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Del interés de lo público a lo público del interés privado: Distinciones que no dan lo mismo

por 19 abril 2014

En suma, los resultados de la formación profesional, de la investigación científica, o la transferencia tecnológica no son de suyo, ni por sí solo bienes públicos, tales connotaciones estarán dadas por el interés que motive su producción, es decir, por el origen de las demandas que gatillan su realización. En una sociedad democrática estas razones no requieren estar tras las bambalinas de las instituciones de educación superior, al contrario, el reconocimiento transparente de su existencia contribuye a fortalecer las verdaderas razones que inspiran a la democracia.

El inicio de la segunda administración Bachelet, y particularmente las declaraciones de su ministro de Educación, han reabierto un ya conocido debate en torno a la definición de lo público y particularmente respecto a la dilucidación de qué universidades pertenecen al régimen público y cuáles no. La discusión en torno a la diferenciación entre las universidades públicas y las que no lo son se ha presentado de manera relativamente recurrente en los últimos años, sin embargo, ella se ha mantenido más bien en círculos académicos, sin que logre traspasar estos ambientes de controversia intelectual. Una prueba de ello es que en lo cotidiano nos hemos acostumbrado al uso de un conjunto de términos tales como universidades públicas, estatales, con vocación pública, tradicionales, etc., sin reparar en el sentido profundo que estas adjetivaciones connotan, por lo que en la costumbre que crea el uso, sus significados prácticamente se han homologado.

Lo novedoso en este nuevo ciclo de debate sobre qué define a una universidad como pública, o bien, qué es lo que le niega esa condición está, por una parte, en que la discusión finalmente ha desbordado los contextos puramente académicos llevando su tratamiento a la conversación de la calle, a la portada del diario, al noticiero de la T.V. casi al mismo nivel de los goles del campeonato de fútbol nacional. Asimismo, los protagonistas de esta discusión ya no solo son académicos que a título personal manifiestan en un paper su opinión sobre el tema, sino que son los mismos representantes institucionales de las entidades involucradas, esto es los rectores, quienes definitivamente han optado por hacer pública y notoria no solo su opinión, sino que también su preocupación por imponer su propia visión de la definición de lo público.

En este contexto de visibilización de diferencias relevantes, se han esgrimido argumentos de distinta índole o desde diferentes esferas. Hemos presenciado definiciones desde lo jurídico, según el origen de lo recursos recibidos, de acuerdo al tipo de propietario, o el grado de ingerencia del Estado en la gestión de las universidades. Así resulta interesante la comparación que un columnista hace entre TVN y las Universidades Públicas, señalando que el Estado “no tiene sobre ellas verdadera tuición”; lamentablemente esta asimilación no considere que las respectivas Juntas Directivas o Consejos Superiores de la mayoría de estas instituciones se hayan conformados, entre otros, por representantes de la Presidencia de la República, esto a fin de que el Estado, a través del poder ejecutivo, participe en la decisión sobre un conjunto de materias de carácter estratégico para el desarrollo de estas casas de estudio.

En suma, los resultados de la formación profesional, de la investigación científica, o la transferencia tecnológica no son de suyo, ni por sí solo bienes públicos, tales connotaciones estarán dadas por el interés que motive su producción, es decir, por el origen de las demandas que gatillan su realización. En una sociedad democrática estas razones no requieren estar tras las bambalinas de las instituciones de educación superior, al contrario, el reconocimiento transparente de su existencia contribuye a fortalecer las verdaderas razones que inspiran a la democracia.

Dentro de las últimas consideraciones aludidas para distinguir entre universidades públicas y no públicas están los tipos de bienes que estas corporaciones producen. Se ha señalado que muchas de estas casas de estudio producen bienes de interés general o público, lo que las homologa en naturaleza a aquellas cuyo propietario, o mandante como ha distinguido el señor ministro, es el Estado. Se ha pretendido instalar un argumento falaz al señalar que el despliegue activo del interés privado genera bienes de interés y necesidad pública. La falacia radica en que los bienes aparentemente públicos que se producen como resultado de la movilización de la acción de un ente privado están marcados indeleblemente por el interés de este último, cuya naturaleza puede ser económica o ideológica, entre otras motivaciones; por ende, este bien queda estampado bajo el sello distintivo del ente privado que lo produce, y al mismo tiempo, lo limita o enmarca en su radio o uso. Un ejemplo palpable de lo anterior es la formación de profesionales de la salud en universidades de fuerte sello confesional; tal como lo ha señalado el rector de una de ellas, dichos profesionales se forman en el conocimiento de un abanico variado de métodos anticonceptivos, no obstante, la práctica en sus propios centros clínicos se limita solo a algunos de estos métodos. Como bien producido por un ente privado, la formación práctica de estos profesionales queda restringida a la visión moral de la institución en la que se forman, es decir, grabada con el sello distintivo del interés del privado que provee el servicio educativo, el que en este caso no coincide con el interés público del Estado de permitir a la población el acceso a un espectro amplio de métodos en esta materia. Entonces, aquello que se esgrime desde lo privado como la producción de un bien público no tiene necesariamente una correspondencia con lo que el propio Estado demanda como bien de interés general o público, ya que en este caso, además, se restringe el derecho de los usuarios que asisten a estos servicios de salud.

Hay que pensar qué ribetes cobra una reflexión en esta línea si se trata de la producción del bien formación de profesores, ¿bajo qué intereses privados se forma hoy un porcentaje mayoritario de los maestros de Chile?, ¿estos intereses están alineados con el actual proyecto país del Estado?

En suma, los resultados de la formación profesional, de la investigación científica, o la transferencia tecnológica no son de suyo, ni por sí solo bienes públicos, tales connotaciones estarán dadas por el interés que motive su producción, es decir, por el origen de las demandas que gatillan su realización. En una sociedad democrática estas razones no requieren estar tras las bambalinas de las instituciones de educación superior, al contrario, el reconocimiento transparente de su existencia contribuye a fortalecer las verdaderas razones que inspiran a la democracia.

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