La derecha en su gestión del Estado no logró pasar las pruebas más importantes a que ella se sometió: la de la eficiencia (por ejemplo, en los tres problemas de mayor incidencia: la tasa de delincuencia aumentó, así como la deuda del sector público de salud, y en educación nada se logró) y tampoco la de probidad.
Menudo lío en el que se metió la Nueva Mayoría al denunciar el sospechoso contrato del derrotado candidato a senador Pablo Zalaquett, como asesor del ministerio de Salud en una confusa tarea comunicacional. Ciertamente, es deseable y necesario que se contrate en el sector público a personas que aporten al desempeño del Estado. El Mostrador denunció, además, una seguidilla de contratos nuevos o renovados a los derrotados candidatos de la Alianza, que hacen pensar que es una manera de compensar el desafío de haber salido a “defender la causa”. La sola duda es por qué esto debe pagarse con el presupuesto de todos los chilenos. Es legal, cierto, pero no es ni legítimo ni ético.
La Tercera difundió un listado casi igual de candidatos derrotados de la Concertación en 2006, que fueron contratados para realizar tareas poco claras. Otros han hecho asesorías en temas de dudosa competencia. En fin, citar nombres no es difícil.
En suma, lo que debe estar en el centro del debate no es si se contrata o no a un ex candidato, sino si los contratos corresponden a las tareas demandadas, si éstas se cumplen y si los montos son acordes con los parámetros de mercado. Reconozcamos que especialmente esto último es muy difícil de evaluar, pero puede ser examinado aproximadamente a través de concursos públicos.
[cita]La derecha en su gestión del Estado no logró pasar las pruebas más importantes a que ella se sometió: la de la eficiencia (por ejemplo, en los tres problemas de mayor incidencia: la tasa de delincuencia aumentó, así como la deuda del sector público de salud, y en educación nada se logró) y tampoco la de probidad.[/cita]
El Estado no puede ser trofeo de guerra electoral. Quizás esto sea lo que diferencia –además de los ingresos– de manera más notoria a los países desarrollados de los subdesarrollados. La mayoría de los funcionarios que habían sido nominados por concurso según Alta Dirección antes del gobierno de Piñera, debieron renunciar por presiones a sus funciones. Podría justificarse si hubiese objetivos muy diferentes, pero, en realidad, lo que primó es la necesidad de cupos para los partidarios.
Es claro que, en un contexto de legislación laboral deficiente, asimétrica entre trabajador y empleado, los personajes más ineptos son los más interesados en mantenerse por razones administrativas antes que por méritos; pero también los gremios se ven obligados a defender la estabilidad laboral porque ésta se ve amenazada por los exabruptos de los operadores políticos de turno.
Asimismo, es necesario fijar los montos de los honorarios máximos en el sector público, obligando a transparentar los llamados “sueldos de lujo”. Se ha sabido que los funcionarios militantes de la Alianza han exagerado las maneras de que sus partidarios permanezcan en los ministerios. Resulta sospechoso que estos funcionarios a veces son recontratados en lugares alejados para que pasen inadvertidos (como lo destaca un comunicado de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social). O bien nombrando en contrata mediante concursos de última hora.
En definitiva, la derecha en su gestión del Estado no logró pasar las pruebas más importantes a que ella se sometió: la de la eficiencia (por ejemplo, en los tres problemas de mayor incidencia: la tasa de delincuencia aumentó, así como la deuda del sector público de salud, y en educación nada se logró) y tampoco la de probidad.
Lo que cabe es una tregua social para asegurar estabilidad de los funcionarios de carrera, lo cual podría coordinar la ANEF con el Ministerio correspondiente en el Gobierno, que impida que estos sean despedidos por un eventual cambio de administración. El sistema de Alta Dirección, que apuntaba en este sentido, pudo tener justificación política, pero se ha transformado en nada.
