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Cambios en educación: la prioridad está en lo público

por 2 abril 2014

El que las universidades no lucren debe ser un requisito de su existencia, así como también diversidad en la composición de su alumnado y el avance en la organización de sus comunidades educativas. Actualmente los y las alumnos más pobres de la sociedad se encuentran estudiando en universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales que lucran, en condiciones precarias (llegando incluso a no tener ni siquiera enfermerías o salas suficientes), bajo amenaza de DICOM cuando no pueden pagar aranceles, censurándolos o castigándolos cuando realizan actividades fuera de lo meramente académico.

En los últimos días, influyentes actores de la educación han dado a entender que el movimiento estudiantil está en contra del pluralismo y que queremos cerrar universidades de forma masiva e inmediata. Esta caricatura de nuestras demandas sólo busca defender el sistema actual. Lo que realmente nos interesa es conseguir una educación pública, gratuita y de calidad, como derecho social y por fuera de las lógicas neoliberales. Y para que toda la sociedad discuta en profundidad los cambios en educación, es necesario poner varias ideas sobre la mesa.

En primer lugar, pensar la educación como derecho social no sólo implica democratizar las posibilidades de entrar a la universidad, sino también comprender que los resultados del proceso educativo deben ser útiles y necesarios para la gran mayoría del país. Esto quiere decir que la prioridad en la investigación y generación de conocimiento deben ser acordes a las necesidades que hoy vive nuestro pueblo. Que las y los profesionales que egresen, tanto de las universidades como de los centros de formación técnica e institutos profesionales, lo hagan formados bajo una fórmula integral.

El que las universidades no lucren debe ser un requisito de su existencia, así como también diversidad en la composición de su alumnado y el avance en la organización de sus comunidades educativas. Actualmente los y las alumnos más pobres de la sociedad se encuentran estudiando en universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales que lucran, en condiciones precarias (llegando incluso a no tener ni siquiera enfermerías o salas suficientes), bajo amenaza de DICOM cuando no pueden pagar aranceles, censurándolos o castigándolos cuando realizan actividades fuera de lo meramente académico.

Lo anterior implica que es la sociedad la que se preocupa de la sociedad. Es decir, se hace cargo de sostener un sistema público de educación. Así, la gratuidad es indispensable, entendida como la eliminación de los aranceles y de todo tipo de pago directo a la educación superior pública por parte de los estudiantes y sus familias, siendo financiada a través de impuestos a los grandes capitales.

Entendemos, además, que la gratuidad debe desarrollarse priorizando las universidades estatales, sobre todo las regionales. En el contexto actual, pasados treinta años de la reforma a la educación en dictadura, es el espacio estatal el que ofrece la posibilidad para que un proyecto realmente público se desarrolle. A diferencia de las universidades privadas que representan proyectos particulares, las universidades del Estado dan garantía de una potencial orientación social. Esto, en la medida de que sus proyectos apunten a satisfacer las necesidades e intereses del conjunto de la sociedad y que ésta pueda incidir en el proyecto institucional de la universidad. Por ende, es la universidad estatal a la que se puede exigir total pluralidad, al no estar sujeta al prisma ideológico de sus dueños, y por lo tanto dirigir su extensión, docencia e investigación a las diversas realidades sociales.

Se ha dicho que introducir gratuidad al sistema tal como está sólo hará que se financien los estudios de las y los más ricos. Es por eso que lo que buscamos no se agota en la educación gratuita. Es necesario reformar radicalmente el acceso a la educación superior, para que deje de operar como un filtro de clases sociales

Actualmente, sólo el 15,6% de las y los estudiantes están matriculados en una universidad estatal. Producto de los altos aranceles, la barrera de la PSU y el sistemático abandono del Estado, la educación universitaria estatal no ha sido opción para cientos de miles de estudiantes. Si queremos fortalecer lo público, hay que aumentar no sólo sus presupuestos y excelencia, sino que también su capacidad de albergar nuevos alumnos. Este ensanchamiento de la matrícula estatal implicaría abrir las puertas a los estudiantes más pobres y desplazar a las instituciones privadas que ofrecen proyectos de baja calidad.

El fortalecimiento de la educación pública debe traer consigo el crecimiento de la democracia universitaria. La democratización de la educación en todos sus niveles es un elemento fundamental en esta lucha. Cuando decimos que queremos participación multiestamental no sólo planteamos la necesidad de participación, sino que en el fondo disputamos el monopolio de la reproducción social y que la creación de conocimiento esté orientada hacia las mayorías.

Por último, está el fin al lucro efectivo. El que las universidades no lucren debe ser un requisito de su existencia, así como también diversidad en la composición de su alumnado y el avance en la organización de sus comunidades educativas. Actualmente los y las alumnos más pobres de la sociedad se encuentran estudiando en universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales que lucran, en condiciones precarias (llegando incluso a no tener ni siquiera enfermerías o salas suficientes), bajo amenaza de DICOM cuando no pueden pagar aranceles, censurándolos o castigándolos cuando realizan actividades fuera de lo meramente académico (como vimos esta semana en la Universidad Santo Tomás por un simple homenaje a las víctimas del Caso Degollados). Éste debe ser un eje prioritario: un marco regulatorio para las universidades privadas que garantice mejores condiciones para sus estudiantes, académicos y trabajadores. Tal marco regulatorio debe funcionar a través de la más directa fiscalización.

Sabemos que lo que buscamos es grande y complejo, llevamos años en las calles constatándolo. Estamos en medio de un proceso que se ve difícil, pero nuestro objetivo sigue intacto y nuestra moral debe seguir arriba. Para salir victoriosos se necesita de todos y todas, porque la fortaleza del movimiento estudiantil es la suma de cada uno de los cientos y miles de estudiantes que lo han construido.

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