El país necesita imperiosamente que los rectores de las instituciones de educación superior se pongan a la cabeza de la reforma. Sólo sus principales autoridades académicas pueden implementarla concretamente. Lamentablemente, todavía parecen predominar entre ellos, posiciones más bien conservadoras. Así lo ha evidenciado el debate en que se han trenzado por estos días. Sus argumentos parecieran aún atados al esquema privatizador existente, en circunstancias que el país ha resuelto marchar en otra dirección.
Por regla general, no parecen haber asumido cabalmente que la educación pública dejará de ser una mercancía, como ha comprometido la Presidenta Bachelet. Ello significará -inevitablemente, quiérase o no, y más temprano que tarde-, el término gradual de los «subsidios a la demanda» de docencia.
Asimismo, de los financiamientos precarios a la investigación y extensión. Ambos serán reemplazados, con creces, por aportes presupuestarios estables a las instituciones que se incorporen a la red pública.
Ello permitirá dar estabilidad a los contratos académicos y eliminar gradualmente los cobros a los alumnos. La necesaria autonomía de las instituciones estará asociada a formas de gobierno interno democrático con participación triestamental. Esto no parece haber sido asumido aún por los rectores.
Chile debe mucho a sus autoridades académicas. Ellos en primer lugar, han evitado el desmoronamiento en unos casos y construido en otros, las instituciones de educación superior que hoy educan a un millón de estudiantes y albergan prácticamente toda la investigación científica del país.
Frenaron un desmantelamiento mayor de las universidades estatales, después que las antiguas Universidad de Chile y Técnica del Estado fueran despedazadas por la dictadura. Lograron sostener y desarrollar la investigación científica y la extensión, en todas las instituciones que componen el Consejo de Rectores (CRUCH). Otros, fundaron nuevas universidades sin fines de lucro, con el propósito explícito de mantener grados mínimos de pluralidad en el sistema de educación superior.
Son grandes aportes, que deben ser reconocidos. Todos ellos, han venido remando en contra de una poderosa corriente privatizadora impulsada desde el Estado. Diseñada explícitamente para forzar la creación de un mercado y favorecer el florecimiento de empresas educacionales. Es el esquema que ha fracasado y será reemplazado.
Para sobrevivir, han debido adaptarse a las condiciones impuestas. Compensaron los sucesivos recortes en los aportes públicos estables a su presupuesto, elevando cada vez más los cobros a sus estudiantes. Generaron una «oferta» de todo tipo de programas educativos pagados. Al mismo tiempo, se allanaron a competir entre ellos, por insuficientes fondos de investigación y extensión. Éstos se han venido entregando, de manera creciente, mediante concursos, licitaciones, convenios de desempeño y otros mecanismos, todos de gran precariedad.
Inevitablemente, lo anterior ha conducido a precarizar los contratos de los académicos, la mayor parte de los cuales trabaja hoy con plazos anuales o prestando servicios a honorarios. Asimismo, se vieron obligados echar mano a la venta o hipoteca de sus bienes, públicos en muchos casos, para obtener financiamientos bancarios.
La Universidad de Chile es un buen ejemplo de las dificultades que han debido enfrentar las autoridades académicas para sobrevivir al experimento privatizador. La dictadura la hizo pedazos. Cercenó el antiguo Instituto Pedagógico y todas sus sedes regionales. Redujo su presupuesto a una fracción de lo que era antes del golpe. Su matrícula se redujo desde más de 60 mil alumnos en el año 1973 a 18 mil en el año 1990. Las remuneraciones de sus académicos y funcionarios se llegaron a reducir en dos terceras partes. Tras el término de la dictadura, los aportes públicos estables se contrajeron desde un 70 por ciento de su presupuesto en el año 1990, a menos del 10 por ciento en el año 2013. Ello forzó a reducir a la mitad el número de académicos de planta. Por otra parte, la matrícula se recuperaba a 32 mil alumnos, con lo cual la proporción de académicos de planta por alumno se ha reducido a la cuarta parte. Aunque paralelamente se incrementaron los académicos con contratos precarios, es imposible que ello no haya afectado la calidad de la docencia, investigación y extensión.
Por otra parte, la Universidad tuvo que incrementar la venta de todo tipo de servicios, hasta el punto que, en la actualidad, el personal no académico duplica al académico. La mayor parte de los primeros son profesionales, funcionarios del hospital, del IDIEM, y otras unidades que prestan servicios externos. Por otra parte, todas las unidades académicas han generado diplomados y otros cursos de postgrado, que venden servicios educacionales para complementar la carencia de recursos presupuestarios.
Gracias a estos mecanismos, la Universidad de Chile ha logrado mantenerse en primer nivel académico. Sin embargo, es indudable que no ha podido seguir el curso del desarrollo del país: la cantidad de alumnos que ingresa anualmente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas sigue siendo la misma que hace medio siglo; en el intertanto, la población del país ha aumentado en más de un 70 por ciento y el producto interno bruto (PIB) se ha multiplicado por seis. La principal universidad del país ha sido gibarizada por el esquema privatizador.
Lo anterior no ha sido suficiente y ha tenido que considerar la venta de su principal activo, el Hospital Clínico, para solventar déficit acumulados. La Universidad Católica tuvo que desprenderse de su canal de TV, como antes lo había hecho la U. Estos son sólo los ejemplos más notorios de las múltiples ocasiones en que las universidades del CRUCH han debido echar mano a sus bienes, para poder sobrevivir.
La U merece un trato diferente de la reforma en curso y ciertamente lo tendrá. Sin embargo, no ayuda a ello, si sus autoridades, como las de otras universidades estatales, presentan sus argumentos de manera que pueden interpretarse como defendiendo intereses corporativos y en los hechos, aparecen polemizando con todo el resto de las instituciones de educación superior.
Las autoridades de las universidades no estatales del CRUCH, por su parte, aparecen defendiendo los esquemas precarios de asignación de recursos de investigación y extensión, suponiendo que ello les posiciona mejor frente a las estatales, para obtener una mayor cuota de los mismos. No toman en cuenta que la investigación no puede sustentarse en financiamientos que, en el mejor de los casos, duran dos o tres años y no se tiene luego claridad si van a continuar o no. Los recursos de investigación tienen que ser estables, y formar parte del presupuesto que el Estado aporte a las instituciones que ingresen a la red pública.
Prestigiosas autoridades de universidades privadas, por su parte, derechamente se han atrincherado en la defensa del mecanismo de subsidio a la demanda. Pensando que éste les permitirá continuar captando recursos estatales sin compromiso adicional alguno, no paran mientes en el fracaso absoluto del esquema privatizador, que se basa precisamente en construir un falso mercado a partir de los referidos subsidios.
Otras autoridades de instituciones privadas, que no cuentan con el mismo prestigio, parecen dispuestas a ejercer el papel de lobbystas para el cual las contrataron en primer lugar. Ofrecen un espectáculo lamentable. Finalmente, los rectores de planteles ligados a partidos de derecha, llevan adelante una campaña frontal contra la reforma.
Todos los rectores, sin excepción, se han pronunciado asimismo en contra de la elección democrática de autoridades con participación triestamental.
Lo que se requiere de ellos es algo muy diferente. Todas las instituciones de educación superior que opten por formar parte de la red pública tienen cabida en ella. La condición esencial para ingresar es muy sencilla: deberán acceder a reducir gradualmente la venta de matrículas y otros servicios y reemplazar esos ingresos, con creces, por aportes estables del presupuesto público. Las demás condiciones seguirán a ésta de modo casi inevitable: gratuidad, fin del lucro, estabilidad en los contratos académicos, no discriminación, libertad de cátedra, y suma y sigue. El cogobierno democrático interno será la mejor garantía que ellos se cumplan.
Todos los rectores y otras autoridades tienen un papel insustituible en conducir la transición de la educación de mercado a la educación pública gratuita. En todas las instituciones que se integren la red pública. Incluidas las estatales, en las cuales también hay muchos cambios que realizar.
Ciertamente, ellos estarán a la altura de este gran desafío. Todo lo que se ha sugerido en las líneas precedentes no constituye utopía alguna: el país ya lo realizó antes, en la reforma Universitaria de 1968. Posiblemente, se inspirarán en los dos grandes rectores de la reforma de entonces: Don Enrique Kirberg y Don Fernando Castillo Velasco. Así los llamaban, con respeto profundo, los estudiantes que tuvieron el privilegio de conocerlos en esa época: Don Enrique y Don Fernando.
Don Enrique, de la Universidad Técnica del Estado, fue el gran rector de la Reforma Universitaria. Junto al legendario dirigente estudiantil Alejandro Yañez, triplicaron la matrícula y la sedes y quintuplicaron las jornadas completas en apenas cinco años. Convirtieron la Universidad Técnica del Estado en una auténtica universidad para todos.
Don Fernando, junto al no menos legendario Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, FEUC, Miguel Angel Solar, transformaron la más conservadora de la universidades de Chile en una de las más progresistas y modernas del país, en esos mismos años cortos pero plenos de creatividad.
Ambos fueron elegidos y reelegidos por sus respectivas comunidades, con participación triestamental. Éstas los respaldaron activamente, lo cual a veces fue necesario puesto que no siempre contaron con la simpatía de las altas autoridades del Estado.
Aunque en el caso de Don Fernando, él sí contó con el respaldo de la jerarquía de la Iglesia Católica. Por esos años, ésta se puso a la cabeza de las grandes reformas en la universidad y en el país. Hoy día, en cambio, aparece también entre las fuerzas conservadoras en relación a la reforma educacional. Quizás está primando su condición de gran “sostenedora” de establecimientos, bajo el esquema privatizador.
En el caso de la U, lamentablemente, no puede decir lo mismo de sus rectores de entonces, que fueron más bien conservadoras primero y tenaces opositores a Allende después. Pero sí del grueso de las autoridades de la principal universidad del país. Tras las figuras luego heroicas de Enrique París y Fernando Ortiz, fueron auténticos constructores de la reforma.
Ésta puso a Chile y su pueblo, como único norte de la Casa de Bello y todas las universidades del país. Son el ejemplo a seguir hoy.
