Restar capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido común. Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio Rodríguez, “el problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma”.
En los últimos días se ha formado un interesante debate en torno a lo público no estatal motivado por las inminentes reformas al sistema educacional. Sin embargo, a nuestro juicio, algunas de las intervenciones han tenido más aroma a defensa corporativa que a reflexiones amplias sobre la educación pública. Y cómo no hacerlo, cuando existe una corta distancia entre el actor opinante y el tema en cuestión; siendo sinceros, utilizando un lenguaje contingente, a todos nos correspondería declarar conflicto de interés.
Pese a lo anterior, es nuestra motivación aportar algunas ideas a este interesante debate, con una mínima cuota de honestidad, asumiendo nuestras limitaciones al observar la realidad social, así como con la innegable tentación de fundamentar y presentar racionalmente nuestras propias preferencias valóricas y expectativas de sociedad. Esto lo hacemos por cierto sin arrogarnos algún tipo de representación institucional.
Uno de los ámbitos de discusión, se refiere a que existiría un espacio público no estatal capaz de proveer bienes públicos, lo que justificaría la existencia de establecimientos de educación privada como sujetos de políticas públicas. Lo anterior se ha argumentado por ciertos columnistas, utilizando distinciones de la teoría económica neoclásica, así como algunos conceptos de la filosofía política.
A nuestro juicio, el concepto de “lo público” tiene raíces históricas e ideológicas definidas. Desde una perspectiva histórica y siguiendo al profesor Omar Guerrero, por una parte, podríamos señalar que el vocablo público es una categoría universal que incumbe a la totalidad de un pueblo políticamente organizado. Tanto para los griegos como para los romanos, entonces, lo público se entendería sólo desde el Estado. Es así como, bajo este enfoque, lo público no sería una sola reunión de hombres organizados de cualquier manera, sino la sociedad formada como garante de las leyes y con el objeto de la utilidad común. Esta mirada a sí mismo, desecharía la posibilidad de una concepción de espacio público más amplio, una suerte de pluralidad de la esfera pública donde los intereses del pueblo pudieran ser materializados por actores que se sitúen entre el Estado y la sociedad.
[cita]Restar capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido común. Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio Rodríguez, “el problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma”.[/cita]
Para Habermas y la propia Arendt, sin embargo, lo público no sería exclusivamente lo común o lo Estatal, sino que estaría definido por la interacción discursiva en torno a intereses generalizables. En ese sentido, el concepto de espacio público reconoce que lo público en el Estado es un proceso en construcción a cargo de la sociedad, existiendo entonces un área permanente de tensión entre el Estado y la sociedad. Las organizaciones y asociaciones que intentan la recomposición de lo público como ideal normativo, actuarían como caja de resonancia de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, a través de la crítica, el debate y la persuasión. Por otra parte, lo público no estatal y sus organizaciones, ejercerían un rol de control social sobre el Estado respecto a sus decisiones, medios e intereses, así como en la provisión de derechos básicos no entregados por lo público estatal.
El paradigma económico neoclásico de Samuelson, utilizado también por uno de los incumbentes en este debate, establece dos condiciones en la definición de bienes públicos: bienes que no son rivales (consumidos sin afectar el consumo de ese mismo bien a otros individuos) y bienes que son no son exclusivos (el beneficio no puede ser atribuido a un comprador individual). Según este argumento, todas las universidades, independientemente de si son estatales o privadas, producirían bienes públicos. Bajo esta mirada –ya sea a través de la interacción del mercado o la distribución libre– la educación sería siempre un bien público capaz de crear externalidades, donde la formación superior de una persona impactaría directamente en la productividad de los otros miembros de la sociedad.
Lo anterior no da cuenta, sin embargo, de lo que observamos en la realidad, en cuanto a que algunas Universidades tanto donde el Estado es el dueño, como Universidades particulares, producen también bienes privados, persiguiendo la rentabilidad como objetivo primordial en su diseño, funcionamiento y oferta académica. De esta forma, dichas Universidades, que podríamos categorizar como de élite, ofrecerían como modelo educativo sólo la oportunidad de mejorar los ingresos futuros de sus estudiantes, así como entregar un estatus y prestigio social a sus egresados. A esto habría que agregar que muchos de los planteles, tanto estatales como públicos no estatales, desarrollan programas sobre la base de principios económicos debido a la obligatoriedad del autofinanciamiento.
Compartimos, sí, la noción de que lo público se encuentra colonizado por el subsistema económico. Pero no nos engañemos, el Estado no es una entidad neutra que promueve necesariamente el bien común, sino un espacio en disputa que cristaliza la hegemonía del poder dominante. Es decir, está colonizado igualmente por el subsistema económico (y podríamos agregar racial, étnico, de género, entre otros). En este contexto, restar capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido común.
Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio Rodríguez, “el problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma”.
Ahora, también es necesario quitarse las anteojeras de ingenuidad respecto a lo público no estatal en torno a dos elementos:
1.-Bajo qué criterios es posible definir que una universidad que no es del Estado sea verdaderamente pública. Ciertamente, temas como la inexistencia de lucro, su contribución a la generación de conocimiento, libertad de cátedra y pluralismo son esenciales. Pero el tema no se agota únicamente en cuatro enunciados y debiese ser parte del conjunto de la sociedad y los actores involucrados delimitar el concepto.
2.-Gran parte del rechazo a lo público no estatal se debe a que las asimetrías de poder al interior de la sociedad generan que ciertos grupos políticos, sociales y culturales posean mayores posibilidades para construir proyectos educativos. En estricto rigor, planteles asociados a grupos económicos definidos poseen mayores capacidades para crear universidades que otro tipo de organizaciones. Esto generaría una desigualdad de origen en el acceso al financiamiento de proyectos educativos y, por lo tanto, garantizaría que ciertos grupos se vieran sobrerrepresentados en lo público.
Sin embargo, creemos que la solución a esta asimetría no pasa por el monopolio de lo estatal. Lo ideal en una sociedad democrática que supera la racionalidad de la “libre competencia” y del Estado homogenizador y civilizatorio, es la distribución del poder entre los distintos grupos políticos, religiosos, étnicos y clases. Todos los actores de la sociedad tienen derecho a constituir proyectos y verse representados en lo público, influyendo desde sus convicciones en el debate y la formación profesional. Por lo tanto, el desafío es bajo qué criterios de justicia distributiva se podrían asignar recursos para generar equidad.
También sobre el tema del financiamiento, gran parte de los movimientos populares transformadores establecieron organizaciones bajo el principio de autogestión, dado el riesgo de cooptación del poder del Estado. En este plano, es importante atender que el financiamiento no se transforme en un mecanismo de control, restringiendo la autonomía de los planteles universitarios.
No hay que perderse en el debate, aun cuando en las universidades estatales deben regularse temas como el corporativismo académico, las actividades económico-comerciales que generan algunos (lucro encubierto), así como ampliar los mecanismos de participación, estas universidades deben ser financiadas totalmente en su oferta, entregando los recursos necesarios para investigación, docencia y extensión. Sin embargo, es necesario no olvidar, mejorar, fomentar y democratizar el espacio público no estatal, donde existirían universidades que serían capaces genuinamente de proveer bienes públicos.
