Resulta necesario hacer algunas precisiones al reportaje publicado “Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en el freno a la agitación social”, no para discutir la perspectiva política, sino para señalar algunas complejidades de una labor, que refleja tensiones institucionales, sociales-comunitarias que trascienden la relación empresa-comunidad.
Conceptualmente, las tendencias de responsabilidad social empresarial – sustentatibilidad- no vienen de la misma matriz que la actividad de Lobby, aunque sean dinámicas que se relacionen, no son lo mismo, similar diferencia ocurre con las estrategias comunicacionales y de reputación corporativa, el reportaje las trata como sinónimos.
En la normativa chilena, el modelo de evaluación ambiental ha normado, que las empresas declaren impactos ambientales, económicos y sociales; precisando la manera en que se harán responsables. Los compromisos socioambientales han avanzado no solo en proponer compensaciones, sino en abordar la relación con todos los actores institucionales y comunitarios, se reflejan en las resoluciones de impacto ambiental, con ello, ha consagrado la participación comunitaria y la “obligada” relación con el mundo de las empresas.
Lo que el reportaje, muestra como indeseable, son prácticas que la industria de RSE-Sustentabilidad tampoco acepta, las perspectivas de “filantrópía” o donaciones fueron superadas en todas las guías y estándares por la noción de “participación activa y desarrollo de la comunidad”, basta mirar los instrumentos metodológicos que se utilizan (ISO26000, AA1000, IFC, entre otros).
En este punto nos cabe señalar que Gestión Social no ha trabajado jamás con filantropía o donaciones de ningún tipo, y negamos tajantemente las acusaciones de ofrecimientos a la comunidad de televisores o cualquier tipo de compensación monetaria, e instamos a quienes declaran aquello a denunciar ese tipo de prácticas. Sabemos por la propia comunidad de Freirina que hubo abogados ofreciendo dinero a cambio de demandas colectivas que no pertenecen ni pertenecieron a nuestra institución y sus intereses difieren de nuestro trabajo.
Los movimientos sociales –la ciudadanía- ha modificado su relación con el Estado y con la empresa; la demanda es de transparencia, rendición de cuentas y participación. Acompañado de un profundo malestar con el modelo de desarrollo, en nuestra experiencia, en la medida que el desarrollo no tiene una expresión en el desarrollo de los territorios.
Las estrategias de RSE no se ocupan de abordar la agitación social, pero sí de leer correctamente los entornos. Los modelos se basan en transparencia, entregando información suficiente sobre los proyectos, rindiendo cuentas, sometiéndose a las evaluaciones normativas y respondiendo a los legítimos cuestionamientos que hacen los grupos de interés y promoviendo participación generando vínculo con las comunidades que son parte del área de influencia de un proyecto.
Finalmente, las estrategias de RSE deben apuntar a promover dinámicas de desarrollo socioeconómico en los territorios, no es sustentable para la sociedad, para la política, para las comunidades ni para las empresas, altos niveles de exclusión e inequidad social y los proyectos deben hacerse cargo de ello. Que existan consultorías que relacionen intereses de la empresa con los de las comunidades, lejos de ser un problema, es un aporte. Contribuiría que el Estado, las Comunidades y las Empresas, tengan un marco adecuado en que cada uno aporte desde su rol, que las controversias tengan mecanismos participativos de solución, que la distribución desigual del poder sea corregida por estos mecanismos y, que los principios que los ciudadanos reclamamos (transparencia, rendición de cuentas, participación y desarrollo) sean exigibles a todos los actores.
Por Juan Pedro Pinochet B., Gerente General Gestión Social S.A.
