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Mejorar la profesión docente, condición de la “gran” reforma educacional

por 27 marzo, 2014

Los trazos fundacionales del actual Estatuto Docente son de 1991. Después de un arduo trabajo se logró, a fines del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet un acuerdo con los docentes para su reforma, pero no alcanzó a materializarse. En 2011 el Presidente Piñera envió al Congreso otro proyecto, que se estancó y fue sustituido por uno más corto, ya aprobado por la Cámara y por aprobarse en el Senado, que si bien tiene algunos puntos de interés, tiene otros que son claramente discutibles.

El Programa de la Presidenta Bachelet da una altísima prioridad a la educación y propone cambiar el foco de la política educativa. La educación dejará de ser un bien que se distribuye por el juego del mercado y será un derecho social que el Estado garantiza igualitariamente a todos, con independencia de su situación social, étnica o del lugar del país en que se habite.

Los anuncios de estos primeros días de Gobierno han subrayado temas cruciales para lograr este propósito: desmunicipalización, como una de las medidas para entregar una educación pública de calidad en todo el territorio; fin al lucro y al financiamiento compartido, marcando que la calidad de la educación que se recibe no puede ser un corolario de la situación económica de la familia.

Con esto se perfilan, los que –suponemos– serán los contenidos centrales del proyecto de ley para “una gran reforma educacional”; la primera de las 50 medidas comprometidas para los primeros 100 días.

En este contexto, quisiéramos llamar la atención sobre la situación de los profesores. No habrá reforma de verdad, no habrá una educación igualitaria y de calidad, no habrá una nueva educación pública, si los cambios propuestos no logran encantar a los más de 150 mil profesoras y profesores chilenos responsables de hacerla realidad día a día.

Los trazos fundacionales del actual Estatuto Docente son de 1991. Después de un arduo trabajo se logró, a fines del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet un acuerdo con los docentes para su reforma, pero no alcanzó a materializarse. En 2011 el Presidente Piñera envió al Congreso otro proyecto, que se estancó y fue sustituido por uno más corto, ya aprobado por la Cámara y por aprobarse en el Senado, que si bien tiene algunos puntos de interés, tiene otros que son claramente discutibles.

Podemos enorgullecernos como país de la gran calidad humana de miles de jóvenes, que contraviniendo –muchas veces– los consejos de sus familias, optan por estudiar educación. Pero debemos también preocuparnos, porque hoy un 40% de los nuevos docentes deja la docencia antes de cumplir cinco años de ejercicio de la profesión (Valenzuela y Sevilla, 2013).

La causa de este hecho no es un secreto para nadie: las condiciones de trabajo de los docentes son muy exigentes (preparación de clases y corrección de trabajos después de la jornada laboral…) y la remuneración es muy inferior a la de otros profesionales de preparación semejante: en promedio un docente de básica gana al cuarto año de ejercicio profesional $494.115, mientras que un contador auditor algo más del doble ($1.092.117) y un abogado más del triple ($1.520.587) (www.mifuturo.cl ), lo que tiene además como corolario una muy baja estima social de la profesión docente.

Cambiar esta situación no es fácil. Los trazos fundacionales del actual Estatuto Docente son de 1991. Después de un arduo trabajo se logró, a fines del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet un acuerdo con los docentes para su reforma, pero no alcanzó a materializarse. En 2011 el Presidente Piñera envió al Congreso otro proyecto, que se estancó y fue sustituido por uno más corto, ya aprobado por la Cámara y por aprobarse en el Senado, que si bien tiene algunos puntos de interés, tiene otros que son claramente discutibles.

Es imposible encaminar una “reforma educacional” sin dar un paso importante para mejorar la situación docente. En este campo hay que seguir estudiando y conversando para llegar a un nuevo Estatuto que supere los límites del actual, que regule las condiciones de trabajo y salario de todos los profesores y profesoras y no sólo de los municipales, que estimule y premie a los más destacados. Planteamos, en este contexto, y dada la centralidad que tienen los profesores y profesoras, una propuesta que no compromete el cambio más substancial que debe venir, sino que lo anuncia: mientras se prepara y discute un cambio global de la carrera docente, se podría aumentar el ingreso base de la actual carrera, de modo de acercarlo a lo que ganan otros profesionales de carreras de iguales exigencias de formación. Esta sería una señal potente, que indique sin equívocos que ese cambio en la situación docente ya comienza.

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