Opinión
Ha entendido siempre la institucionalidad como un asunto de corte personal. Y tal como cree que los jueces tienen la facultad de prescindir de las leyes en virtud de su propia conciencia, también cree que cuestionar sus fallos es poner en entredicho la institucionalidad misma.
«Considerábamos que jurídicamente la justicia tenía los elementos para aplicar una pena superior». Eso fue lo que dijo Chadwick a propósito del fallo que desestimaba el carácter de terrorista del incendio en que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay; y eso fue lo que dio pie para que el juez Muñoz cuestionara esa crítica como conducta típica de autoridades de “república bananera”.
¿Por qué? Porque, a juicio del presidente de la Corte Suprema, es inadecuado que los funcionarios del Ejecutivo «debiendo resaltar lo que es la institucionalidad, la debiliten por medio de sus comentarios».
¿Qué significa eso? Muchas cosas. La primera de ellas es que –en opinión de Muñoz– el Ejecutivo no puede expresar su opinión respecto de un fallo de la Corte Suprema, ¡ni siquiera cuando la sentencia versa sobre un proceso del que el Ejecutivo es parte! El solo hecho de haberlo comentado, de manera respetuosa y sin pretensión alguna de incumplir el deber de acatar (como lo hizo Chadwick), constituye para el magistrado una forma de menoscabo a la institucionalidad.
¿Cómo concibe Muñoz, por tanto, el respeto a la institucionalidad en lo que se refiere al poder judicial? Como una forma de sumisión que, de no ser irreflexiva, se debe expresar en lo externo como si lo fuera; y, en consecuencia, como si la posibilidad de error o de disenso no pudiera existir y mucho menos manifestarse en ese ámbito de lo humano.
[cita]La tesis que subyace a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema es, en definitiva, semejante a la de Luis XIV: la institucionalidad soy yo. Por eso, lo mismo que le permite al magistrado arrogarse el derecho de dictar sentencia en determinadas causas al margen de la ley, es lo que explica que la crítica le resulte insufrible.[/cita]
¿Constituye lo anterior algo así como una novedad? En absoluto. Sergio Muñoz ha entendido siempre la institucionalidad como un asunto de corte personal. Y tal como cree que los jueces tienen la facultad de prescindir de las leyes en virtud de su propia conciencia, también cree que cuestionar sus fallos es poner en entredicho la institucionalidad misma.
La tesis que subyace a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema es, en definitiva, semejante a la de Luis XIV: la institucionalidad soy yo. Por eso, lo mismo que le permite al magistrado arrogarse el derecho de dictar sentencia en determinadas causas al margen de la ley, es lo que explica que la crítica le resulte insufrible.
La República de Chile se estructuró sobre la base de la idea de una autoridad impersonal, cuyo poder y cuyo ámbito de discrecionalidad estaban limitados por la ley, sin injerencia de las propias afecciones del juzgador, por nobles que fuesen sus aspiraciones. Tener una agenda personal, en cambio, como aparentemente la tiene Muñoz, y considerar la ley como un dato más que puede ser desatendido cuando su conciencia así lo aconseje, ¡eso sí que es de “república bananera”!
