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Mar para Bolivia: un debate ineludible

por 15 abril 2014

Mar para Bolivia: un debate ineludible
Este martes 15, Bolivia hará efectiva la presentación de su memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que busca instar a que dicho Tribunal pueda forzar a Chile a que tome la decisión de negociar una salida al mar para el vecino país.

La tarea no parece sencilla, pues el principal obstáculo que presenta la aspiración de Palacio Quemado es la de obtener acceso al mar con soberanía, y cuya prerrogativa no ha tenido mucha aceptación por parte de Chile. Además, tal decisión no pasa única y exclusivamente por Chile, sino que implica la consulta al Perú bajo el marco del Tratado de 1929 y su acuerdo complementario, el que en su artículo primero sostiene que: “Los Gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales”. Si a eso le sumamos que para Chile el Tratado de Paz y Amistad de 1904 zanjó cualquier diferencia territorial entre ambos países y que desde ahí en adelante la teoría negacionista ha sido utilizada permanentemente para descartar temas pendientes entre los países vecinos, el panorama de entendimiento bilateral se ve más bien difuso.

No por ello la estrategia del presidente Morales, y en particular de su Canciller, fue aludir a cuestiones “expectaticias”, que –a juicio de Choquehuanca– consisten en que por años Chile produjo instancias de diálogo tendientes a dar solución al encierro geográfico boliviano. Por ello se puso especial atención a tres hechos históricos, como son las conversaciones sostenidas entre los países bajo los gobiernos de Gabriel González Videla, por lado chileno (1946-1952), y de Enrique Hertzog, por lado boliviano (1947-1949). El Abrazo de Charaña de 1975, encuentro bilateral entre los dictadores Augusto Pinochet, por parte de Chile (1973-1990), y de Hugo Banzer, por Bolivia (1971-1978). Finalmente, se consideró como relevante la agenda de los 13 puntos, instancia de diálogo abierta por la actual Presidenta, Michelle Bachelet, en 2006.

Como no se ha precisado nada sobre su aspiración, Bolivia ha argumentado que Chile ha tenido la intención de negociar y que estas voluntades dan pie para pensar en los elementos expectaticios. Esto último tendría un antecedente jurídico bastante interesante, al sostener que su base estaría dada por actos unilaterales del Estado chileno, en los cuales no sólo los tratados obligarían, sino que también los actos bajo la voluntad gubernamental, los cuales representarían un elemento superlativo dentro de la conformación del derecho internacional.

Este martes 15, Bolivia hará efectiva la presentación de su memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que busca instar a que dicho Tribunal pueda forzar a Chile a que tome la decisión de negociar una salida al mar para el vecino país.

Es decir, los actos unilaterales entre los Estados se transformarían en un mecanismo de obligación jurídica internacional, tal vez complejo en su comprensión, pero no muy difícil de ser probado. Esto, porque los actos unilaterales tendrían cierta doctrina (Venturini, por ejemplo), como la existencia de jurisprudencia internacional, cuestión que los abogados chilenos ya deberían tener en conocimiento.

Todo esto no puede ser visto como irrelevante, puesto que ante el reciente fallo de la CIJ sobre la demanda peruana, el presidente del tribunal, Peter Tomka, incluyó una serie de elementos donde el caso boliviano fue considerado en la lectura, al punto de hacer especial referencia al abrazo de Charaña, y que podrían interpretarse como señales de la permanencia de una situación pendiente.

Frente a esto y ante los resultados ocurridos con la demanda peruana, se hace necesario que Chile asuma con seriedad y responsabilidad los argumentos de Palacio Quemado y que la tesis negacionista dé señales de debilitamiento a futuro y que las relaciones políticas puedan retomarse progresivamente para el bien de una sana convivencia vecinal y bilateral.

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