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La nueva forma de gobernar y la salud

por 11 marzo 2014

El sistema de salud chileno, con más de 120.000 funcionarios y 183 hospitales públicos, y un gasto anual por sobre los 5 billones de pesos, que representa casi un 16% del presupuesto fiscal, es uno de los dos sectores más relevantes del país junto a educación.

El día de mañana finalizará sus cuatro años de gobierno Sebastián Piñera y comenzará su segundo mandato Michelle Bachelet, poniendo fin al primer gobierno de derecha desde la vuelta a la democracia.

¿Qué han implicado estos cuatro años para la salud de los chilenos? Es imposible pensar en lo que ha sido este tiempo para el sector, sin que se venga a la mente la imagen del secretario de Estado Jaime Mañalich. No sólo es el primer Ministro de la cartera que desde 1990 comienza y termina un mandato, sino también será recordado por sus múltiples y polémicas apariciones, donde llegó a asegurar haber terminado con las listas de espera, llamó a los anestesistas de nuestro país una vergüenza e incluso increpó a funcionarios con que si no mejoraban su atención los cambiaría por los trabajadores de su clínica a los pies de San Carlos de Apoquindo.

Este fin de semana, el Ministro señaló en una entrevista que lo que más destaca de su período era la inversión en infraestructura de US$600 millones, la ley antitabaco, la ley de tolerancia cero al alcohol, el uso creciente de telemedicina y el postnatal de seis meses. Esto refleja muy bien lo que han sido estos cuatro años, donde a excepción del postnatal, que por lo demás fue impulsado por otras carteras y ya comienza a transformarse en el gran legado de la administración, todas las demás son simples medidas que no apuntan al verdadero problema de un sistema en crisis, con importantes inequidades nacidas principalmente del modelo dual de seguros ISAPRES y FONASA.

La Encuesta Nacional de Salud de 2010 demuestra que los problemas sanitarios están desigualmente repartidos en el país. Prácticamente todos los problemas más importantes de salud en Chile tienen un comportamiento desigual, afectando preferentemente a las personas más pobres, las con menos años de escolaridad, las mujeres y las de mayor edad, pero puede que nadie en el gobierno haya valorado ese antecedente.

Siendo justos, se realizó una comisión presidencial para abordar al menos el tema de la salud privada, cuyo resultado es conocido como la ley larga de ISAPRES (seguramente no consideran la importancia de integrar ambos sectores), donde se entregaron recomendaciones para regular el sector pero finalmente no se consideró ninguna de las propuestas. ¿Habrá sido sólo una casualidad?

Pero veamos otra cosa que sí hizo el gobierno y que tiene un profundo sentido ideológico: la compra de servicios a las clínicas. Desde el año 2010 que los recursos de protección contra las alzas en los planes de ISAPRE se han constituido en la principal tarea de los tribunales de justicia, fallando siempre a favor del usuario tras el pronunciamiento del tribunal constitucional. La Asociación de ISAPRES ha llegado a indicar que están al borde de la quiebra, pese a que recauda el 56% de las cotizaciones del país, teniendo sólo al 19% de los cotizantes y que en promedio tuvieron utilidades por más de $70.000 millones por año en este período. Es claro, el negocio ya no es tan bueno, pero las nuevas autoridades les abrieron uno mejor: la compra de servicios. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera será recordado como el gobierno que construyó menos hospitales desde la vuelta de la democracia, y que al mismo tiempo transfirió más de US$800 millones de dólares por año en compra de servicios. ¿Será otra casualidad que todas las clínicas del país, de las cuales las ISAPRES son sus principales dueños, hayan comenzado procesos acelerados de construcción y ampliación?

La saliente administración no sólo evitó este problema, sino que también destruyó instituciones altamente consolidadas en el país como el programa de inmunizaciones. En estos cuatro años no sólo disminuyó la cobertura, sino que se realizaron intervenciones como la vacunación de Iquique previo a la fiesta de la Tirana pese a saber que no tenía ningún efecto en la influenza, luego de varios muertos, y se terminó por poner la lápida al recurrir al veto presidencial ante el escándalo internacional por la eliminación del timerosal, pese a que la misma administración le había puesto urgencia al proyecto de ley, generando la más profunda confusión en la población. El gobierno saliente no reconstruyó parte importante de los hospitales afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, como son el Hospital de Talca o el Hospital Félix Bulnes. La administración tuvo un 0% de cumplimiento de sus propias promesas en materias de discapacidad y salud mental, lo que nos tienen hoy con algunos de los peores indicadores en nuestra historia. Se levantaron comunidades locales en lugares como Quellón, Freirina, Curicó, Casablanca, Aysén, Isla de Pascua, todas pidiendo atención.

Está claro, no ha sido un buen período para el sector salud, pero reconozcámosles al Secretario de Estado y al Presidente al menos dos cosas: lograron acrecentar la crisis del sector sin tener ninguna repercusión política y haber realizado la mayor privatización de salud sin que la mayor parte del país se hayan dado cuenta. ¿Habrá sido coincidencia?

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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