Sr. Director:
Desde hace años el financiamiento estatal a las instituciones de educación superior ha sido uno de los temas educacionales más controvertidos. Si bien cada vez son menos los que plantean públicamente que el Estado sólo debe financiar a las universidades que sean de su propiedad -es al menos ingenuo creer que lo público se agota en el Estado-, en el debate se ha instalado la idea de que el financiamiento debe ser hacia aquellas instituciones que cumplan con un denominado “rol público». Esto ayuda poco a zanjar la discusión, porque cada interlocutor entiende dicho «rol público» de manera diferente.
Un ejemplo particularmente desafortunado de esta confusión fueron las declaraciones de Naschla Aburman, presidente de la FEUC. Aburman afirmó el pasado lunes, en un programa radial, que la Universidad Católica no debería recibir financiamiento estatal, dado que es una universidad confesional. Es razonable pensar que el Estado debe tener un trato preferente con las universidades estatales. Menos razonable es creer que dicho trato implique políticas exclusivas y excluyentes, desconociendo el hecho evidente de que universidades no estatales, como la U. de Concepción, la U. Alberto Hurtado o la Universidad Católica pueden aportar sustancialmente al país. Y ya es de frentón irracional que la Presidenta de una federación de estudiantes se olvide completamente del bien de su comunidad al momento de opinar sobre temas públicos, especialmente si ello obedece a una agenda externa, en la cual la voz de la UC está llamada a ser protagonista, y no receptora de los dictados de la casa de Bello.
Es importante comprender la consecuencia directa de los dichos de Aburman: quitar financiamiento estatal a universidades como la UC implicaría la disminución de beneficios estudiantiles o programas de inclusión, que buscan promover una situación más justa y equitativa para que todo estudiante con talento, independiente de su situación socioeconómica, pueda acceder a estas casas de estudio. Flaco favor a la desigualdad de nuestro país: hacer menos accesible las universidades de calidad a los estudiantes más vulnerables.
Pero lo anterior es sólo la punta del iceberg. El mayor riesgo es socavar una de las bases de toda sociedad que se jacta de no ser totalitaria, es decir, una sociedad en que las diferentes visiones de sociedad y persona puedan tener una expresión en el espacio público y en la vida social. ¿Es contradictorio con el rol social de una universidad, que ésta sea confesional o que tenga un proyecto educativo distintivo? ¿En razonable que quienes suelen invocar el pluralismo no promuevan, a final de cuentas, más que la uniformidad?
La diversidad de proyecto educativo no es una excusa ni una ilusión. Una de las principales conclusiones del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, convocado por la presidente Bachelet en su anterior período, y presidido por Carlos Peña (Rector UDP), concluyó que la matriz mixta de provisión de educación superior, permite que el sistema “exprese la diversidad cultural nacional”, y que dicha diversidad de proyecto educativo debía ser un objetivo y “tenerse especialmente en cuenta a la hora de decidir las políticas públicas hacia el sistema de educación superior chileno”
Que en el sistema universitario exista diversidad de proyectos educativos, que den cuenta de diferentes maneras de entender la sociedad y afrontar los desafíos del país, es una condición necesaria para la vida auténticamente libre y racional. Financiar sólo algunos proyectos educativos, aquellos que den cuenta sólo de cierta manera de entender al hombre, es más propio de un estado totalitario. Si Naschla dice haberse equivocado en sus dichos, cabe preguntarse ¿Qué es lo que piensa y quiere realmente el NAU?
Stephanie Hagspihl, Coordinadora General de Solidaridad UC
