Sr. Director:
Estamos presenciando un intenso debate acerca de la relación entre el Estado y las universidades en aspectos financieros y de acreditación.
En mi experiencia, es importante que existan universidades que sean capaces de actuar con autonomía respecto del estado, y es más probable que ello se manifieste en instituciones que no están controladas por el mismo, directamente o indirectamente por medio de sistemas de financiamiento que sean discrecionales.
Lo ilustro con una anécdota. Hace algún tiempo fui convocado a una reunión con representantes de escuelas de Derecho de diversos países latinoamericanos. El propósito fue conversar acerca de la defensa de casos de interés público en la escuela donde trabajo. La conversación dio cuenta de la experiencia que hemos tenido, profesores y alumnos, en batallar en tribunales y en otros escenarios por causas relativamente marginales, que nos llevaron a cuestionar políticas o prácticas, en general estatales, con el fin de obtener el reconocimiento de algunos derechos. Ellas incluyeron, por ejemplo, la larga batalla que se llevó a cabo con el fin de conseguir que el estado proveyera universalmente del remedio para combatir el VIH o, la a menudo frustrante actividad destinada a promover mejoras en el sistema penitenciario y a denunciar abusos que en su interior se producen. Muchas de estas actividades supusieron momentos de fuerte conflicto con diversas autoridades públicas, las que a veces no ocultaron su gran irritación.
Para mi sorpresa, en el momento de las conclusiones, nuestros visitantes, todos provenientes de universidades estatales de países indudablemente democráticos, manifestaron unánimemente lo imaginable que era para ellos desarrollar actividades como las descritas, dada la dependencia financiera de sus instituciones respecto de los gobiernos respectivos. Su evaluación fue que muy difícilmente sus autoridades estarían dispuestas a distanciarse de ningún modo de aquellos a quienes están constantemente pidiendo apoyo financiero.
No cuestiono la importancia de las universidades estatales y estoy de acuerdo en que deben ser fortalecidas. Sin embargo, el debate pareciera orientarse hacia que las universidades no estatales de orientación pública son comprendidas como que tienen un déficit y que serán toleradas en una especie de régimen de segunda categoría. Creo que en realidad ambos tipos de universidades son necesarias, cumplen funciones y cultivan valores parcialmente diferentes. En consecuencia requieren un tratamiento diferenciado, orientado a incentivar el cumplimiento de sus respectivas funciones.
En tal sentido, es muy importante que exista un régimen bien diseñado para las universidades no estatales, que garantice de manera inequívoca su orientación pública, la completa exclusión del lucro y que favorezca su orientación a la innovación, la calidad y especialmente a la autonomía, que es el valor principal que en mi opinión las justifica.
