¿Queremos Universidades capitalistas o autogestionadas?

Cuando entré a la Universidad de Chile su rector era don Edgardo Boeninger. En ese entonces, Boeninger había ganado su segunda elección, con apoyo mayoritario en una Universidad de carácter nacional, dirigida por un Consejo Superior en el que participaban los tres Estamentos que componían la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y administrativos), con un sistema de copago por parte de los estudiantes que se llamaba “arancel diferenciado”, y con un financiamiento universitario garantizado por la Ley.

La situación de la Universidad de Chile entonces no era muy diferente de las otras Universidades del país. La otra universidad pública y nacional era la Universidad Técnica del Estado, donde su Rector, Enrique Kirberg, también había sido electo por toda la comunidad, al igual que don Fernando Castillo, a la sazón rector de la Universidad Católica de Chile, y que Raúl Allard, en la Universidad Católica de Valparaíso. Todas ellas, más las Universidades de Concepción, Austral, Federico Santa María y Católica del Norte se regían por una misma disposición legal, gozaban de plena autonomía, se autogestionaban con participación de todos los estamentos que conformaban la comunidad universitaria y tenían un financiamiento garantizado por la Ley.

Las intervenciones militares de todas las Universidades, a partir del golpe de Estado de 1973, lógicamente terminó con la autonomía, con la autogestión y con la participación. La visión con que Boeninger había ganado sus elecciones –si mal no recuerdo, el lema con que ganó fue “Por una Universidad cuyo Norte sea Chile y las Necesidades de su Pueblo”– ya no tenía sentido en medio de la represión, la censura y la persecución de las ideas y las personas.

A comienzos de los 80 del siglo pasado, en la etapa propiamente refundacional y revolucionaria de la Dictadura, los cambios que se impulsaron con la nueva –y básicamente actual– legislación terminaron con el financiamiento garantizado, que fue reemplazado por el “aporte basal” y también con las Universidades Nacionales, que fueron desarticuladas para dar origen a las actuales Universidades regionales. La Universidad Técnica del Estado se transformó en la Universidad de Santiago (en la que hoy soy académico), cambiando también su orientación primaria. Otro tanto ocurrió con la Universidad de Chile, a la que se le cercenó su Instituto Tecnológico y el Pedagógico.

[cita]Legalmente, las universidades no tienen afán de lucro, por lo que se supone que las utilidades son reinvertidas en las propias Universidades y, desde esa perspectiva, el capital aportado no tiene remuneración. Sin embargo, los propietarios de las universidades tienen la facultad, dado el sistema capitalista que nos rige, de elegir a sus autoridades, definir su orientación y asignar los recursos y destinar las utilidades cuando las hay. Todo esto es válido tanto para las Universidades privadas como para las públicas, aunque en el caso de las Universidades públicas el propietario ha renunciado a ejercer plenamente esos derechos a favor de las comunidades de cada Universidad, que gozan de diferentes grados de autonomía.[/cita]

La nueva legislación de los 80 también eliminó casi todos los requisitos para crear una Universidad, estableciendo básicamente que, para crearlas, era suficiente poseer un capital financiero.

Habiendo perdido ya las Universidades su autonomía y capacidad de autogestión, con la pérdida de su financiamiento y su carácter nacional, las Universidades tradicionales (las integrantes del CRUCH) perdieron también su sentido más fundamental, ya que con la introducción del nuevo sistema, en los hechos, el objetivo es buscar financiamiento. Bajo la consigna del Autofinanciamiento y la definición de que las Universidades debían competir por los recursos, ya no podía ser que la misión fuera “Chile y las necesidades de su Pueblo”, sino simplemente generar los recursos necesarios para sobrevivir. Bajo esta lógica, aunque la Ley establece que las Universidades no pueden tener afán de lucro, el resultado es bien parecido al lucro. La diferencia es que en un caso se maximizan utilidades (el lucro) y, en el otro, ingresos.

No obstante, algunos recursos seguirían proviniendo del Estado: el ya mencionado Aporte Basal (que vale la pena recordar que fue establecido con un sesgo a favor de la Universidad más afín a los ideólogos de la Dictadura) y el Aporte Fiscal Indirecto. Pero, en la práctica, lo fundamental del financiamiento vendría de las familias de los estudiantes, que llegan a financiar dos tercios del total del gasto en Educación Superior en la presente década, contra un tercio proveniente del Estado. Si ajustamos esta relación restando los recursos destinados a Investigación, podemos suponer que el aporte de las familias para la formación en aula es superior al 80%.

Si comparamos, desde el punto de vista organizacional y de sus objetivos, el escenario previo a la Dictadura y el que ella nos dejó, podemos entender los debates fundamentales que hay hoy entre rectores, académicos, estudiantes e interesados en lo universitario, y ver que el lucro real o aparente está en el centro, pero no sólo el lucro.

Cuando la fuente principal de financiamiento de las universidades estaba garantizado, y autónomamente asignado, los objetivos de las universidades se relacionaban con los intereses del país y las necesidades de su pueblo, pero cuando hay que salir a buscar financiamiento eso cambia. Se crean carreras baratas con el objeto de obtener recursos, independientemente de las necesidades que el país tenga por esa categoría profesional; se transforma a las universidades en grandes consultoras de empresas, y los estudios dejan de ser independientes para pasar a informar lo que el aportante de recursos desea que se concluya. Por cierto, los académicos no informarán algo en lo que no crean o no puedan sostener, pero ello hace que los recursos vayan hacia aquellos centros y a académicos que compartan ideas y garanticen un determinado tipo de informe que deje satisfecho al financista, reproduciendo la ideología del capital dentro de las universidades y dentro del sistema de educación superior. El sistema se hace y es financieramente e ideológicamente dependiente de los aportantes de recursos.

Los aportantes de recursos al sistema de educación superior son cuatro: el Estado, vía aportes basales, AFI y fondos concursables; las familias; los privados que contratan estudios o hacen donaciones (que también hay que consignar que son financiadas en un 70% por el Estado); y los propietarios de las Universidades.

Legalmente, las universidades no tienen afán de lucro, por lo que se supone que las utilidades son reinvertidas en las propias Universidades y, desde esa perspectiva, el capital aportado no tiene remuneración. Sin embargo, los propietarios de las universidades tienen la facultad, dado el sistema capitalista que nos rige, de elegir a sus autoridades, definir su orientación y asignar los recursos y destinar las utilidades cuando las hay. Todo esto es válido tanto para las Universidades privadas como para las públicas, aunque en el caso de las Universidades públicas el propietario ha renunciado a ejercer plenamente esos derechos a favor de las comunidades de cada Universidad, que gozan de diferentes grados de autonomía.

Tiene razón, bajo estos antecedentes, Nicolás Eyzaguirre cuando sostiene y propone que el Estado debe tratar de una manera diferente a las Universidades públicas de las privadas, ya que en el caso de las Universidades Públicas la comunidad universitaria no puede ser intervenida por el aportante del capital, en cambio sí puede ocurrir, y ocurre, en las privadas o en muchas de ellas. Mirado así el sistema universitario, las Universidades debieran definirse entre aquellas que se Autogestionan, es decir, en que el capital no es el que toma las decisiones sino la comunidad universitaria, y las Capitalistas, en que los propietarios conservan ese derecho, decidan o no ejercerlo.

Esta última definición, respecto del derecho ejercido o no ejercido, es muy importante en la actual discusión, ya que hay quienes han sostenido que la diferencia está entre Universidades con afán público, que serían las que cumplen la Ley y no lucran, y las con afán privado. Esta distinción es real, pero no es la fundamental, ya que las Universidades capitalistas siempre serán dependientes y la comunidad universitaria puede ser potencialmente intervenida en cualquier momento. No ocurre eso con las universidades autogestionadas en que el propietario del capital no es el que toma las decisiones. Creo que afirmar este concepto es algo que ha faltado en el discurso del ministro Eyzaguirre.

Pero, cerrando el círculo, para que las Universidades puedan autogestionarse es necesario que haya un financiamiento garantizado, y ese debe ser uno de los objetivos del cambio de paradigma. Si un capitalista quiere tener una Universidad, nadie debiera impedírselo. Pero que esa Universidad no se beneficie de los recursos públicos. Los recursos públicos deben ir a aquellas universidades que garanticen ser plenamente independientes de otro actor, para que puedan ejercer su rol académico en plenitud: conciencia crítica y actor innovador en la sociedad, y ello sólo puede ocurrir en donde la propia comunidad universitaria define su quehacer.

En esta lógica, el financiamiento debe garantizarse a aquellas Universidades que se autogestionen, independientemente de quién ha sido el aportante del capital. Pero que irrevocablemente sean autogestionadas. Esta es la cuestión que como sociedad chilena debemos resolver: ¿queremos Universidades capitalistas o autogestionadas?