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Las encuestas de seguridad ciudadana y la gente

por 7 marzo 2014

Cuando la información sobre el estado de la seguridad ciudadana es pauteada lo más significativo no son los datos sino las opiniones y comentarios sobre ellos. Ha sido publicada la ENUSC 10 del INE y Ministerio del Interior que mide año a año la victimización de la población nacional.

Los datos nos indican “más de lo mismo”, una vez más la victimización familiar disminuyó y el temor al delito no varía, aquella durante el cuatrienio cayó en un 26,2% de 33,6% a 24,8%, mientras que desde que se aplica este instrumento en el año 2005 la disminución fue del 35,2% de 38,3% al 24,8%; entre tanto, el índice de temor se mantiene estable ya que en 2009 fue de 38,9% y para 2013 de 38,3%; pero si el temor lo tomamos desde 2005 que fue de 48,6% la caída es importante, un 21,2%. Sobre este tema tenemos tres grupos de opinión y comentaristas: el Gobierno, los expertos y la población referida en el estudio.

El gobierno, a días de terminar su gestión, proclama su éxito en controlar la delincuencia atribuyéndolo a las políticas diseñadas y a la eficacia en su ejecución. La política criminal puso su centro en el aumento del contingente policial y su mayor “presencia en la calle”, también en el seguimiento geo referencial de los actos delictivos -Sistema Táctico Análisis Delictual (STAD)- lo cual permite focalizar las intervenciones de prevención y control allí donde aquellos se concentran, una suerte de prevención situacional móvil; además, también se desplegaron un conjunto de intervenciones barriales cuya presencia más que prevenir y controlar el delito muestran que se está haciendo algo y actúa por presencia como Carabineros de Chile. Aquí lo discutible de las atribuciones que se hacen son la pertinencia y relevancia de esas políticas criminales en disminuir el delito.

La  mayor presencia policial, 10.000 Carabineros más, ahora geolocalizada en sus objetivos, convertida en prevención situacional móvil ¿Realmente previene y disuade a los delincuentes? Pues esta se limita a una disuasión territorial, que simplemente dinamiza las actuaciones de los delincuentes en el espacio y el tiempo, así como por tipos de delitos: aquellos trasladarán la acción delictiva a otras localizaciones, la ejecutarán con otras modalidades y buscarán otros rubros delictivos, como pasar de la delincuencia común a la provisión ilícita de drogas.

Esta dinámica móvil del delito por los territorios se expresa claramente si comparamos las diez comunas con más victimización de la Región Metropolitana entre 2012 y 2013, solo cuatro de ellas se mantienen en ambas listas otras doce o están en un año o en el otro,  las más altas victimizaciones se movieron ágilmente de una comuna a otra.

Ahora, en cuanto a la eficacia en la aplicación de la política criminal en su ejecución penal el asunto es más complejo aún. Si medimos la eficacia policial por el porcentaje de imputados conocidos en las causas ingresadas a los tribunales según los delitos más reportados por las víctimas, tenemos que en robo con fuerza el 92,4% de imputados no eran conocidos- este es el delito con más denuncias-, en robo con violencia el 86,9% tampoco era conocidos y en hurto el 67% no tenían imputados conocidos, estos resultados dejan mucho que desear y muestra una alta impunidad para los delitos que más afectan a la población.

Esto indica que el derecho penal no tiene capacidad ni disuasiva ni preventiva –prevención general y especial-, la gente deja de delinquir porque no necesita hacerlo, no por temor a ser castigada, finalmente, porque cree que es mejor para todos no trasgredir los derechos de los otros.

Por su parte, los expertos para explicar aquellas cifras que muestran la disminución del delito tienen opiniones diversas; así, Catalina Mertz de Paz Ciudadana opina que: “podría estar influyendo la baja en el desempleo, y también se estima que la disminución de la población joven podría influir en estos cambios de la intensidad delictiva”.

Por su  parte Pedro Valdivia, coronel (r) de Carabineros y asesor de seguridad, estima que: “…el crecimiento de la seguridad privada, que hoy casi triplica a la fuerza pública influye en la disminución de los delitos”. He aquí el doble cero: disminuye la delincuencia y aumentan los negocios sobre su control.

El tercer grupo de opinión es la población del estudio que no opina sobre los resultados de la encuesta de la cual es sujeto, sino que lo hace desde su experiencia, la percepción objetiva, que incluye tanto lo que le pasa y como lo que le dicen sobre lo que le pasa, la percepción subjetiva. Para estos las causas de la delincuencia serían: la falta de preocupación y control de los padres, con 22,2% de preferencias; la falta de vigilancia policial, con 17.0%, y; el consumo de drogas con 15,3%.

La primera atribución causal, implícitamente nos retrotrae al discurso del fantasma de la juventud que recorre la seguridad ciudadana, el cual reposa en dos hechos: uno material, que los jóvenes delinquen más que los adultos porque están más carenciados que aquellos y, el otro estadístico, que los jóvenes por ser más vulnerables e inexpertos están sobre representados en las detenciones y los procesos judiciales.

Pero, la responsabilización parental que aparece como  auto inculpación de la familia, a la vez es una infantilización de los jóvenes. Si políticamente no se quiere responsabilizar ni a la sociedad ni al Estado por la delincuencia, la familia es, no tan solo el chivo expiatorio imprescindible, además, es el mejor campo de intervención y control social, las terapias multicausales reposan en esta concepción del asunto.

Asimismo, la infantilización de los jóvenes tiene por propósito deslegitimarlos como actores  sociales y políticos.

Que la ausencia policial como causa del delito esté en segundo lugar es significativo, porque indica como en el imaginario colectivo se ha logrado desplazar la responsabilidad de la seguridad ciudadana del Estado a la familia.

Finalmente, el consumo y la provisión de drogas como causa de la delincuencia – ¡faltaba que no!- es una atribución equivocada que reposa en la detención selectiva de quienes usan o portan drogas, lo cual está estadísticamente demostrado; además, esa sobrecarga penal y de población carcelaria  está haciendo que en todo el planeta se quieran cambiar las actuales normas de prevención y control de drogas.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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