la democracia y los derechos humanos.
El senador Quintana falta el respeto a todas las personas torturadas durante la dictadura y a sus familias, al poner en duda los hechos y al definir como “deporte veraniego” los cuestionamientos. Encontramos gravísimo que con este calificativo desacredite testimonios que ahora son parte de la verdad histórica de Chile. Esto nos lleva a preguntar si los valores de los derechos humanos están por debajo de los intereses partidiarios para este señor.
Cuando se realiza la denuncia no se pretende responsabilizar a la señora Carolina Echeverría por los delitos cometidos por su padre, que impunemente vive en Iquique, sino que se busca que ella públicamente condene lo ocurrido y asuma la responsabilidad política, teniendo en cuenta que por la naturaleza de su cargo presenta claramente conflictos de intereses con la denuncia. En Chile tenemos el deber de construir un país más transparente y responsable políticamente.
Esto es un tema de ética pública que en este caso está por sobre la ética privada, por lo que el senador Quintana se equivoca cuando dice que el tema lo considera propio del ámbito privado de la futura subsecretaria.
Las violaciones a los derechos humanos en Chile fueron sistemáticas e institucionales, los funcionarios públicos tienen deberes y obligaciones que los ciudadanos no, como señaló Carlos Peña en una reciente columna, y su ética pública debe estar por sobre su ética privada.
Hoy el hecho es conocido a nivel nacional. No buscamos venganza, ni reprimendas. Queremos un país más transparente, justo y que asuma su historia.
Familia Celedón Bulnes
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
