Reconstrucción

Se dice que las grandes revoluciones no destruyen nada (las contrarrevoluciones lo hacen), sólo cambian radicalmente la naturaleza de lo que existe previamente. Específicamente, de aquello que ha dado de sí todo lo que puede dar y le ha llegado su tiempo de ser reemplazado.

De la misma manera, el nuevo sistema de educación pública se reconstruirá a partir de lo actualmente existente en este ámbito. Es decir, el actual sistema público y subvencionado, en todos los niveles educacionales.

Las actuales autoridades probablemente van a diseñar un camino de avance gradual a la gratuidad. Reducirán de manera paulatina los ingresos provenientes de matrículas, aranceles y venta de servicios. Los reemplazarán, con creces, con la asignación de recursos del presupuesto público directamente a los establecimientos. La educación se desprenderá así, poco a poco, de su actual disfraz de mercancía, lo que viene a ser lo mismo que la gratuidad bien entendida.

Con ello se esfumará el afán de lucro de los propietarios de establecimientos. Asimismo, se hará posible la formalización de la relación laboral del magisterio, académicos e investigadores, asimilándola a la del funcionariado público. Todo lo anterior, se irá haciendo extensivo tanto en los establecimientos públicos como en los actualmente subvencionados, en todos los niveles. Son las formas adecuadas a la educación gratuita, es decir, no mercantil.

Ello ya se hizo una vez en Chile, durante la reforma universitaria de los años 1960. En ese entonces, el Estado incrementó muy significativamente el presupuesto entregado a las universidades existentes, a cambio de avances hacia la gratuidad, la que se logró totalmente al cabo de cinco años. Los resultados fueron buenos. En ese período se duplicó la matrícula universitaria y se triplicó en los planteles estatales, se triplicaron las sedes, se quintuplicaron los académicos a jornada completa y se modernizaron las estructuras universitarias.

De más está decir que todas las universidades de entonces se plegaron a este plan. El Estado respetó su autonomía en la asignación interna de recursos, a condición de satisfacer ciertas exigencias mínimas. Como desarrollar todas las funciones propiamente universitarias, respetar la libertad de cátedra y no discriminar bajo ningún concepto, tener una planta académica con contratos adecuados y, lo que fue decisivo, establecer un cogobierno interno democrático con participacion triestamental.
Nada impide hacer ahora lo mismo. Igual que entonces, hay muchas universidades privadas que estarán más que dispuestas a incorporarse a un plan de esta naturaleza. Sus propias comunidades las forzarán a ello.

Además de su precaria condición financiera. Cabe mencionar que el Estado tendrá que asumir problemas acumulados, los que no dan para más. Es el caso emblemático del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Del mismo modo que la U se ha visto en la obligación de intentar venderlo, muchas otras universidades estatales, si no todas, han recurrido a hipotecar bienes públicos para financiar sus operaciones; mediante variados mecanismos, no siempre claros. Todo esto hay que sanearlo.

El Estado se tendrá que hacer cargo asimismo de varias universidades privadas que actualmente son inviables.

Sin ir más lejos, aquellas que han venido recurriendo al Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiarse, avalando al mismo tiempo a los deudores, muchos de los cuales están morosos. Para qué decir las que han perdido su acreditación y, con ello, la posibilidad de seguir contando con nuevas dosis de CAE. El propio rector de la Universidad del Desarrollo, un baluarte del sistema privado con fuertes vínculos a un partido de derecha, ha dicho que la pérdida de acreditación equivale a llevarlas a la quiebra.

Algunas universidades privadas, como ARCIS, por ejemplo, ya han resuelto solicitar formalmente su absorción por las universidades estatales.

Todo ello significa que las nuevas autoridades necesitarán amplios recursos para «entrar a picar», con bastante discrecionalidad, en un sistema que hace agua por todos lados. Aparte de fijar las nuevas reglas del juego, desde luego.

En el caso de la educación básica y media, el cumplimiento del programa del nuevo gobierno se puede quizás resumir en: «Dotar a cada barrio y cada pueblo, con un colegio público gratuito de excelencia». Es una meta concreta, clara y simple.

Ello implica que la primera tarea del nuevo Servicio Nacional de Educación Pública comprometido, será delinear un plan concreto para alcanzar dicha meta en un plazo razonable. Por cierto, dicho plan puede ser elaborado con amplia participación de autoridades regionales, municipios y organizaciones ciudadanas, en cada barrio, a lo largo de todo Chile.

La base principal de dicha red serán ciertamente los actuales colegios municipales, los cuales deberían ser incorporados directamente al nuevo Servicio, sin hacer más experimentos que, tras pretextos de descentralización, sólo buscan debilitar el nuevo sistema público, para que no haga competencia al privado.

Sin embargo, más de la mitad de los barrios no cuentan con un colegio público. Cerca, en cambio, hay colegios subvencionados entre los cuales usualmente se pueden encontrar algunos de buena calidad. El nuevo Servicio puede perfectamente establecer convenios de largo plazo con los mejores colegios subvencionados, sumándolos de ese modo a la red de colegios públicos gratuitos de excelencia. En otras palabras, incorporarlos al presupuesto público, en el marco del plan nacional antes referido.
Una experiencia parecida se realizó en décadas pasadas en Cataluña, por ejemplo. La Generalitat estructuró el sistema de educación pública gratuita en los niveles preescolar, básico y medio, reforzando por una parte los colegios públicos y, por otra, estableciendo convenios con colegios particulares. Al ingresar de este modo a la red pública, éstos pasaron a llamarse «Colegios Concertados» –obviamente, en Chile será necesario pensar en otro nombre–. Esta experiencia de desprivatización postfranquista se extendió también a hospitales.

Cabe señalar que, en Chile, ello no implicaría un aumento significativo de los recursos públicos educacionales. Actualmente, el grueso del financiamiento de los colegios subvencionados proviene del presupuesto público, sólo que por la vía del «subsidio a la demanda».

Específicamente, la subvención actual contempla una partida de sueldos, que tiene un costo por profesor equivalente al sistema municipal –de más está decir que casi nunca les pagan eso en el sector subvencionado–. Por lo mismo, el paso de los colegios subvencionados a la red pública, podría contemplar de inmediato la asimilación de las remuneraciones de sus maestras y maestros a la escala municipal, lo que redundaría en beneficios para la mayoría de ellos.

Habría que suplementar el actual financiamiento compartido en los colegios subvencionados que se incorporen a las red pública. Sin embargo, si se considera el sistema como un todo, el costo total por alumno será con seguridad menor que en la actual mezcla público-subvencionada. Ello significa que la nueva red podrá absorber toda la demanda por educación pública gratuita –la que probablemente terminará siendo parecida a la suma de las actuales pública y subvencionada–, sin un gasto significativamente mayor.

De esta manera, parece perfectamente posible cumplir con el objetivo de dotar a cada barrio con una escuela pública gratuita de excelencia. En muy corto tiempo, incluso en los cuatro años del gobierno actual, se puede avanzar mucho, lo que sería altamente valorado por la ciudadanía.

Ciertamente, al igual que en el caso de la educación terciaria, habrá amplia libertad para que continúen funcionando los establecimientos privados sin subvención estatal. Además, en el caso de los colegios, parecería lógico mantener al menos la subvención actual a los establecimientos que no se incorporen al Servicio Nacional de Educación, pero, naturalmente, sólo a aquellos que pertenezcan a instituciones sin fines de lucro. Es el caso de los colegios de instituciones religiosas o fundaciones, que han dado pruebas de una notable vocación docente a lo largo de muchas décadas.

Una vez que exista en cada barrio la alternativa de un colegio público gratuito de excelencia, ciertamente cabe apoyar de alguna manera el funcionamiento de otros establecimientos que pueden resultar preferidos por algunas familias en función de razones de otra naturaleza. Eso siempre se ha hecho en Chile.

Finalmente, cabe hacer algunas consideraciones respecto de la educación terciaria técnica y profesional, que actualmente cubren en medida considerable empresas con fines de lucro, denominadas Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). De partida, son pocas las personas que entienden la diferencia entre unos y otros y, menos, la justificación de tal separación.

Lo primero que hay que revisar en este ámbito es la estructuración de la educación superior como un sistema, que incluya la formación técnica y universitaria y que, al mismo tiempo, esté conectado con la educación media.

Seguidamente, hay que revisar la privatización del Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), lo que se prometió en el gobierno de Aylwin y todavía no se hace. A todo le llega su hora y también parece maduro el tiempo de actuar en este asunto. INACAP fue apropiado por sus directivos, en función de un decreto firmado por Pinochet en la hora undécima de su mandato. No es sano para nadie que esa situación no se aclare y la mayoría del país es partidaria de su reversión. Es algo que el nuevo Parlamento puede considerar en el marco de la reforma y existen todas las condiciones para llevarla a efecto. Ello permitiría al sistema público recuperar lo que en derecho le ha pertenecido siempre y que le fuera usurpado. Además, le daría una base para la reconstrucción del sistema público en este nivel.

La otra experiencia que vale la pena revisar es la del único CFT público y gratuito del país, el de Lota. Éste fue creado, no por el MINEDUC, sino por la Corfo, en el marco del cierre de las minas de carbón. Su operación fue encargada a la Universidad de Concepción, sobre la base de un presupuesto definido y la obligación de ofrecer dos años de formación técnica a una cuarta parte de los egresados de enseñanza media de la provincia de Arauco. La experiencia ha sido exitosa. Proyectando su costo, Cenda calculó hace unos años que extenderlo a la totalidad del país equivalía a un gasto adicional de un siete por ciento del presupuesto de educación de entonces. Hoy día dicho porcentaje debe ser menor. A ello habría que agregar inversiones de instalación, especialmente equipos, de un costo razonable.

Esta medida sería de gran alcance político y social, puesto que es precisamente en esa cuarta parte de menores recursos de los egresados de enseñanza media a nivel nacional, donde se concentran los mayores problemas sociales del país: cesantía, pobreza, drogadicción y delincuencia, entre otros. Su marginación no es sólo un problema originado en el mercado del trabajo, sino también en el sistema educacional.

Puede ser de esta forma u otras más imaginativas que surgirán del debate nacional en los próximos meses, pero el objetivo de reconstruir la educación pública chilena se llevará a efecto de todas maneras.
¡Bien!