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¿Cómo sabe usted que la educación es un fraude?

por 16 abril 2014

El Estado – nadie lo discute– no puede financiar negocios fraudulentos; mucho menos si esos negocios venden una ilusión bajo el disfraz de ‘educación’. El problema es que, hasta la fecha, da la impresión de que ni el Estado, ni los profesores, ni los padres parecen contar con herramienta alguna para distinguir entre lo que es un fraude y lo que no.

El Estado –nadie lo discute– no puede financiar negocios fraudulentos; mucho menos si esos negocios venden una ilusión bajo el disfraz de ‘educación’. El Estado no puede tampoco acreditar, y de esa forma garantizar con el sello de la confianza, a instituciones poco serias que no tengan un estándar mínimo de calidad en lo que, se supone, ofrecen.

En todo lo anterior el acuerdo es unánime, como absoluta es también la coincidencia en lo que se refiere al diagnóstico: la educación en Chile es mala, pésima, y no sólo en los colegios públicos.

¿Qué significa eso? Que el debate sobre la reforma educacional no se da entre quienes defienden el statu quo y entre los que aspiran a cambiarlo. Porque todos coinciden en la necesidad de realizar cambios y todos entienden también que esos cambios exigen aumentar considerablemente la inversión que se hace en educación.

Si las intenciones del Gobierno fueran serias o, mejor aún, si fuera serio el Gobierno de las buenas intenciones, la Reforma Tributaria no habría tenido por tanto la preeminencia que ha tenido; entre otras cosas, porque de poco sirve recaudar fondos o multiplicar los recursos si no hay una idea clara acerca de cómo ellos deben ser utilizados.

El hecho es que, esa idea clara, no existe. Y no existe porque la pregunta esencial ni siquiera ha sido formulada. ¿O alguna vez alguien ha preguntado, en serio, cuál es la diferencia entre una persona educada y una que no lo es?

El Estado –nadie lo discute– no puede financiar negocios fraudulentos; mucho menos si esos negocios venden una ilusión bajo el disfraz de ‘educación’. El problema es que, hasta la fecha, da la impresión de que ni el Estado, ni los profesores, ni los padres parecen contar con herramienta alguna para distinguir entre lo que es un fraude y lo que no.

La respuesta a esa pregunta no será nunca –no puede serlo– una respuesta única; pero esa diferencia (que es no solo legítima sino incluso deseable) no vuelve imposible la tarea de llegar a ciertos acuerdos mínimos acerca de aquello que se considera bueno en educación. Y bueno, en este contexto, se debe entender como bueno para la patria y no como funcional a la ideología partidaria.

Una buena educación es aquella que aleja al niño de su condición innata de salvaje; algunos se creerán eso de que el primitivismo y la bondad se identifican, pero yo, que vivo con muchos que se encuentran en ese estado, puedo garantizar que el proceso civilizatorio es esencial. El pequeño salvaje debe convertirse en ciudadano.

¿Y qué significa eso en concreto? Que debe comprender, desde muy pequeño y gracias a la educación, que su existencia no se justifica si su propósito único y principal es el de la mera subsistencia, aún cuando esa subsistencia alcance el nivel del lujo. Ser un buen ciudadano es, por tanto, concebir la propia vida en relación con alguien más que uno mismo y eso… por prescripción de la propia naturaleza.

Un buen ciudadano es, en la misma línea, un individuo que entiende que la condición de parásito que caracteriza las dos primeras décadas de vida no se puede mantener ad infinítum. Es duro, pero es cierto y, como dice Serrat, lo que la verdad no tiene es remedio.

De todo lo anterior se desprende una obviedad: una persona educada no puede ser buena para nada. El cultivo de intereses y el desarrollo de aptitudes hacen que la persona educada pueda ejercer una profesión o un oficio con verdadera competencia.

¿Qué es lo que tenemos, en cambio? Jóvenes cuyo dilema es, o hijos de papá o hijos del Estado; que planean su vida en función del carrete del fin de semana, que a estas alturas empieza el jueves; que pasan 12 años de su vida estudiando para eruditos y no alcanzan siquiera un mínimo grado de alfabetización.

El Estado –nadie lo discute– no puede financiar negocios fraudulentos; mucho menos si esos negocios venden una ilusión bajo el disfraz de ‘educación’. El problema es que, hasta la fecha, da la impresión de que ni el Estado, ni los profesores, ni los padres parecen contar con herramienta alguna para distinguir entre lo que es un fraude y lo que no.

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