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AVP: ¿puede cambiar una ley las decisiones de dos personas?

por 27 febrero, 2014

Si fuera hoy parlamentaria votaría a favor del Acuerdo de Vida en Pareja, primero porque reconozco la libertad de las personas para conducir su vida y lo que se propone establece un marco de deberes que, en cualquier caso, contribuye a dar estabilidad a una pareja. Y, luego, porque el tiempo nos ha confirmado que las leyes no condicionan decisiones de trascendencia, sino más bien consagran cambios culturales y confieren estatus social a fórmulas ya consolidadas en la práctica, que pueden o no parecernos convenientes o moralmente aceptables.
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En Chile no es primera vez que se discute la legalización de las uniones de hecho, pero hay una diferencia en el objeto de debate. Hasta el año 2004, cuando se promulgó la ley de divorcio, se buscaba una salida para aquellas parejas de convivientes con matrimonios anteriores sin disolver. Hoy, el marco legal para las uniones de hecho, expresado en el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) que se discute en el Congreso, se ha convertido para muchos en una forma de darle estatus civil y reconocimiento social a las parejas del mismo sexo o en una alternativa intermedia para las parejas heterosexuales.

¿Es el AVP otra forma de matrimonio? ¿Se convertirá en un desincentivo para que las parejas heterosexuales contraigan matrimonio y tendría, por tanto, que estar disponible sólo para las personas del mismo sexo, como sugieren algunos parlamentarios?

La primera pregunta se responde haciendo un paralelo entre la Ley de Matrimonio Civil y el proyecto de ley para el AVP. Efectivamente y salvo, quizás, en lo que respecta al carácter vitalicio de la unión conyugal y al proceso de disolución del vínculo, el AVP, tal como está avanzando en el Congreso, sería en la práctica una suerte de matrimonio: regula lo patrimonial, contempla formalidades similares a las del matrimonio civil, establece deberes y derechos y, de manera implícita, la voluntad de compromiso, pilar de la unión conyugal.

Si fuera hoy parlamentaria votaría a favor del Acuerdo de Vida en Pareja, primero porque reconozco la libertad de las personas para conducir su vida y lo que se propone establece un marco de deberes que, en cualquier caso, contribuye a dar estabilidad a una pareja. Y, luego, porque el tiempo nos ha confirmado que las leyes no condicionan decisiones de trascendencia, sino más bien consagran cambios culturales y confieren estatus social a fórmulas ya consolidadas en la práctica, que pueden o no parecernos convenientes o moralmente aceptables.

Para responder la segunda pregunta es necesario mirar algunos datos que, pareciera, no están observando los parlamentarios que plantean dudas sobre este punto. Hace un buen rato que en Chile el número de convivencias aumenta y la nupcialidad desciende: mientras en 1989 se celebraron en el Registro Civil 103.710 matrimonios, a noviembre de 2013 el número de uniones conyugales era de 57.585. Y si bien no sabemos cuántas uniones de hecho existen hoy en el país, precisamente porque no quedan registradas, al menos contamos con un poderoso dato de referencia: en el año 2013, sólo el 29,38% de niños nacieron dentro del matrimonio.

Esa caída persistente de la nupcialidad no responde a una ley en particular o a la ausencia de incentivos, sino a una multiplicidad de factores que tienen que ver, básicamente, con la independencia económica de la mujer y la libertad que ello le confiere para decidir su estado civil; y con el escepticismo entre los jóvenes respecto de los compromisos de por vida. Por tanto, lo más probable es que el número de matrimonios se mantenga o siga descendiendo al mismo ritmo de los últimos años, pero muchas parejas que hoy conviven podrían optar por un contrato intermedio, como el que les ofrecería el AVP.

Hay otros aspectos esenciales para analizar el AVP. El más relevante, a mi juicio, es el reconocimiento de que la vida en pareja se determina en el ámbito de la intimidad y que, frente a decisiones significativas, la libertad y la voluntad de las personas siempre superarán todas las barreras que la ley les imponga. Ningún matrimonio recompuso sus relaciones y su voluntad de permanecer unido mientras no hubo ley de divorcio en Chile; y ninguna pareja homosexual ha desistido de iniciar una vida en común mientras no cuente con una regulación particular.

Pocos temas son más difíciles de abordar públicamente que la llamada agenda valórica. Inevitablemente en nuestras posiciones confluyen sensibilidades personales y, justamente por esa razón, el debate está cruzado de recriminaciones y caricaturas, alimentando el fanatismo. Baste constatar el recurso que el Movilh interpuso en los tribunales contra tres parlamentarios de la UDI por haber expresado una opinión que no es el del agrado de las minorías sexuales.

Estoy convencida DE que, en general, la familia que se inicia en la unión matrimonial entre un hombre y una mujer tiene ventajas, por su horizonte de largo plazo, que contribuye a la estabilidad de sus miembros. Sin embargo, si fuera hoy parlamentaria votaría a favor del Acuerdo de Vida en Pareja, primero porque reconozco la libertad de las personas para conducir su vida y lo que se propone establece un marco de deberes que, en cualquier caso, contribuye a dar estabilidad a una pareja. Y, luego, porque el tiempo nos ha confirmado que las leyes no condicionan decisiones de trascendencia, sino más bien consagran cambios culturales y confieren estatus social a fórmulas ya consolidadas en la práctica, que pueden o no parecernos convenientes o moralmente aceptables.

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