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¿Y si hablamos de educación?

por 8 abril 2014

Aunque en la actualidad parezca contraintuitivo, no todo es educación ni ésta se agota en la educación superior. Ella, a su vez, no es sinónimo de educación universitaria, y en ésta los desafíos no se acaban, ni de cerca, en la gratuidad o en el trato hacia las universidades estatales. Son discusiones relevantes, pero no las únicas ni necesariamente las más importantes.

En un escenario político en muchos sentidos incierto, pareciera haber una única seguridad: la agenda pública seguirá determinada por las discusiones sobre educación. Si queda alguna duda, basta revisar quiénes han sido los protagonistas de las últimas semanas: primero la presidenta de la FEUC, quien sugirió que su propia universidad (dado su carácter confesional) no debería recibir financiamiento estatal; luego el ministro de Educación, cuya entrevista en TVN dio las primeras luces –tan rimbombantes como equívocas– sobre “la reforma de las reformas”; y finalmente el rector de la Universidad Católica, quien lideró el quiebre de las universidades tradicionales no estatales con el Consejo de Rectores. Es importante advertir que no es nuevo el hecho de que, frente a los tópicos educacionales, toda otra disputa pase a segundo plano: en algún modo desde la revolución pingüina, y definitivamente a partir del movimiento estudiantil, nuestro debate político ha tendido a reducirse a la educación.

El fenómeno, qué duda cabe, ha sido positivo en muchos aspectos: hasta hace no tanto tiempo ciertas situaciones escandalosas apenas nos llamaban la atención; por ejemplo, la irregular situación de ciertas universidades o el antiguo funcionamiento del Crédito con Aval del Estado. El punto es que no conviene encandilarnos, porque este enfoque ha tenido más de un exceso: una cosa es enfrentar los problemas comunes o sociales relativos al fenómeno educativo, y otra muy diferente creer que podemos resolver todas nuestras tensiones y divergencias políticas desde la educación. Cuando caemos en esta ilusión, los mayores perjudicados son los niños y jóvenes más vulnerables, los mismos que en justicia merecen la anhelada mejora educativa. Porque ésta difícilmente llegará si continuamos el derrotero que estamos siguiendo hoy en día, ya que, en rigor, los temas propiamente educativos no figuran entre nuestras prioridades.

Aunque en la actualidad parezca contraintuitivo, no todo es educación ni ésta se agota en la educación superior. Ella, a su vez, no es sinónimo de educación universitaria, y en ésta los desafíos no se acaban, ni de cerca, en la gratuidad o en el trato hacia las universidades estatales. Son discusiones relevantes, pero no las únicas ni necesariamente las más importantes.

Lo anterior no es una exageración. Más allá de las buenas intenciones, pareciera que estamos llegando a un estado de cosas algo absurdo: hablamos mucho de financiamiento y de gratuidad, pero prestamos muy poca atención a los contenidos y a la manera en que ellos deben ser transmitidos. En otros términos, debatimos acaloradamente sobre el financiamiento, pero sin detenernos en qué es lo que estamos tratando de financiar. Obviamente, son ámbitos estrechamente vinculados, pero no son lo mismo: una cosa son las condiciones que hacen posible el proceso educativo –como el financiamiento–, y otra diversa sus elementos propiamente constitutivos.

Sin duda, ambos son importantes pero, justamente por eso, no es razonable dedicar atención y esfuerzos sólo a los primeros. La distinción no es trivial, y el mejor ejemplo son aquellos temas que han quedado prácticamente en el olvido: basta pensar, entre otros, en las habilidades cognitivas, el papel de los padres, la educación inicial, la carrera docente, los contenidos de aprendizaje y los textos escolares. ¿No son muchos los aspectos relevantes que sencillamente no estamos considerando? ¿No tendríamos que escuchar más a los educadores? ¿No hemos incurrido en más de un reduccionismo al abordar estos asuntos?

Aunque en la actualidad parezca contraintuitivo, no todo es educación ni ésta se agota en la educación superior.

Ella, a su vez, no es sinónimo de educación universitaria, y en ésta los desafíos no se acaban, ni de cerca, en la gratuidad o en el trato hacia las universidades estatales. Son discusiones relevantes, pero no las únicas ni necesariamente las más importantes. En rigor, aquí existe una paradoja de la que más vale tomar pronta conciencia: se critica hasta la saciedad el proceso que a nivel global amplió la cobertura a costa de la calidad, pero ésta una vez más ha sido ampliamente ignorada. Y esto es cualquier cosa, menos inocuo: si no dirigimos nuestra mirada a las salas de clases y a las aulas universitarias, todo indica que volveremos a tropezar con la misma piedra.

Salir de este embrollo es posible, pero exige, mal que nos pese, terminar con los reduccionismos y, por tanto, hacer política a partir de un concepto más robusto de educación. ¿Seremos capaces de estar a la altura? ¿Existirá en los actores más relevantes algún grado de disposición para ampliar su perspectiva? ¿Estaremos disponibles, en definitiva, para orientar la política al servicio de la educación, y no al revés?

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