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Por una política de Estado para nuestro desarrollo científico-tecnológico

por 8 abril 2014

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo, como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

En los últimos días se ha producido gran agitación sobre el retiro por parte del nuevo gobierno del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología presentado por la administración de Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato.

Como se recordará, en el año 2012 el entonces ministro de Economía Pablo Longueira provocó una enorme reacción de rechazo de la comunidad científica al anunciar que el gobierno estudiaba el traspaso de CONICYT a su cartera. Ante la ola de críticas recibidas y para evitar una escalada mayor, el ex Presidente Piñera suspendió dicha medida y designó una Comisión Asesora para que hiciera recomendaciones sobre una nueva institucionalidad para la Ciencia, la Tecnología y la Educación. De las recomendaciones entregadas por esa comisión, retuvo sólo aquella de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Cabe preguntarse por qué no presentó su proyecto de ley antes, el año 2013, en vez de dejarlo para las últimas horas de su mandato. El postrer proyecto de ley de la administración Piñera adquirió así el carácter de un recurso simbólico, susceptible de recabar algunas simpatías en la comunidad científica nacional, con vistas a posteriores justas electorales.

Pero un análisis más acucioso de las reivindicaciones de la comunidad científica nacional muestra que la reivindicación principal es la de disponer de una política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología.

En sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, ha quedado en evidencia que nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno. Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Entre esos, el más antiguo y más ampliamente utilizado ha sido FONDECYT. Otros han tenido vidas más efímeras, en no pocos casos producto de visiones más bien individuales que inspiradas en estrategias de desarrollo de largo alcance, fraguadas en amplia consulta a la comunidad académica.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo, como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Al iniciarse un nuevo gobierno que pretende hacer importantes cambios estructurales en el Estado, esta comunidad está a la espera de que se promueva una amplia discusión nacional al respecto. Se ha recordado, por ejemplo, que la ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. De manera más precisa, para garantizar que este Consejo elabore una política de desarrollo de largo plazo, con verdadera independencia del gobierno en ejercicio, se propone que sólo un tercio de sus miembros sea designado, en tanto los dos tercios restantes sean elegidos entre pares. A este respecto, hay numerosas bases de datos (FONDECYT, Sociedades Científicas, Academia de Ciencias) que pueden ser usadas para hacer un catastro de los científicos elegibles y con derecho a elegir. Indudablemente, la creación (o reactivación) de este Consejo tiene la mayor prioridad con respecto a otras medidas institucionales.

A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es ciertamente importante avanzar en la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea un órgano ejecutor de las políticas decididas en el Consejo. Pero conviene ver esta instalación como un proceso que comience con una Subsecretaría en el Ministerio de Educación, que asuma como primera tarea recuperar la gestión de los diversos fondos de financiamiento de la investigación en el país. Gradualmente, haciéndose cargo de otras reivindicaciones muy sentidas, como la carrera del Investigador, la inserción de doctorados en la Educación Superior o en la industria nacional, realizando un muy serio estudio sobre materias presupuestarias, podría esta Subsecretaría devenir un Ministerio. Los Ministerios de Ciencia de los países de la OCDE pueden en este tema ser de una gran ayuda, con asesorías técnicas que ayuden a traspasar experiencias de diseño presupuestario en estas materias.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo, como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

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