¿Tiene alguna lógica este planteamiento de nuestra Presidenta? ¿Resiste algún mínimo grado de análisis? La verdad es que ninguno. Es un garrafal error conceptual, indigno de personas que se precian de ser especialistas en el tema tributario.
Se entregó por fin a la consideración del Congreso el proyecto de Reforma Tributaria y comienzan a despejarse las dudas que lo rodeaban. ¿Qué calificación merece? ¿Pasa la prueba, queda para marzo o, lisa y llanamente, no da el ancho? Difícil pregunta, pues se trata de un proyecto complejo, donde conviven medidas bien orientadas, que apuntan en el sentido correcto, con otras más que discutibles y algunas, derechamente, equivocadas, que revelan, incluso, errores conceptuales graves. En palabras de la Presidenta, podríamos calificarlo como un “mamotreto”, un contradictorio popurrí elaborado contra el tiempo y por ello, al parecer, sin todo el análisis, la maduración y la reflexión que son indispensables en una iniciativa de tanta relevancia.
Hay buenas proposiciones en él, por cierto. La eliminación del 57 bis es, evidentemente, un acierto, al igual que la derogación del DL 600. Ambos preceptos incorporaban granjerías que, en estos tiempos (y siempre, en realidad), son inaceptables. Uno puede alegar por la fecha de la entrada en vigencia de ambas modificaciones. Después de todo, ¿cuál sería la razón para mantener durante tres años más privilegios que se consideran inaceptables? ¿Aguardar a que los privilegiados se ajusten al nuevo escenario? Se olvida, al parecer, que todo privilegio conlleva, como contrapartida, un perjuicio, y que si se mantiene el primero también, a la vez, se está manteniendo el segundo. Todo ello sin considerar que se corre el riesgo de que la próxima administración eche pie atrás, y la medida ni siquiera alcance a ser implementada.
¿Cuáles son los defectos que evidencia la propuesta, sus manifiestos errores? Podríamos partir señalando el tema de los parches. Es una reforma parchada. ¿Alguien dijo que hacía agua por el lado de la rebaja de los impuestos a quienes participan en el proceso legislativo? Pues, pongámosle un parche. ¿Que el líquido elemento está entrando por el lado de la estructura de propiedad de las empresas? Bueno… otro parche. Cuando, en medio del necesario debate, aparezcan nuevas fisuras, otras vías de escape (que van a aparecer, no le quepa la menor duda), ¿cuál será la reacción? ¿Nuevos parches? ¿Es ésa una forma seria de legislar? No sé qué le parece a usted, estimado lector.
Podríamos seguir por el lado de la evidente, e innecesaria, presión que este proyecto descarga sobre el SII. Sin ninguna razón plausible, le achaca responsabilidades, y le otorga facultades, que son al menos cuestionables. ¿Cómo va a ejercerlas el SII? Misterio. Lo puede hacer bien, regular o mal. Las posibilidades son infinitas. ¿Y qué pasa si lo hace mal? ¿Si no cumple bien estas nuevas funciones? ¿Y qué ocurrirá con el sagrado derecho a pataleo? ¿Tendremos los tribunales llenos de juicios originados por resoluciones de una autoridad administrativa, a la que se le asignó un papel que no le corresponde? Sabemos que hay grupos económicos que tienen muy buenos equipos de abogados, llenos de contactos e influencia. ¿Cómo se va a manejar ese riesgo? ¿Para qué abrir esa puerta?
[cita]¿Tiene alguna lógica este planteamiento de nuestra Presidenta? ¿Resiste algún mínimo grado de análisis? La verdad es que ninguno. Es un garrafal error conceptual, indigno de personas que se precian de ser especialistas en el tema tributario.[/cita]
El tema más serio en este ámbito, sin embargo, es el de las malas tentaciones. Hay demasiado dinero en juego cuyo destino queda en manos de resoluciones de la autoridad administrativa. Eso, como es archisabido, es una vía directa a la corrupción. Es la ocasión la que hace al ladrón, no lo olvidemos. ¿Cómo eliminarán los amigos de la Nueva Mayoría ese riesgo? ¿Con un sistema de vigilancia estable? ¿Una auditoría permanente? Han estado apareciendo, con el estado actual de las cosas, casos de corrupción que involucran al SII. Es posible que sean la punta del iceberg. ¿Qué pasará si se incrementa tanto el potencial botín como lo está haciendo esta propuesta? Lo peor de todo es que se trata de riesgos innecesarios, que no tendrían por qué correrse.
Otra yaya de la propuesta es la rebaja de la tasa tope de los impuestos personales. Con la tabla vigente, quienes están afectos a ella son todos quienes obtienen rentas superiores a los $ 6.115.800 mensuales. ¿Qué porcentaje de la población representan? ¿Forman ellos parte de la clase media? Parece que no, ¿verdad? ¿Por qué entonces la propuesta de la Nueva Mayoría los quiere beneficiar? Es evidentemente una medida inequitativa. Quienes obtienen más beneficios de su posición relativa en la sociedad, deberían también aportar más a mantener la estructura que hace posible tal situación. Equidad vertical la llaman: quienes más ingresos perciben, deben pagar mayores tributos. Me atrevería a decir, incluso, que la tasa tope debiese ser más alta. Mal que mal, según cifras no desmentidas, el 1% más rico de nuestra sociedad percibe alrededor del 30% del PIB. ¿No debería acaso tributar en proporción a tan enorme porcentaje?
Bajar la tasa tope es una medida inequitativa, que favorece sólo a un grupo de privilegiados, qué duda cabe. Va en sentido absolutamente contrario del mensaje de mayor igualdad que postula Michelle Bachelet. Habría que preguntarse entonces cuál es la verdadera razón por la que ella borra con el codo lo que escribe con la mano. Por sus hechos los conoceréis, decía un conocido profeta de la Antigüedad.
Pero no crea usted que esto es lo único. Hay bastante más paño que cortar, con un FUT que se termina pero que no se termina, por ejemplo, o como la mantención del aberrante “subsidio a las constructoras”, que es una demostración práctica de lo que ocurre cuando usted deja al gato cuidando la carnicería.
Pero ninguno de los anteriores, todos relevantes, es EL gran cuestionamiento que hay que hacerle a esta propuesta. Tan nefasto privilegio lo ocupa, sin lugar a dudas, la mantención del “sistema integrado” de impuesto a la renta, cuyo efecto más dramático es la perpetuación de la inequidad tributaria en nuestro sistema impositivo.
Déjeme darle un ejemplo. ¿Sabe usted cuánto le cuesta al erario nacional la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras? ¿No? No se preocupe, yo se lo informo: según el último presupuesto, financiar este organismo creado con el exclusivo propósito de controlar el adecuado funcionamiento de las empresas que le dan el nombre, le cuesta al Estado la friolera de $ 42.816 millones (77,3 millones de dólares, al cambio de hoy). ¿Sabe usted con cuánto aportarán, con la propuesta de Michelle Bachelet, los bancos para enfrentar tan enorme gasto? Pues, con nada. Cero pesos. ¿Por qué? Pues, porque los impuestos que pagarán los bancos se destinarán a pagar los impuestos personales de sus propietarios.
Uno puede revisar el presupuesto de la nación (tiene un detalle suficientemente escueto como para que uno no se haga preguntas capciosas) y hacer una suma rápida para determinar cuánto gasta el Estado en financiar organismos que deben su existencia de manera exclusiva a las empresas. La suma es exorbitante: $ 1,08 billones; casi USD$ 2.000 millones al año, de los cuales las empresas no aportan ni uno. Cero pesos. ¿Por qué? Porque la propuesta de Michelle Bachelet establece que los impuestos pagados por las empresas no son de beneficio fiscal, sino meros anticipos de los impuestos personales de sus propietarios.
¿Tiene alguna lógica este planteamiento de nuestra Presidenta? ¿Resiste algún mínimo grado de análisis? La verdad es que ninguno. Es un garrafal error conceptual, indigno de personas que se precian de ser especialistas en el tema tributario. Pruebas al canto: ningún país de la OCDE tiene un sistema siquiera parecido. En todos ellos, los tributos pagados por las empresas son de beneficio fiscal, como debe ser. ¿Son tan ciegos acaso estos señores que no comprenden los beneficios de los sistemas integrados? ¿Que no se percatan de la lógica que los respalda? Obviamente, no. Ellos se preocupan de la EQUIDAD de sus sistemas tributarios y, por eso, ni siquiera se atreverían a plantear algo semejante. ¿Y qué dicen los gurúes tributarios al respecto? Pues algo muy simple: plantean el principio del beneficio como uno de los lineamientos básicos que debe cumplir todo buen sistema tributario. ¿Qué dice el mencionado principio? Todos quienes reciben servicios estatales, personas u organizaciones, deben contribuir a financiarlos en proporción a los servicios que reciben.
¿Y por qué razón plantean eso? Muy simple. Si ello no ocurre, si las empresas no concurren al financiamiento de tales servicios, estamos en presencia de un subsidio. Entre todos, ricos, clase media, pobres, estamos financiando los servicios estatales que consumen las empresas. Los que consumen los grandes grupos económicos. ¿Puede haber, aparte de la esclavitud por cierto, algo más inequitativo que eso? Pues bien, Michelle Bachelet lo está institucionalizando, dejándolo a firme, al menos por los próximos cuatro años. Pero, ¿no habíamos quedado en que este sistema mejoraría la desigualdad? Aaaah, las palabras… cuán luego se las lleva el viento.
La pregunta aquí es ¿por qué,? ¿por qué razón actúa así nuestra Presidenta? ¿Qué la mueve a promover un sistema tan inequitativo? Y por favor no me vengan con la tonterita de la “doble tributación”. ¿Desde cuándo las empresas y los empresarios son lo mismo? Muéstrenme un solo libro de administración, uno solo, por básico que sea, donde se afirme tal falacia. La utilidad antes de impuesto, señores, NO pertenece en su totalidad a los empresarios. Antes de que ello ocurra, hay que terminar de rebajar los gastos necesarios para generar la renta, vale decir, el pago por los servicios públicos que consumen las empresas. Piense usted, si pagan por todos los demás servicios que consumen, ¿por qué por estos no? ¿Porque los entrega el Estado? Por favor, señores, seamos serios, como decía el presidente del MOP-GATE.
Así que en ésas estamos, con un mamotreto lleno de parches que consolida la brutal inequidad de nuestro sistema tributario. ¿Aprueba o reprueba, estimado lector, la propuesta de reforma tributaria de la Nueva Mayoría? ¿Qué opina usted?
Una de las acepciones más relevantes del término “coherencia”, estimada Presidenta, es la plena concordancia entre las palabras y los hechos. Es tan importante tenerlo presente… Y aplicarlo, desde luego.
