Domingo, 25 de septiembre de 2016Actualizado a las 14:14

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Más allá de la dieta parlamentaria

El sueldo que reciban los legisladores y el monto de sus asignaciones debe necesariamente darse en el marco de la naturaleza del trabajo legislativo, y debe procurar facilitar la representación política y el vínculo con los electores, que es donde reside la tarea esencial de diputados y senadores. Lamentablemente, la propuesta de los diputados Jackson y Boric tiene una recepción más significativa en la opinión pública –lo cual le da unos innegables tintes demagógicos– e impide que la discusión llegue a materias más relevantes para el funcionamiento del sistema político.

Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric presentaron una moción que busca, por un lado, reducir a la mitad el sueldo que reciben los congresistas y, por otra parte, fijar en veinte sueldos mínimos el límite ético a dicha remuneración. Los dos pilares fundamentales del proyecto de ley son la desigualdad de ingresos existente en Chile —nada novedoso, por cierto– y la necesidad de regular la forma en la cual se fija la dieta de los legisladores, algo realmente necesario en nuestro país, pues hasta ahora son los propios diputados y senadores quienes fijan sus remuneraciones y asignaciones, algo impensable en cualquier trabajo.

En términos generales, el proyecto es pobre tanto en su diagnóstico como en las propuestas que realiza para resolver los problemas que identifica. Primero, pues no señala de manera concreta cómo la rebaja en el sueldo de los legisladores impacta en la desigualdad, de lo que se desprende la futilidad de profundizar este punto, y llega tarde a un debate que se está desarrollando gracias a la Reforma Tributaria y del cual la Presidenta se hace cargo en su programa de gobierno y busca atacarlo de raíz. Pero ocurre también que no contribuye de ninguna forma a perfeccionar la gestión del presupuesto de los congresistas –ya sea aquello que se destina a los sueldos o a las asignaciones– o el desempeño de las Cámaras en la formación de las leyes. La solución termina siendo una ley de iniciativa exclusiva del Presidente –lo cual probablemente sí precisaría de una reforma constitucional al Art. 65° para incorporar esta materia como iniciativa exclusiva del primer mandatario– que fijará el sueldo de los legisladores, con lo cual se le entrega una poderosa herramienta de control al jefe del Ejecutivo frente a un Congreso que históricamente ha defendido sus facultades y que formalmente, desde 1990, es mucho más débil y reactivo frente al Presidente, que goza de una significativa capacidad de agenda con escaso contrapeso.

El sueldo que reciban los legisladores y el monto de sus asignaciones deben necesariamente darse en el marco de la naturaleza del trabajo legislativo, y deben procurar facilitar la representación política y el vínculo con los electores, que es donde reside la tarea esencial de diputados y senadores. Lamentablemente, la propuesta de los diputados Jackson y Boric tiene una recepción más significativa en la opinión pública –lo cual le da unos innegables tintes demagógicos– e impide que la discusión llegue a materias más relevantes para el funcionamiento del sistema político.

Sin embargo, a pesar de la pobre calidad del proyecto de ley, éste se convierte en una oportunidad para llevar la discusión a elementos sustantivos, realmente importantes y con verdadero impacto en el trabajo del Congreso Nacional. Un primer punto relevante es la profesionalización de la actividad legislativa. En otros Congresos o Parlamentos, los Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, existen cuerpos profesionales de asesores que constituyen una burocracia legislativa altamente especializada. En Chile eso no ocurre y gran parte de las asesorías corren por cuenta de los partidos políticos, los think tanks ligados a ellos o los propios congresistas. Poseer asesorías profesionalizadas permite mejorar la formación de las leyes, reducir la posibilidad de que ocurran bochornos como aquellos proyectos de ley que usan a yahoo answers como fuente, y regular de mejor forma los dineros que se gastan por este concepto, procurando mayor transparencia y probidad, y asesores mejor calificados. A lo anterior se suma que sueldos bajos y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas generan el caldo de cultivo ideal para que grupos económicos pueden ir un paso más allá del lobby y se generen instancias de abierta corrupción y soborno.

Un aspecto normativo central de la democracia es que todos los ciudadanos deben tener la misma opción para ocupar un cargo público, sin importar su profesión, educación o procedencia. Las asesorías acordes cobran mayor importancia cuando se busca esa pluralidad en las Cámaras, ya que permite que Diputados o Senadores sin una formación especializada, dispongan de las herramientas técnicas acordes para concurrir a la formación de las leyes y las discusiones en el hemiciclo, reduciendo así barreras que obstaculizan el ejercicio de la representación política, entendida de una forma más sofisticada a como lo hacen los diputados Boric y Jackson en su proyecto de ley.

La transparencia en el uso de los recursos del Congreso es otro aspecto relevante. Cada cierto tiempo aparece en los medios algún acto reñido con la probidad derivado del uso de las asignaciones que se les entregan a los congresistas, especialmente aquellas que se entregan para el arriendo de sedes distritales o incluso fondos que se pueden usar para construir redes clientelares a nivel territorial, especialmente en distritos de más escasos recursos. Es necesario generar mecanismos que permitan una administración más eficiente de ese presupuesto, que incluya formas de accountability, transparencia y fiscalización, en aras de resguardar el interés público, pero también mejorar el trabajo de los legisladores y su relación con los ciudadanos, particularmente con aquellos que representan.

El sueldo que reciban los legisladores y el monto de sus asignaciones deben necesariamente darse en el marco de la naturaleza del trabajo legislativo, y deben procurar facilitar la representación política y el vínculo con los electores, que es donde reside la tarea esencial de diputados y senadores. Lamentablemente, la propuesta de los diputados Jackson y Boric tiene una recepción más significativa en la opinión pública –lo cual le da unos innegables tintes demagógicos– e impide que la discusión llegue a materias más relevantes para el funcionamiento del sistema político. Por otra parte, ojalá que el sueldo mínimo en Chile fuese más alto o que los profesores ganasen más, pero esas discusiones se deben dar en un marco especial que atienda a las particularidades de cada uno de esos empleos. Mezclar todo sólo confunde a la opinión pública y la lleva a tomar posiciones erradas.

Un escenario ideal en el contexto actual sería buscar sustituir el pobre articulado del proyecto Jackson-Boric, por una discusión mucho más profunda y sustantiva para el poder legislativo, que cuente además con el patrocinio de otros actores. Sin eso, la propuesta se vuelve vacía y, sin negar la buena fe de los diputados, pierde cualquier utilidad para perfeccionar nuestro sistema político y para mejorar la democracia.

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