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El perdón de Huenchumilla

por 20 marzo 2014

El perdón de Huenchumilla
La experiencia internacional en materia de "políticas de perdón" muestra que estas no son declaraciones de buenas intenciones o la expresión de una emoción. Se hacen pensando en el futuro, con objetivos de mediano y largo plazo previamente definidos. Por lo anterior es que, si una "política de perdón" no va acompañada de un cambio radical en materia de política indígena, lo único que logra es envenenar más la discusión.

El nuevo intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, ha sorprendido a la opinión pública con una inédita petición de perdón al pueblo mapuche, por el trato que históricamente ha recibido por parte del Estado de Chile.

Personalmente, me parece muy bien la actitud del intendente, pero existe un gran y enorme "pero". Las políticas de perdón en el tema indígena no son un "juego" o un recurso fácil y rápido para quedar bien.

En la experiencia internacional, los países que han aplicado las llamadas "políticas del perdón" lo han hecho con una finalidad muy precisa. Traer a la discusión presente la historia de injusticias sufridas por los pueblos originarios, con el fin político de producir una profunda sociabilización de futuros cambios sustantivos en materia de política indígena. Es decir, el perdón tiene una finalidad política muy precisa: ayudar a cambiar el foco de la opinión pública y permitir avanzar en reformas que a primera vista pueden producir rechazo en el mundo político y social.

Las experiencias internacionales más importantes al respecto son las de Canadá, que en 1998 pidió disculpas públicas por sus políticas de Estado aplicadas y, especialmente, por el sistema de escuelas residenciales, donde se produjeron múltiples abusos, sexuales y físicos, contra niños de pueblos aborígenes. Lo anterior, en el contexto del establecimiento de la "Royal Commission on Aboriginal People" (RCAP), en la cual, en un hecho inédito, 4 de sus 7 miembros eran representantes de los pueblos aborígenes y cuyo presupuesto fue el más alto en la historia de Canadá para una comisión de este tipo, con un monto de 58 millones de dólares canadienses y cuyo reporte contempló propuestas de autogobierno y acuerdos en materia de reclamos territoriales. Es decir, la petición de perdón fue el contexto de uno de los cambios más radicales de la política indígena canadiense, y que comprometió, además, un fondo de 350 millones de dólares canadienses para las víctimas del sistema de residencias escolares y uno de 250 millones de dólares canadienses para el desarrollo económico e iniciativas de autogobieno, además de revisar la historia de Canadá y sus pueblos aborígenes, por fundarse en falsos supuestos.

Una rápida evaluación costo-beneficio, lleva a los políticos de La Moneda a concluir que solucionar el tema requiere tal cantidad de recursos, de desgaste en tiempo y capital político y que los beneficios electorales son tan escasos, que los gobiernos en general renuncian a meterse a fondo y terminan en la lógica de hacer una gran puesta en escena, después de algún atentado grave, para así calmar a la opinión pública y, después, todo sigue igual. Lo anterior, tanto en gobiernos de la Concertación como de la Alianza. Ninguno se salva.

El otro caso es el de Nueva Zelandia, en donde la Corona Británica pidió disculpas públicas en 1995 y 1998 y pagó más de 340 millones de dólares neozelandeses como reparación por los daños causados al pueblo Maorí, validando además la reinterpretación de la historia de dicho pueblo en sus relaciones con la Corona Británica y el gobierno de Nueva Zelandia.

O sea, la experiencia internacional en materia de "políticas de perdón" muestra que estas no son declaraciones de buenas intenciones o la expresión de una emoción. Se hacen pensando en el futuro, con objetivos de mediano y largo plazo previamente definidos. Por lo anterior es que, si una "política de perdón" no va acompañada de un cambio radical en materia de política indígena, lo único que logra es envenenar más la discusión, generando expectativas que después no se pueden cumplir, aumentando el ciclo de desconfianza y convirtiéndose en un nuevo argumento para radicalizar posturas y justificar la violencia por parte de algunos grupos más extremos. Es decir, si es sólo poesía y declaración de buenas intenciones, es una irresponsabilidad.

En el caso del intendente Huenchumilla, creo en la buena fe de su declaración y en su intención de marcar un cambio de giro profundo en la política indígena, pero mi experiencia de parlamentario por la Araucanía, tanto en un gobierno de la Concertación como en uno de la Alianza, me dice que los intendentes no tienen la autoridad política suficiente para producir esos efectos. Sólo un compromiso real del Poder Ejecutivo central tiene ese poder, por tanto, sin un compromiso de fondo de La Moneda, me temo que el intendente no conseguirá nada, además de aumentar la desconfianza en el diálogo.

La experiencia del gobierno de Sebastián Piñera me confirmó esa convicción. A pesar de las mejores intenciones que se tengan, los Poderes Ejecutivos tienen (desde un punto de vista de rédito político) 20 problemas más urgentes que el tema mapuche. Una rápida evaluación costo-beneficio, lleva a los políticos de La Moneda a concluir que solucionar el tema requiere tal cantidad de recursos, de desgaste en tiempo y capital político y que los beneficios electorales son tan escasos, que los gobiernos en general renuncian a meterse a fondo y terminan en la lógica de hacer una gran puesta en escena, después de algún atentado grave, para así calmar a la opinión pública y, después, todo sigue igual. Lo anterior, tanto en gobiernos de la Concertación como de la Alianza. Ninguno se salva.

Así, al intendente Huenchumilla le puede ocurrir lo que a todos los intendentes de todos los gobiernos (Alianza y Concertación): quedar clavado en la empalizada, provocando el regreso al círculo vicioso de los grandes anuncios, ningún efecto, frustración, violencia y vuelta a los grandes anuncios.

Sin embargo, espero que las declaraciones del intendente Huenchumilla sean parte de una estrategia de mediano y largo plazo ya definida previamente desde La Moneda y no sólo una declaración de buenas intenciones.

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