Opinión
De hecho, me vanaglorio, y puedo sustentarlo, de que durante el gobierno militar (que nunca he tenido problema en calificar de “dictadura”) jamás cambié mi posición respecto a la importancia de la democracia representativa y, en la medida de mis posibilidades, hice lo que estaba a mi alcance para cambiar las condiciones que, a mi juicio, contribuían a poner en peligro la integridad de las personas, como, por ejemplo, el famoso artículo 8º transitorio de la Constitución o la ausencia de habeas corpus.
El Mostrador publicó un artículo aludiendo a la denuncia formulada por supuestos alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, amparados en el anonimato, en la cual protestan porque yo acepté dar una clase a un pequeño grupo de alumnos sobre la libertad, lo cual descalifican como “adoctrinamiento político”. Ello me resulta particularmente ofensivo, porque estimo que no hay una conducta más reprobable que la de un profesor que abusa de su autoridad e intenta manipular las conciencias de sus alumnos o inducirlos políticamente. Encabezo una Facultad que tiene como objetivo principal el desarrollo del pensamiento crítico y la discusión razonada de distintas disciplinas, interpretaciones y puntos de vista; y el objetivo prioritario de mi actividad académica ha sido siempre reforzar la honestidad intelectual, por sobre cualquier otra consideración.
Más allá de eso, los supuestos alumnos, que tanta difusión han logrado, incurren en las peores prácticas del debate político intelectual: primero, muestran una alarmante intolerancia hacia la diversidad de pensamiento y al derecho que todos tenemos de expresarlo; segundo, se basan en falsedades; tercero, recurren a la descalificación de las personas (la crítica ad hominem), que en cualquier medio académico respetable es simplemente inaceptable.
En lo que a mí respecta, quiero solamente establecer, para quienes sostienen que yo tendría un “prontuario” dictatorial, que cualquiera que requiera explicaciones respecto de la repatriación del General Pinochet desde Londres, debe pedírselas al entonces Presidente Frei y a su Ministro de Relaciones, José Miguel Insulza, cuya política de que el General fuera juzgado en su propio país yo, como simple ciudadana, efectivamente apoyé en una entrevista, sin pensar jamás que mi poder era tal, que ello me transformaría en «la principal artífice» de su retorno.
[cita]Para la tranquilidad de esos alumnos, a pesar de mis discrepancias ideológicas, he tenido más vínculos con los gobiernos de la Concertación que con el de Pinochet, con el cual simplemente no tuve ninguno.[/cita]
Para la tranquilidad de esos alumnos, a pesar de mis discrepancias ideológicas, he tenido más vínculos con los gobiernos de la Concertación que con el de Pinochet, con el cual simplemente no tuve ninguno. En efecto, fui miembro de una Comisión sobre Cultura del Ministerio de Educación a petición del entonces Ministro Lagos y otra de análisis de textos escolares en el Ministerio de Mariana Aylwin; directora de Televisión Nacional a petición expresa del Presidente Lagos, aprobada por el Senado; y miembro de la Comisión Trabajo y Equidad, a solicitud de la Presidenta Bachelet.
De hecho, me vanaglorio, y puedo sustentarlo, de que durante el gobierno militar (que nunca he tenido problema en calificar de “dictadura”) jamás cambié mi posición respecto a la importancia de la democracia representativa y, en la medida de mis posibilidades, hice lo que estaba a mi alcance para cambiar las condiciones que, a mi juicio, contribuían a poner en peligro la integridad de las personas, como, por ejemplo, el famoso artículo 8º transitorio de la Constitución o la ausencia de habeas corpus. Asimismo, durante los inicios de la transición participé de los grupos de discusión, organizados por Edgardo Boeninger, que llevaron a la construcción del Acuerdo Nacional. También es motivo de orgullo para mí haber sido una de los tres integrantes del primer programa político de televisión libre y pluralista, “De Cara al País”, que fue una pieza fundamental para abrir los espacios de libertad que permitieron la restauración de la democracia a través del plebiscito y de la elección de don Patricio Aylwin.
Quienes nos proponemos subordinar las propias convicciones a los imperativos que impone la discusión intelectual rigurosa y honesta, parecemos destinados a la incomprensión maledicente. Así, mientras fui profesora de historia moderna en la PUC fui formalmente denunciada de «marxista» en los años 70, por entregar bibliografía sobre la Revolución Francesa que incluía historiadores marxistas. Paradójicamente, al llegar a la Universidad Adolfo Ibáñez, se me recibió con carteles de repudio por mi condición «liberal» y el profesor Gonzalo Rojas me informó que la Facultad de Humanidades estaba en “estado de alerta» por mi nombramiento.
Finalmente, los denunciantes en contra de esta clase que impartí, en definitiva a 9 alumnos, se perdieron el siguiente temario: Los fundamentos de la teoría política post-Revolución Francesa; el concepto de Libertad Negativa y Libertad Positiva en Isaiah Berlin; la relación conceptual y práctica entre libertad y democracia; la democracia occidental, las limitaciones a la soberanía popular y los derechos individuales (Rousseau y Locke); la libertad y la igualdad en Tocqueville; la diferencia entre liberalismo clásico y liberalismo moderno, etc. Desafío a cualquiera a encontrar un ejemplo de falta de rigor en la exposición de estos temas. En todo caso, las puertas de mi oficina están abiertas a todos los miembros de la comunidad universitaria de la UAI para discutir estos temas o cualquier otro.
