Las universidades del Estado han debido jugar bajo condiciones a todas luces desfavorables, no obstante, han sabido preservar, con gran esfuerzo, por cierto, la función social para la cual fueron creadas. Sin embargo, no por ello se deben abandonar las convicciones que permitan corregir tan evidente error, por el contrario, en el actual contexto de una demanda ciudadana por educación pública de calidad en todos los niveles del sistema, es que se debe robustecer la función de contribuir a la construcción del ideario de una sociedad verdaderamente democrática.
En los últimos años se ha implementado un conjunto de medidas surgidas en el marco de políticas públicas focalizadas en educación superior universitaria y cuyo principal propósito ha sido “emparejar la cancha”. Así, entonces, se ha fortalecido el incentivo a la demanda del usuario mediante vouchers con formato de becas transferibles de una universidad a otra, sean estas estatales o privadas; se han diseñado e implementado instrumentos de financiamiento competitivos, asignando recursos públicos a diversas universidades, entre las que se cuentan varias instituciones privadas no tradicionales. En suma, se ha impuesto una supuesta verdad referida a que el mejoramiento de un derecho básico como la educación, en este caso terciaria, se alcanza mediante la competencia por fondos públicos entre instituciones, competencia que finalmente es regulada por los vaivenes de un mercado reconocidamente desregulado. El emparejamiento de la cancha se ha hecho pretendiendo, por una parte, que existe una competencia desleal que favorece a las universidades del Estado, y por otra, que estas últimas tienen el mismo rango que las universidades privadas.
En el primer caso, lo cierto es que la competencia ha sido desleal, pero no ha favorecido precisamente a las universidades del Estado, al contrario, han sido estas casas de estudio las que han jugado en el área bajo nivel de la cancha, ya que son ellas las que, además de dar cuenta exhaustiva de los fondos proporcionados, también deben operar ciñéndose a la norma de compras públicas y se encuentran bajo el exhaustivo examen de la Contraloría General de la República, aspecto que no está en cuestión, pero que claramente son reglas del juego de las que están exentas las universidades privadas.
Asimismo, a la hora de comprometer aportes financieros de sus respectivos presupuestos, como condición de las bases de los concursos para fondos de mejoramiento, las universidades del Estado nuevamente se ven afectadas, pues, al no existir lucro en estas instituciones, el aporte que pueden comprometer es mayoritariamente inferior al que pueden consignar universidades que, teniendo como “giro principal” la docencia, invierten escasamente en otras tareas, como la investigación o el perfeccionamiento de sus cuadros académicos, inversión que sí hacen las universidades del Estado. Por ello, no es de extrañar que el rector de la Universidad de Chile insista ante la ministra de Educación saliente que se investigue seriamente el lucro en las universidades privadas.
[cita]Las universidades del Estado han debido jugar bajo condiciones a todas luces desfavorables, no obstante, han sabido preservar, con gran esfuerzo por cierto, la función social para la cual fueron creadas. Sin embargo, no por ello se deben abandonar las convicciones que permitan corregir tan evidente error, por el contrario, en el actual contexto de una demanda ciudadana por educación pública de calidad en todos los niveles del sistema, es que se debe robustecer la función de contribuir a la construcción del ideario de una sociedad verdaderamente democrática.[/cita]
En el segundo caso, homogenización del rango de las universidades, también se ha olvidado que las universidades estatales constituyen el núcleo de preservación y desarrollo de la cultura, tanto a través de la creación desinteresada de conocimiento avanzado, como por medio de la difusión de este. Lo primero mediante investigación científica de alto nivel y la aplicación tecnológica de sus hallazgos; y lo segundo, principalmente a través de la formación de las nuevas generaciones de profesionales comprometidos con su entorno, los que a su vez aprovecharán estos saberes para construir el imaginario social y ético definido por el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, y de suyo relevante, la universidad estatal es una institución que se pone al servicio del desarrollo humano de la sociedad, resuelve los problemas que se gestan en el seno de esta, contribuye al logro de su bienestar y la proyecta mejoradamente al futuro. Asimismo, cultiva los valores que representan el espíritu democrático, desarrollando las cualidades más nobles del ser humano, entre las que se incluyen el respeto por la diversidad en su más amplio sentido, y la conciencia de una formación profesional que no es vista como un capital simbólico de propiedad privada para competir en el mercado laboral, sino como un bien de contribución pública.
En síntesis, las universidades del Estado han debido jugar bajo condiciones a todas luces desfavorables, no obstante, han sabido preservar, con gran esfuerzo por cierto, la función social para la cual fueron creadas. Sin embargo, no por ello se deben abandonar las convicciones que permitan corregir tan evidente error, por el contrario, en el actual contexto de una demanda ciudadana por educación pública de calidad en todos los niveles del sistema, es que se debe robustecer la función de contribuir a la construcción del ideario de una sociedad verdaderamente democrática. No se trata de circunscribirse a un trato especial para las universidades estatales con el objeto de emparejar una cancha que no debe ser tal, sino que consiste en no olvidar que es en estas instituciones donde se encuentra la fuerza de tarea que materializará el proyecto de país del mañana.
