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La salud y el nuevo gobierno: ¿transformación o continuidad?

por 8 marzo 2014

La crisis existente en el área de la salud es producida por las lógicas de la subsidiariedad y la focalización provenientes de la dictadura y mantenidas por los gobiernos de la Concertación y la derecha, que finalmente condenaron a la salud a convertirse en un bien de consumo más, donde la salud que se recibe depende de la capacidad de pago individual y esto conviviendo con un proceso de desmantelamiento de la red pública. Como Fundación Creando Salud, consideramos que es este un problema central que es necesario superar, sin embargo, en lo declarado por las nuevas autoridades, tanto en su programa como en las “medidas”, no se ve intención alguna por generar un cambio en este aspecto fundamental, que implicaría avanzar en hacer de la salud un derecho social garantizado.

La salud en Chile está en una situación de crisis, al punto tal que ha devenido en bien de consumo. En este sentido y ad portas de asumir el nuevo gobierno, se hace necesario evaluar si las propuestas que se tienen en materia de salud apuntan a restablecerla como un derecho, o más bien son cambios –que aunque pueden ser positivos– no generan diferencias sustantivas en el proceso de crisis en que está sumido el sector.

La salud en nuestro país tiene deficiencias crónicas bastante profundas, lo cual es posible sintetizar en que tenemos una salud para pobres y enfermos y otra muy distinta para ricos y sanos: el sistema público cuenta con menos recursos para atender al 80% de la población, que además son los que tienen mayores probabilidades de tener enfermedades, mientras que es en el sistema privado donde se concentra la mayor parte del gasto sanitario y donde se ubica la población más sana.

El programa de la Nueva Mayoría propone desde un nuevo impulso en las inversiones en infraestructura, hasta la implementación de un Fondo Nacional de Medicamentos. El plan de inversiones propuesto es ambicioso pero necesario, sobre todo si se considera que, entre 1999 y 2009, Chile perdió un 12% de la capacidad hospitalaria (medida en número de camas disponibles). Por otro lado, este plan se realizaría mediante inversión sectorial, dejando a un lado la modalidad de concesiones hospitalarias que tiene serios cuestionamientos respecto a las altas tasas de sobreprecios que debe pagar el Estado a los privados, como también ante la evidencia internacional que demuestra el fracaso de este sistema de inversión y asignación de recursos.

¿Nueva ley de Isapres?

Las Isapres obtienen sus abultadas utilidades a partir de la discriminación hacia los grupos que tienen más probabilidades o riesgo a enfermar. En agosto del 2010, el Tribunal Constitucional emite un fallo donde declara que los recursos que obtienen las Isapres son parte de la seguridad social y, por lo tanto, no puede vulnerarse el derecho a la igualdad. Este hecho por sí solo debió abrir la puerta a una reforma, sin embargo, las propuestas que envió la administración de Piñera iban en la línea de entregar certidumbre jurídica a las Isapres con el propósito de seguir sosteniendo el lucro.

La crisis existente en el área de la salud es producida por las lógicas de la subsidiariedad y la focalización provenientes de la dictadura y mantenidas por los gobiernos de la Concertación y la derecha, que finalmente condenaron a la salud a convertirse en un bien de consumo más, donde la salud que se recibe depende de la capacidad de pago individual y esto conviviendo con un proceso de desmantelamiento de la red pública. Como Fundación Creando Salud, consideramos que es este un problema central que es necesario superar, sin embargo, en lo declarado por las nuevas autoridades, tanto en su programa como en las “medidas”, no se ve intención alguna por generar un cambio en este aspecto fundamental, que implicaría avanzar en hacer de la salud un derecho social garantizado.

Dentro de las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet,  así como también en su programa, se habla de terminar con las discriminaciones que existen en las Isapres y para ello se convocaría a una comisión de expertos con el propósito de redactar una nueva ley. Un problema que salta a la vista es que estaríamos hablando de una reforma parcial, que tiene como foco exclusivamente el sistema de salud privado, donde sólo está afiliado el 16% de la población, y no se hace cargo de la salud de la  gran mayoría de los chilenos. Otro problema tiene relación con que una posible reforma no sólo debe tener como foco la “discriminación por riesgo”, pues no se tomaría en cuenta la segregación por ingresos existente en el actual sistema. ¿En la salud se puede “tolerar” este tipo de segregación? Enfrentar con decisión estos problemas implica introducir solidaridad en la salud, lo cual se puede conseguir mediante un fondo único con las cotizaciones de Fonasa e Isapres o pasar a un esquema de financiamiento por impuestos generales. Bajo ese contexto, es necesario preguntarse hasta dónde llegará la nueva administración.

Dos nudos no abordados

El programa de la Nueva Mayoría no se pronuncia sobre dos elementos clave en el sector público de salud: las gigantescas transferencias de recursos públicos a los privados y la política de aranceles de Fonasa. El Estado financia subsidios que terminan en clínicas con fines de lucro, lo cual es en los hechos un drenaje de una enorme cantidad recursos públicos. Sólo entre el 2005 y el 2013 se traspasaron 7.607 millones de dólares a las clínicas privadas, sin considerar los 1.228 millones de la misma divisa incluidos en el presupuesto para este año, cifras que evidencian la cantidad de recursos fiscales en juego. El costo oportunidad de estos recursos es gigantesco: sólo para poner un ejemplo de esto,  con esos recursos se podrían haber construido unos 25 hospitales de alta complejidad o 50 hospitales de mediana complejidad. Estos fondos que han recibido las clínicas privadas explican el fuerte crecimiento que ha tenido este “mercado”, así como sus altas tasas de utilidades.

Un segundo aspecto crítico presente en la red pública, son los mecanismos de pago a los establecimientos públicos. La Universidad Católica, en un estudio realizado a petición de Fonasa, detectó que los costos de los establecimientos sobrepasan en un 84% los aranceles que paga Fonasa a los hospitales, siendo las actividades con mayor brecha los días cama o las consultas, las cuales son las más frecuentes en los recintos públicos. Para graficar este problema el estudio costeó el día cama UCI adulto en 328 mil pesos, pero Fonasa le paga al hospital por esta prestación 126 mil pesos. Las consecuencias de esto implican una reducción de la capacidad de la red pública de salud, mediante el estrangulamiento financiero al cual están sometidos, así como el problema de la deuda hospitalaria. La administración de Piñera cuenta con esta información desde hace dos años y no ha realizado ningún acto para enmendar esta situación, ¿las nuevas autoridades realizarán algún cambio?  Hasta ahora no hay pronunciamiento sobre este asunto, a pesar de que realizar cambios en el financiamiento hospitalario es de una urgencia apremiante.

La crisis existente en el área de la salud es producida por las lógicas de la subsidiariedad y la focalización provenientes de la dictadura y mantenidas por los gobiernos de la Concertación y la derecha, que finalmente condenaron a la salud a convertirse en un bien de consumo más, donde la salud que se recibe depende de la capacidad de pago individual y esto conviviendo con un proceso de desmantelamiento de la red pública. Como Fundación Creando Salud, consideramos que es este un problema central que es necesario superar, sin embargo, en lo declarado por las nuevas autoridades, tanto en su programa como en las “medidas”, no se ve intención alguna por generar un cambio en este aspecto fundamental, que implicaría avanzar en hacer de la salud un derecho social garantizado.

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