Una ley seria tiene que proponer un real conocimiento de las audiencias, sus hábitos y su evolución, más allá del rating y las llamadas para pedir canciones. Esto en todas las disciplinas artísticas, pero si estamos hablando de imponer cuotas de emisión, lo mínimo es indagar en la relación entre esos contenidos y las audiencias, porque son sólo ellas las que pueden darle real sentido y significación a la cultura.
La ley del 20% de música chilena en las radios se convirtió en una causa por la que hay que luchar a toda costa. Es comprensible; todos quienes disfrutamos de la música nacional sabemos que su volumen y diversidad no tienen hoy un correlato en la difusión radial. Sin embargo, no podemos dejar que esta ley se convierta en un estandarte sin conocer su letra chica y qué significaría realmente su implementación, sobre todo, para los músicos chilenos.
En primer lugar, insistir en su aprobación inmediata es en sí un ejercicio vano, ya que el mecanismo de imposición de la cuota es inconstitucional. Y no por los motivos que esgrime la ARCHI en su infame campaña, sino, y simplemente, porque es una irrupción en la libertad empresarial de las radioemisoras. Nada que ver con la libertad de expresión.
Esto no quiere decir que el 20% sea imposible, sólo que hay que buscar otros mecanismos que no vulneren ese derecho.
Si bien se trata de un tecnicismo, esta imposibilidad constitucional obliga al que debió ser el debate inicial: ¿necesitamos realmente un modelo impositivo de difusión de la cultura?; ¿no sería mucho mejor un sistema en el cual se articulasen los distintos actores de la industria musical, con igualdad de acceso y garantes de calidad? Pues bien, nada de eso hay en esta ley.
La propuesta rechazada en el Congreso trata simplemente del 20% de música chilena en las radios. Nada más. Una de las primeras objeciones que se le hizo fue la inexistencia de regulación para el cumplimiento de la cuota, salvo el pago de derechos de autor a la SCD. Que la responsabilidad recaiga solamente sobre esta corporación supone un serio riesgo de monopolización del acceso a las radios. Si bien la SCD es el principal representante de los músicos chilenos, por su constitución como ente privado su rol social es y debe limitarse a la defensa de los derechos de autor, no a la promoción y difusión de los músicos. Se corre el gran riesgo de que las radios se vean copadas sólo de artistas afiliados y que supongan un mayor margen de ingreso para la SCD, es decir, repetir a gran escala el fenómeno de la Radio Uno.
[cita]Una ley seria tiene que proponer un real conocimiento de las audiencias, sus hábitos y su evolución, más allá del rating y las llamadas para pedir canciones. Esto en todas las disciplinas artísticas, pero si estamos hablando de imponer cuotas de emisión, lo mínimo es indagar en la relación entre esos contenidos y las audiencias, porque son sólo ellas las que pueden darle real sentido y significación a la cultura.[/cita]
La ley no propone ningún otro mecanismo de acceso más igualitario para los artistas, sobre todo considerando la vasta cantidad de músicos y bandas emergentes. De la misma forma, tampoco existen garantías de diversidad, heterogeneidad y calidad de la música, dejando todo en manos de las partes ya involucradas, es decir, la SCD y las radios. Exactamente lo mismo que ocurre hoy, en lugar de incentivar mayor participación de, digamos, el Consejo de la Música como órgano regulador.
Por lo demás, un proyecto de ley que pretenda abrir espacios de difusión para música chilena no se puede limitar a las radios. Es necesario abrir los espacios mediáticos, hablar de transversalidad medial e hincarle el diente de una vez por todas a la TV y a los medios escritos. La música, como toda expresión cultural, puede y debe tener cabida en los medios masivos, pero esos espacios deben estar regulados y ser accesibles tanto para músicos como para las audiencias. En lugar de seguir promulgando leyes regresivas, como la de TV digital el año pasado, es necesario promover iniciativas realmente democráticas que hagan de la cultura chilena la cultura de los chilenos. Según el informe presentado en el Congreso, más del 90% de la población quiere escuchar más música chilena, precisamente porque reconoce que no lo hace con frecuencia. Les estamos negando el derecho de acceder a la propia cultura a nuestros ciudadanos. Eso no se va a corregir sólo con el 20%, no como está propuesto actualmente.
Una ley seria tiene que proponer un real conocimiento de las audiencias, sus hábitos y su evolución, más allá del rating y las llamadas para pedir canciones. Esto en todas las disciplinas artísticas, pero si estamos hablando de imponer cuotas de emisión, lo mínimo es indagar en la relación entre esos contenidos y las audiencias, porque son sólo ellas las que pueden darle real sentido y significación a la cultura.
