Señor Director:
Desde que el Ministerio de Instrucción Pública se separó del Ministerio de Justicia el Estado chileno inició una cruzada por levantar un órgano político administrativo poderoso, capaz de asegurar la educación de niños y jóvenes, de abrir las escuelas hacia los más desposeídos asumiendo el riesgo que aprendieran malas palabras como señalaban algunos o disminuyera la servidumbre como se lamentaban otros.
Desde sus inicios fue concebida como una entidad rectora del proceso educativo, con liderazgo para asegurar el derecho a la educación por sobre el dogma actual de la libertad de enseñanza, hasta constituirse en 1927 en Ministerio de Educación Pública con un rol de administrador y conductor de todos los establecimientos escolares gratuitos.
Luego vino la municipalización y las escuelas dejaron de pertenecer al Ministerio de Educación Pública. Con la modificación de la ley de subvenciones, el año 1979, la administración de colegios particulares con financiamiento estatal se fue haciendo cada vez más atractiva para quienes deseaban abrir un establecimiento escolar sin invertir un solo peso.
El 8 de marzo de 1990, se dictó una Ley, aprobada por la “junta de gobierno”, que reestructura el Ministerio de Educación Pública pasando a llamarse Ministerio de Educación “a secas”, reduciéndose su misión a fomentar o promover el desarrollo de la educación, en todos sus niveles, desvinculándolo totalmente de la administración de las escuelas a objeto de descentralizar su gestión y desconcentrar el poder del Estado.
Actualmente la institucionalidad educacional en nuestro país está regida por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, representada por el Ministerio de Educación más tres entidades como Superintendencia de Educación Escolar, el Consejo Nacional de Educación, y la Agencia de Calidad. Estas instancias se administran con recursos propios y sobre ellas la ley le otorga al Ministro de Educación un insignificante rol de Coordinador.
La Superintendencia de Educación que ha actuado con la mentalidad de un policía de tránsito, más allá de andar contando vidrios quebrados o revisando libros de asistencia, debe ser un garante de la fe pública y actuar en resguardo del patrimonio que nos pertenece a todos los chilenos. Ello significa, que debe investigar cuánto de lo que aporta el Estado se gasta efectivamente en la educación de nuestros hijos, las condiciones ambientales y de riesgo que presentan los colegios que no cumplen con la ley de planta física, exigir a los sostenedores conforme lo señala la normativa un documento de crédito para enfrentar cualquier insolvencia que presenten éstos y que amenace la continuidad en la prestación del servicio educativo.
Por su parte, el Consejo Nacional de Educación tiene cautivo el Curriculum Nacional, disponiendo en este campo de mayores atribuciones que el Ministerio de Educación lo que es inaceptable sobre todo por las diversas concepciones valóricas en juego y que deben estar insertas en los contenidos curriculares. Esta instancia, a su vez, debe orientar su quehacer a fiscalizar con mayor celo las instituciones de educación superior que infringen la ley, especialmente aquellas que lucran cuya acción debe ser tipificada como delito más que una falta puramente administrativa.
Si la Agencia de Calidad debe orientar y evaluar los establecimientos escolares por ley, no tiene sentido la aplicación de 8 pruebas SIMCE solo porque no se ha superado la obsesión por evaluar. Esta instancia fue creada bajo el supuesto de la evaluación para la mejora de las prácticas pedagógicas, concebido como una herramienta aislada del proceso de mejora de los establecimientos escolares. No corresponde “diagnosticar” las escuelas como sujetos ajenos al Ministerio de Educación, cuando éstas son lo que esta misma entidad ha generado y lo que interesa es conocer el valor agregado que las escuelas logran instalar con sus iniciativas. El proceso de evaluación debe considerarse como parte de la asesoría que presta la supervisión del Ministerio de Educación en cuanto ejercicio reflexivo que debe acompañar a los gestores directos de la enseñanza.
Cabe decir, que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, barrera de contención para que haya más Estado en educación desampara las escuelas y se constituye en un nuevo traspaso al sector privado. Bajo el sacrosanto principio de la autonomía se deja a las escuelas a su suerte, confiando en que el mercado regula y elimina a los establecimientos escolares, en conjunto con sus alumnos, que a pesar de las evaluaciones y fiscalizaciones permanentes no logran avanzar en sus aprendizajes.
Al asumir el gobierno de la Presidenta Bachelet, estas entidades deberán actuar en coherencia con el cambio de paradigma que impulsará su programa, no tan solo en cuanto a la gratuidad de la enseñanza sino la de tener un Estado activo en la entrega de un servicio educativo de calidad y su adecuada fiscalización. Como además, impulsará el término del financiamiento compartido, la desmunicipalización y el acompañamiento de la gestión en las escuelas, es evidente que el Ministerio de Educación no tendrá la musculatura necesaria para asumir tales desafíos y que es urgente una reestructuración que le permita conducir a la sociedad chilena hacia tales fines.
Resulta lamentable, que en ninguna de estas instancias están presentes los agentes directamente relacionados con el proceso educativo, los que asisten diariamente a las escuelas de nuestro país: supervisores, directores, profesores, estudiantes, padres y apoderados, los únicos que pueden asegurar la calidad educativa aunque los “miembros del club” siempre pensaron que la Reforma educacional se podía hacer sin ellos.
Como se ve, la arena educacional sigue siendo, por más de un siglo el campo de disputa entre los tecnócratas de ayer y de hoy, que pretenden estandarizar hasta los sentimientos del niño y por quienes desde la academia pretenden que la última moda pedagógica sea integrada al sistema educativo.
Compleja labor le espera al Ministro Eyzaguirre: hacerse cargo de un Ministerio con menos atribuciones que cuando fue creado en el siglo pasado. Este nefasto contexto le exigirá ir más allá de su rol de mero coordinador que le asigna la ley N° 20529 y estar decidido a pilotear todas aquellas instancias que fueron creadas con el propósito de debilitar al Ministerio de Educación y que pueden hacer fracasar su plan de vuelo.
Carlos Vásquez Órdenes
Magister en Educación Universidad de Chile
