Opinión
Debemos ahora avanzar al paso siguiente, que lo resumiría en dos puntos. Primero, las políticas de gobierno deben hacerse con la ciudadanía en procesos de participación ciudadana que sean reales, no solamente consultas figurativas para cumplir con un indicador. Aunque un poco utópico, esto consiste en volver técnicamente a una democracia más directa y apartarnos poco a poco de la democracia representativa –que, dicho sea de paso, ha dejado de serlo desde hace un tiempo; basta consultar acerca de la menguada confianza de la ciudadanía en los políticos, asunto que no tiene que ver necesariamente con la probidad, sino con la apropiada representatividad que ejercen–. Y, lo segundo, más políticas de Estado y menos políticas de gobierno. Queremos un mejor país, esa es nuestra vocación, y no un mejor conglomerado político.
En septiembre del año 2009, el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) y la CONAF firmaron un convenio para la ejecución de un plan de control de microbasurales en la parte alta de Valparaíso. El monto total de la inversión se determinó en 1.779 millones de pesos, para una ejecución de dos años. El objetivo consistía en retirar de los cerros y quebradas 9.200 toneladas de basura, consistente en residuos domiciliarios, residuos voluminosos, maleza y otros desperdicios. De acuerdo a todos los informes de expertos de las distintas instituciones públicas y privadas con competencia en el tema, esta enorme cantidad de basura, depositada mayormente en las quebradas, constituía un riesgo inminente de incendio, además de foco de innumerables infecciones.
El plan de «recuperación de quebradas», como se le denominó, se diseñó con una metodología basada en procesos de participación ciudadana, que incluyó a 175 dirigentes sociales.
Con ellos se elaboró el diagnóstico, se diseñó el plan de ejecución y se determinaron las quebradas y microbasurales a intervenir. Para hacerlo se emplearía en el programa a 250 personas, vecinos y residentes de las mismas quebradas, preferentemente cesantes. Además se diseñaron talleres de formación ambiental para vecinos y vecinas, y un plan de educación ambiental en 33 colegios de la comuna, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 8 años.
Los vecinos agrupados en mesas barriales, a su vez, diseñarían las intervenciones en los espacios recuperados, para reconvertirlos en plazas, parques de juego, miradores, jardines, etc. Esta forma participativa de elaborar planes y programas resultaba interesante para el ejercicio democrático, toda vez que el beneficiario se convierte en actor de su propio destino y se apropia de las intervenciones que se realizan en su población, barrio o sector.
Por primera vez en la historia más reciente de Valparaíso se había hecho una planificación con sentido y pertenencia local, apropiada a y por los vecinos y vecinas de los cerros. El plan, además, contaba con los recursos necesarios, que provenían del programa de recuperación impulsado por el Estado a raíz de la nominación de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Es decir, se entendía por las autoridades de aquel entonces, por los expertos internacionales que participaron en el diseño del programa –y, por supuesto, por los vecinos de Valparaíso– que esta intervención era sin duda parte de la recuperación patrimonial de la ciudad y además, para los residentes de los cerros, una medida preventiva contra la permanente amenaza de incendio que acecha a la comuna.
[cita]Pero en marzo del año siguiente asumió el nuevo gobierno y las recién llegadas autoridades que presidieron el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso –que incluía al director de Presupuestos de la Nación, al subsecretario de Desarrollo Regional y al Intendente de Valparaíso– estimaron que había otras prioridades para la ciudad y decidieron terminar con la iniciativa cuando sólo se había ejecutado un tercio del programa.[/cita]
La implementación del programa se inició con un éxito sin precedentes. Fue una asombrosa asociación virtuosa entre habitantes e instituciones públicas; diariamente se retiraban enormes cantidades de basura y reaparecían las hermosas quebradas de la ciudad. Los niños comenzaron a reapropiarse de los espacios recuperados y el riesgo inminente de incendios se disipaba. Éramos en ese entonces protagonistas de una nueva forma de hacer política: el Estado con la ciudadanía trabajan en conjunto, con requerimientos diseñados por los mismos vecinos, con una metodología de autogestión local con apoyo estatal. ¡Un sueño!
Pero en marzo del año siguiente asumió el nuevo gobierno y las recién llegadas autoridades que presidieron el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso –que incluía al director de Presupuestos de la Nación, al subsecretario de Desarrollo Regional y al Intendente de Valparaíso– estimaron que había otras prioridades para la ciudad y decidieron terminar con la iniciativa cuando sólo se había ejecutado un tercio del programa. Entonces todo volvió a ser como antes, y aquel riesgo de incendio que se estaba disipando reapareció, con las desastrosas consecuencias que viven hoy nuestra ciudad y sus golpeados habitantes. Otra vez se nos decía que el ejercicio democrático consiste en que hay un otro experto que toma decisiones por nosotros, y estas decisiones son las correctas.
No desestimo las competencias de los funcionarios públicos y las autoridades de gobierno, y creo todavía que hay una desinteresada entrega en la función pública. Respeto también la seriedad con que normalmente los funcionarios de las distintas reparticiones públicas atienden y sirven a su gente. Me consta que la vocación pública en Chile es parte de su tradición democrática y lo podemos vivir día a día. Pero ese no es el problema. Debemos ahora avanzar al paso siguiente, que lo resumiría en dos puntos.
Primero, las políticas de gobierno deben hacerse con la ciudadanía en procesos de participación ciudadana que sean reales, no solamente consultas figurativas para cumplir con un indicador. Aunque un poco utópico, esto consiste en volver técnicamente a una democracia más directa y apartarnos poco a poco de la democracia representativa –que, dicho sea de paso, ha dejado de serlo desde hace un tiempo; basta consultar acerca de la menguada confianza de la ciudadanía en los políticos, asunto que no tiene que ver necesariamente con la probidad, sino con la apropiada representatividad que ejercen–. Y, lo segundo, más políticas de Estado y menos políticas de gobierno. Queremos un mejor país, esa es nuestra vocación, y no un mejor conglomerado político. Nuestra tradición democrática es la entrega desinteresada en la función de gobierno para el bienestar de la población en su conjunto. No perdamos esto de vista: la continuidad de las cosas bien hechas, cualquiera sea el gestor, no desprecia ni menoscaba a quien las continua. Por el contrario, lo enaltece, porque es capaz de suspender su vanidad para el bienestar de su nación.
