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Ley del 20% de Música Nacional: Una encrucijada para las políticas culturales de Chile

por 1 abril 2014

Sin una información clara que fortalezca las discusiones, los principios políticos, económicos y culturales se restringen a un ámbito netamente discursivo, las decisiones se vuelven antojadizas, y se abandona el desarrollo del campo cultural a la arbitrariedad de los poderes fácticos de nuestra sociedad. En ese escenario, la discusión sobre políticas culturales se vuelve trivial, pues no logra transformar significativamente el modelo de desarrollo que heredamos de la dictadura.

El día 26 de marzo de 2014 se dio inicio a la cuarta versión del Seminario Amplifica, evento organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y realizado en las instalaciones del Centro Cultural Matucana 100. Bajo la premisa “Pensar & (sic) Hablar de Música”, el encuentro consta de talleres y paneles con diferentes agentes de la industria musical nacional y del extranjero, de los cuales (se espera) los asistentes puedan adquirir aprendizajes y entablar intercambios significativos que contribuyan a la profesionalización de sus actividades. Sobre esa base, el encuentro ha privilegiado fundamentalmente el abordaje de temáticas que se vinculan al campo musical nacional desde una perspectiva asociada al desarrollo de las industrias creativas, concibiendo a los participantes en tanto agentes de procesos creativos de producción de valor; es decir, como eslabones de una cadena industrial que promueve el desarrollo musical en tanto sector económico. Esta postura ya se insinúa en la política cultural nacional desde 2005, al término del gobierno de Ricardo Lagos (momento del lanzamiento del documento “Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010”), pero es profundizada durante el gobierno de Sebastián Piñera (bajo cuyo mandato se publica el documento “Política Cultural 2011-2016”).

En un contexto de cambio de gobierno que marca el retorno de Michelle Bachelet a la administración postdictatorial del Estado (pues, como señalase Manuel Antonio Garretón, aún existen enclaves autoritarios que impiden una democratización sustantiva de la sociedad chilena), se ha reinstalado a nivel público (al menos, entre aquellos interesados en el campo cultural nacional) la discusión sobre un proyecto de ley mediante el cual se fijarían cuotas mínimas de transmisión de música nacional en las radioemisoras chilenas, comúnmente conocida como la “Ley del 20% de Música Nacional”. En efecto, el proyecto de Ley original, que modifica la Ley N°19.928 de Fomento de la Música Nacional, propone el establecimiento de un 20% de música nacional en la programación diaria de hora en hora, de la cual un cuarto deberá corresponder a música de raíz folklórica y tradición oral. Considerando lo anterior, no puede negarse lo oportuno que resulta el que la primera jornada de esta versión de Amplifica finalizara con un panel sobre la Ley del 20% de la Música Nacional, y así hacer justicia al lema del encuentro.

En dicho panel participaron los músicos Carlos Cabezas, René Calderón y Alejandro Guarello (este último presidente de SCD), además de Sergio Cancino (director de Radio Uno) y Luis Pardo (presidente de ARCHI), moderados por el periodista Fernando Mujica. La discusión giró alrededor de lo conveniente (para Cabezas y Guarello) o inapropiado (para Pardo y Cancino) del proyecto de ley en cuestión. Apoyados en los datos existentes sobre programación radial, los primeros reconocen en la iniciativa un importante aporte para la identidad nacional, la preservación del patrimonio musical y la inserción de artistas nacionales en el medio; mientras que los segundos apelaron a la libertad de expresión de las emisoras y la libertad de elección de los auditores, además de la debilidad que tendrían las emisoras regionales y las especializadas en géneros para dar abasto a la exigencia (sugiriendo la inexistencia de un repertorio nacional que permita cumplir la exigencia de la ley). Estas posiciones han sido ampliamente expuestas en los medios de comunicación, y han suscitado el apoyo o rechazo de diversos agentes, generando la percepción política de una oposición irreconciliable entre músicos y radioemisores, entre el respaldo irreflexivo al proyecto en su estado actual y el rechazo absoluto a cualquier iniciativa de regulación.

Sin una información clara que fortalezca las discusiones, los principios políticos, económicos y culturales se restringen a un ámbito netamente discursivo, las decisiones se vuelven antojadizas, y se abandona el desarrollo del campo cultural a la arbitrariedad de los poderes fácticos de nuestra sociedad. En ese escenario, la discusión sobre políticas culturales se vuelve trivial, pues no logra transformar significativamente el modelo de desarrollo que heredamos de la dictadura.

Por supuesto, el proyecto de Ley mismo ha sido modificado sustancialmente desde su propuesta original de 2007. Al momento de su aprobación por la Cámara de Diputados, en 2010, el proyecto elimina la exigencia de un cuarto de música de raíz folklórica y tradición oral, distribuye el porcentaje diario en dos franjas de 12 horas cada una (sin poder acumularlas en programas específicos), identifica la planilla de ejecución diaria como respaldo para el cálculo del porcentaje, y establece una sanción económica para las emisoras que infrinjan la normativa. Sin embargo, el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado rechaza el proyecto sobre la base de una breve discusión en la que confluyen diversos argumentos que respaldan o rechazan la iniciativa.

A favor, se arguye la existencia de normas internacionales de fomento a las músicas nacionales, la pérdida de vigencia de las expresiones nacionales por falta de exposición, la importancia de la radio como medio de acceso a la música y como fortalecimiento del arte nacional, la promoción de la actividad de los músicos tanto en términos de exhibición de propiedad intelectual así como de difusión de su trabajo, la contención del fenómeno de “payola” y la hegemonía de los sellos transnacionales, y la generación de un círculo virtuoso que redundaría en una industria musical nacional más dinámica, entre otros puntos. Por otra parte, en contra se identifica la imprecisión de la ley sobre la entidad fiscalizadora, la posibilidad de las emisoras de circunvenir la norma (programando en horarios de poca audiencia), la inaplicabilidad de normas extranjeras a la realidad nacional contemporánea, las dificultades de definir el beneficiario de la norma (especialmente en el caso de las coautorías con artistas internacionales), y la vulneración de la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad económica y el derecho de propiedad.

La discusión sobre la “Ley del 20%” es un interesante ejemplo del proceso de diseño de políticas culturales en Chile. Nos permite observar un proceso gradual de discusión tanto en el aparato estatal así como en la opinión pública, en que confluyen de manera irresoluta principios políticos (rol del Estado y sus límites, contraposición entre Estado Subsidiario y regulación de poderes fácticos, equilibrios de fuerza entre distintos agentes sociales), idearios culturales (identidades nacionales y sus transformaciones frente a la globalización de repertorios simbólicos) e intereses económicos (propiedad de los medios de producción simbólica, distribución de riqueza y colonización de los discursos culturales por parte del sistema económico). Dada esta vaguedad en la definición de tales principios, no es posible advertir en las intervenciones de los distintos agentes involucrados (Estado, artistas, radioemisoras, agentes industriales, entre otros) diagnósticos rigurosos que permitan elaborar un panorama exhaustivo del desarrollo del campo musical nacional, caracterizando las fortalezas y especialmente las debilidades del mismo. Esta situación redunda a su vez en la imposibilidad de someter a prueba el alcance de tales principios políticos, culturales y económicos, quedando relegados a la posición de dispositivos ideológicos movilizados por los agentes. Efectivamente, entre las distintas propuestas no es posible identificar de manera unívoca cuáles son las debilidades del campo musical que como sociedad queremos abordar. Dicho de otro modo, ¿cuál es el problema de la música nacional hoy? ¿Hablamos de la identidad nacional frente a la globalización? ¿La promoción de la creación musical en tanto actividad artística? ¿La profesionalización de los artistas? ¿La difusión de las obras? ¿La recepción y apropiación de la música por parte de la ciudadanía? ¿El fortalecimiento de la industria local? ¿Garantizar la libertad de expresión? ¿Todas las anteriores? Naturalmente, distintas preguntas sugieren distintos objetivos y distintas iniciativas concretas, a todas luces complementarias.

En tal escenario parece conveniente recordar que sólo mediante un estudio sistemático que ponga en valor las fuentes de información disponibles (y las profundice en caso de ser necesario, especialmente aquellas de carácter público) podremos tener claro el estado actual del campo musical nacional y sus desafíos. Sin duda, organismos como las Universidades, Centros de Investigación y el Departamento de Estudios de CNCA están llamados a contribuir activamente mediante la detallada recolección, análisis e interpretación de información cuantitativa, cualitativa, y de otras experiencias de regulación (tareas en la que por cierto el último organismo ha dado importantes pasos); mientras que los distintos agentes y particularmente aquellos encargados de la toma de decisión en materia de política pública harían bien en fundamentar el diseño de políticas y su operacionalización en tales diagnósticos, complementando la tradición de participación ciudadana que caracteriza a las políticas culturales de Chile.

No existiendo tal examen, la radicalización de posturas parece obedecer a la defensa de intereses corporativos de los distintos agentes. Sean estos los artistas, sociedades de gestión de derechos, radioemisores, etc. Para quienes se sienten cercanos a los agentes privados, la idea de la subvención es tan atractiva que parece ignorar la existencia de instrumentos dedicados a la difusión radial de música nacional y la regulación que existe para los contenidos culturales en otros medios como la televisión; mientras que para los que observamos las dificultades que enfrentan los creadores nacionales, resulta imprescindible generar instrumentos detallados como las cuotas diferenciadas por género, tamaño de la emisora, o incluso por trayectoria de los músicos. Asimismo, sin adecuados diagnósticos y evaluaciones, la labor de nuestros legisladores y funcionarios públicos se vuelve errática y pierde la coherencia entre sus definiciones políticas y los diseños programáticos, situación que ha caracterizado al CNCA desde su creación. En suma, sin una información clara que fortalezca las discusiones, los principios políticos, económicos y culturales se restringen a un ámbito netamente discursivo, las decisiones se vuelven antojadizas, y se abandona el desarrollo del campo cultural a la arbitrariedad de los poderes fácticos de nuestra sociedad. En ese escenario, la discusión sobre políticas culturales se vuelve trivial, pues no logra transformar significativamente el modelo de desarrollo que heredamos de la dictadura.

Considerando lo anterior, se hace evidente que (sin perjuicio de la posición que tengamos respecto de las cuotas de programación radial) el proyecto de ley en su estado actual es insuficiente y merece una reestructuración. Es por esta razón que la discusión de la “Ley del 20%” representa una encrucijada: podemos escoger entre la defensa miope de intereses particulares o la oportunidad de superarlos en función de políticas culturales que proyecten un nuevo modelo de desarrollo para la sociedad chilena.

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