Queremos ser claros aquí: el problema no es ni será el carácter confesional de la institución. El problema surge cuando esa inspiración es desvirtuada y usada como excusa para imponer una determinada agenda ideológica, o como un mecanismo que justifica la exclusión y la discriminación arbitraria. Frente a esa deformación manifestaremos siempre nuestra oposición, y estamos seguros que la Nueva Acción Universitaria y sus dirigentes tomarán el mismo camino.
*Los últimos días han sido el escenario de una importante polémica al interior de la Universidad Católica (UC), la que se ha extendido también entre quienes fuimos estudiantes de dicha casa de estudio. La polémica surgió tras unas desafortunadas declaraciones de la Presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUC), referidas a la posibilidad de que la UC deje de recibir financiamiento del Estado por tratarse de un proyecto “confesional y particular”, como lo definió la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
La misma Presidenta de la FEUC reconoció haberse expresado incorrectamente durante la entrevista que realizó junto a su par de la FECH, lo cual valoramos profundamente. Pues, al hacerlo, ha reiterado el mensaje que la FEUC y la Nueva Acción Universitaria (NAU) (movimiento que la dirige desde 2009 y el que contribuimos a fundar) han sostenido durante los últimos 5 años: el Estado debe financiar a aquellas instituciones que cumplan un rol público, entendidas como aquellas que producen ciertos bienes públicos definidos por la comunidad política a través de la deliberación democrática.
En este esquema lo fundamental no está en la propiedad de las instituciones –si su dueño es el Estado o un conjunto de particulares–, sino en el aporte de éstas al desarrollo del país. Por lo tanto, la adscripción confesional de las instituciones no implica que no puedan ser financiadas con fondos públicos, ya que a pesar de ser privadas en su propiedad, pueden ser públicas en su orientación. Todo lo anterior es sin perjuicio del trato preferencial que creemos debiera tener el Estado con las universidades de su propiedad, especialmente con las regionales.
A nuestro juicio, bajo este esquema las universidades católicas (al igual que otras universidades privadas no confesionales) podrán acceder a fondos del Estado, atendida su contribución a la sociedad. No creemos que exista razón alguna para separarlas de plano y excluirlas de esta posibilidad. Pero esto no es excusa para no preguntarse si la UC está haciendo todo lo posible para cumplir a cabalidad el rol público que una institución de su calibre debiera cumplir. Allí encontramos un cúmulo de materias por trabajar, las que inspiraron el nacimiento de la Nueva Acción Universitaria y que creemos que siguen siendo tareas irrenunciables de toda la comunidad universitaria. Hablamos, por ejemplo, de diversificar el origen de su cuerpo estudiantil o, en otras palabras, hacer posible que la Universidad Católica reciba realmente a los mejores estudiantes del país y no sólo aquellos que tienen la posibilidad de pagarla; de dejar a un lado los sesgos ideológicos que empañan la tarea universitaria en algunas de sus facultades; de democratizar espacios internos de decisión, y de permitir que sus mallas académicas sean también una oportunidad de aprendizaje y promoción social para aquellos que no han recibido los frutos del crecimiento de los últimos años.
Queremos ser claros aquí: el problema no es ni será el carácter confesional de la institución. El problema surge cuando esa inspiración es desvirtuada y usada como excusa para imponer una determinada agenda ideológica, o como un mecanismo que justifica la exclusión y la discriminación arbitraria. Frente a esa deformación manifestaremos siempre nuestra oposición, y estamos seguros que la Nueva Acción Universitaria y sus dirigentes tomarán el mismo camino.
No creemos necesario, por tanto, que la UC abandone su carácter confesional para cumplir un rol público, aunque los conservadores insistan –malintencionadamente– en tomar una declaración desafortunada como una línea política. Por el contrario, creemos –tal como creíamos hace 6 años, en los inicios de la NAU–, que la vocación pública de la UC pasa precisamente por asumir con máximo vigor su identidad cristiana en una sociedad moderna y cumplir el mandato evangélico de poner todos sus esfuerzos para construir una sociedad igualitaria, fraterna y justa.
*Publicado en El Quinto Poder.
