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Justicia Ambiental, un gran desafío para Bachelet

por 16 marzo 2014

Poco o nada se sabe de proyectos contaminantes que afecten comunas de altos ingresos. Pero más allá de los datos, la desigualdad ambiental se ha ido instalando y lo que ha ido pasando es que Chile se ha transformado en un territorio de conflicto. Esto debido a la amenaza potencial o real de la materialización de proyectos de inversión que nadie más que la propia empresa eligió. Por ello, no es de extrañar la judicialización de los mismos cuando las comunidades afectadas tienen recursos para hacerlo.

Estamos iniciando un nuevo gobierno y los temas ambientales no parecen ser los más importantes en la agenda de la nueva mandataria –sin contar, claro, su pronunciamiento sobre HidroAysén–. Más allá de las prioridades que le otorgue el gobierno al tema medioambiental, las nuevas autoridades deberán enfrentar grandes desafíos en la materia. Si bien lo comprometido en el programa de gobierno, así como en las 50 medidas de los primeros 100 días, marcan una tendencia e insinúan una voluntad de mejorar la gestión ambiental de Chile, esto no es suficiente debido a que hay problemáticas de fondo que no pueden esperar y que preocupan cada vez más y más masivamente a la sociedad.

Dentro de estos temas está la desigualdad y arbitrariedad que existen en el proceso de evaluación ambiental de proyectos y que son parte constitutiva de nuestra ley ambiental. Sólo para poner un ejemplo reciente, está el proceso de evaluación ambiental, mediante el cual se aprobó la central Mediterráneo en la comuna de Cochamó.

Para nadie es un misterio que existe una creciente conflictividad  asociada a la instalación de proyectos eléctricos, mineros o de otro tipo, ya que cada vez es más frecuente ver gente protestando en contra de la realización de éstos. Se ha asumido por parte de las autoridades de nuestro país que existe una suerte de “hipersensibilidad” ante la posibilidad de que un proyecto de este tipo pueda modificar la calidad de vida de una comunidad, pero no queda claro si esta es una forma de descalificación o no.  Partiendo de la base de que el cambio en la forma de vida, sin haberlo elegido, es una buena razón para oponerse o movilizarse, el problema se convierte en social cuando vemos que generalmente la instalación de proyectos altamente contaminantes ocurre en zonas poco acomodadas y/o afectan a comunidades rurales, prolongando la desigualdad económica y territorial de nuestro país.

Poco o nada se sabe de proyectos contaminantes que afecten a comunas de altos ingresos. Pero más allá de los datos, la desigualdad ambiental se ha ido instalando y lo que ha ido pasando es que Chile se ha transformado en un territorio de conflicto. Esto debido a la amenaza potencial o real de la materialización de proyectos de inversión que nadie más que la propia empresa eligió. Por ello, no es de extrañar la judicialización de los mismos cuando las comunidades afectadas tienen recursos para hacerlo.

Sin embargo, resulta llamativo lo poco que se ha reflexionado sobre las causas que originan estos conflictos. Los sectores empresariales, la prensa e incluso las propias autoridades tienden a darle gran importancia a la inversión privada, la justifican con frases cliché, como que tal o cual proyecto “es importante para el desarrollo del país; que generará empleo; o que traerá progreso” y de paso deslegitiman la oposición que puedan presentar las comunidades organizadas. Lo cierto es que dichas declaraciones pocas veces se hacen cargo de los temas profundos y que son los que detonan los conflictos socioambientales que se multiplican en diversas zonas del territorio nacional. Porque en gran medida en la base de esta conflictividad esta el sistema de evaluación ambiental de proyectos (SEIA), parte de la ley ambiental chilena y el cual es tremendamente arbitrario, desigual e injusto. Este no garantiza igualdad de derechos entre las personas y las empresas, teniendo estas últimas siempre más derechos que las personas.

Si bien el programa de gobierno de la presidenta Bachelet ha incorporado el concepto de “equidad ambiental”, no está muy claro hacia dónde apunta. Pues en realidad lo que se utiliza a nivel internacional es el concepto de “justicia ambiental”, cuya definición está contenida en el  principio 10 de la Declaración de Río y también ha sido acuñada como uno de los temas de mayor relevancia por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.).

Según la definición de la EPA, la justicia ambiental implica el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. Es más, el tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, deben sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o de la ejecución de programas ambientales. Y la participación significativa implica que los residentes de comunidades potencialmente afectadas tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud.

Sin lugar a dudas en Chile la legislación ambiental no contempla o incorpora efectivamente  los criterios de justicia ambiental, pese a haber suscrito compromisos internacionales en ese sentido. La ley ambiental chilena favorece al proponente (empresa) de un proyecto, pues es él quien decide cómo, cuándo y dónde desarrollará su emprendimiento. También es la empresa la que contrata a la consultora que elabora el estudio o declaración de impacto ambiental, situación que claramente es inaceptable en términos de probidad. Además, la ley ambiental chilena no contempla ningún tipo de apoyo técnico para que las comunidades puedan hacer observaciones a los estudios de impacto ambiental y establece plazos distintos para los potenciales afectados (comunidades y ciudadanía) y empresas, gozando estas últimas de mayores garantías. Esto obviamente esta en concordancia con el actual modelo de desarrollo, que privilegia a las empresas privadas por sobre las personas. Ello sin duda es un tema central a la hora de analizar las razones que existen detrás de tanto conflicto socioambiental y los problemas que presenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Otro de los temas que causa controversia en el SEIA, es la forma en que se toman las decisiones, pues aunque existan informes técnicos y observaciones ciudadanas, quienes toman la decisión de aprobar o rechazar un determinado proyecto son autoridades políticas que dependen de la máxima autoridad de gobierno. Esto muchas veces ha generado controversia. Por todo lo anterior, si la Presidenta entrante y sus ministros realmente quieren disminuir la conflictividad frente a los proyectos de inversión, así como la judicialización de los mismos, deben hacer una profunda revisión a la ley ambiental y en particular al SEIA. Revisar y modificar la actual ley ambiental puede significar un cambio sustantivo para la dignidad y calidad de vida de muchas personas.

Es de esperar que este nuevo gobierno, efectivamente, tenga la voluntad política que hace falta para disminuir –al menos en parte– la desigualdad que existe en materia ambiental entre empresas y ciudadanos y que muy pronto entregue una clara señal en este sentido.

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