Negociar ahora con Bolivia una salida soberana al mar

La demanda del Estado de Bolivia presentada ante la Corte Internacional de La Haya, en contra del Estado de Chile, con la finalidad de obtener que nuestro país sea condenado a negociar una salida soberana al mar, hace necesario redefinir una estrategia política y jurídica para arribar a una solución adecuada para los tiempos presentes. Chile ya perdió el juicio que tuvo con Perú, como se deduce del análisis de la sentencia que dictó la Corte referida, respecto de los límites marítimos. Dicha derrota no ha sido analizada ni menos asumida en todas sus consecuencias por el mundo político nacional. Allí fue derrotada una estrategia política y jurídica que a los cuatro vientos declaró que la Corte Internacional fallaría “supuestamente conforme a derecho” y, en consecuencia, no habría que tener ninguna duda ni temor sobre el fallo favorable que se obtendría respecto de los límites marítimos reconocidos por más de 60 años con Perú. Desgraciadamente, las cosas no se dieron como pensó la defensa de Chile y como públicamente declararon distintas autoridades y personeros políticos, tanto de oposición como de gobierno. Sin embargo, nadie asumió su responsabilidad política ante esta evidente y mayúscula derrota y la cuestión se presentó como un mal supuestamente menor, sin considerar que la puerta se abría peligrosamente.

Ahora, respecto de la demanda de Bolivia, pareciera ser, según los antecedentes publicados y/o comentados en diversos medios de comunicación social, que la estrategia que habría decidido seguir la autoridad de Chile sería muy semejante a la que se empleó en la causa perdida aludida. Incluso la defensa jurídica habría sido encargada sustancialmente a las mismas personas que conformaron el equipo perdedor. La única diferencia que existiría con el caso anterior, consistiría en el propósito ya presentado dubitativamente por algunos personeros públicos de plantear una cuestión preliminar ante la Corte de la Haya, en el sentido que dicho tribunal sería incompetente para conocer la materia. Dentro de dicho contexto, la autoridad más importante del país en relaciones exteriores ha reiteradamente declarado que Chile no volvería a negociar sobre el tema que preocupa a Bolivia –una salida soberana al mar– u otra solución satisfactoria, y que tal cuestión es caso cerrado.

Craso error es aquél, por cuanto, lejos de expresar firmeza, demuestra una incomprensible liviandad y falta de apreciación de las circunstancias internacionales que actualmente se viven en el mundo. Dejar en manos de jueces, muy alejados de los intereses de nuestra América Latina y desconocedores de la realidad de nuestro país, un problema que debe resolverse derechamente, ahora, resulta una auténtica elusión.

[cita]La política internacional chilena que están aplicando las nuevas autoridades, no ha significado un verdadero golpe de timón en lo que dice relación con el tema que se viene discutiendo, a lo menos desde el año 1904. Se está reincidiendo, en lo fundamental, en una misma estrategia que aplicaron gobiernos de muy distintos orígenes, incluso una dictadura y en las mismas frases: “No tenemos ningún tema pendiente”, “no existe ninguna controversia jurídica o de hecho con Bolivia”, “la Corte Internacional de La Haya siempre falla conforme a derecho”.[/cita]

Nosotros pensamos que la estrategia que se está construyendo por las autoridades de Chile, es muy errónea, completamente equivocada, por lo cual debería existir una modificación muy importante en la misma: no eludir el tema de la negociación y abordarla en el menor tiempo posible, dentro del siguiente marco político, y jurídico procesal, que no podemos dejar de describir, aunque sea muy brevemente:

a) Bolivia o lo que después llegó a ser Bolivia durante el período anterior a la Declaración de su Independencia y durante el período colonial, no tuvo salida al mar de ninguna especie. La revisión atenta de las Leyes de Indias permite sostener, sin duda alguna, que la Audiencia de Charcas no tuvo salida al mar y que la Audiencia del Perú, de una u otra manera, siempre limitó con el territorio perteneciente a Chile.

b) Al crearse la República de Bolivia, en el año 1825, la misma comprendía la antigua jurisdicción de la Audiencia de Charcas y por ello no tuvo acceso al mar como se deduce, por lo demás, de las propias declaraciones de Simón Bolívar que, al referirse al tema, entendía que Bolivia no tenía acceso al mar y no necesitaban una marina, afirmando, por dicha situación especial, que debía buscarse un puerto para cuyos efectos se propuso a la Caleta de Cobija.

c) Al celebrarse los tratados limítrofes de los años 1866 y 1874 y fijarse como límites la línea divisoria ubicada en el grado o paralelo 24, se hizo aquello, renunciando nuestro país al legítimo derecho que tenía a los territorios que llegaban hasta el paralelo 21.

d) Con motivo y ocasión de la guerra del año 1879, el Tratado de 1874, que había sustituido al del año 1866, quedó sin efecto, ya que Bolivia, concertada previamente con Perú, a través de un tratado secreto de carácter evidentemente ofensivo en contra de Chile, se negó a llevar la controversia a arbitraje e incluso declaró sorpresivamente la guerra a Chile a comienzos de marzo del año 1879. Chile sólo declaró la guerra después de conocer la existencia de dicho tratado secreto, a comienzos de abril de 1879.

e) Concluida la guerra se celebró una tregua entre Chile y Bolivia y con posterioridad, 25 años después, un tratado de límites, en el año 1904. Desde aquella época hasta el tiempo presente, Chile siempre ha manifestado su buena voluntad pacífica y amistosa para buscar una salida al mar para Bolivia. Lo cierto es que la generación que hizo la guerra del año 1879, por parte de Chile, se encuentra muy bien representada por los juicios y opiniones de Domingo Santa María, Presidente de Chile en aquel entonces, quien reiteradamente manifestó que era altamente inconveniente dejar cerrado todo acceso de Bolivia al mar. Fue así como se han realizado por el gobierno de Chile en distintas épocas y a lo largo aproximadamente de 110 años, en diferentes periodos gubernamentales, conversaciones e intercambios de ideas para alcanzar una salida soberana al mar por parte de Bolivia, a través de un corredor ubicado al norte de Arica, sujeto a diversas condiciones, entre las cuales está un eventual canje territorial.

Con los elementos de juicio anteriores y revisada la demanda presentada por Bolivia en abril del año 2013 –y no la memoria presentada en abril del 2014, que se mantiene en secreto y que sólo conocerá la opinión pública una vez terminado el juicio ante la Corte de la Haya–, somos de opinión de que Chile debiera hacer, a lo menos, lo siguiente, en resguardo de sus intereses y en aras de situar el problema en su compleja dimensión geopolítica:

1) Solicitarle a la Corte Internacional de La Haya que ponga formalmente en conocimiento de Perú la demanda deducida por Bolivia, en razón de ser aquel país un tercero directamente interesado en los resultados del juicio y cuya opinión es determinante para los efectos de poder llevar a cabo alguna de las negociaciones con Bolivia, en el territorio ubicado al norte de Arica, territorio que en virtud del Tratado del año 1929, y su respectivo protocolo adicional celebrado entre Chile y Perú, no puede ser objeto de negociaciones o de actos de disposición por parte de Chile, sin la previa aprobación o sin el concurso de la voluntad del Perú. Se trata de un territorio que se encuentra con un gravamen a favor de este último país y, además, con una disputa territorial. Alegada por Perú y en etapa de cumplirse el fallo marítimo que afecta al área. Por ello es necesario que la Corte Internacional de La Haya requiera la intervención de Perú como tercero directamente interesado, para los efectos referidos. Así, las decisiones que se adopten serán también obligatorias para el Perú. Por las mismas razones que, cuando un Estado considera que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, está facultado para pedirle a la Corte intervenir en la causa, también puede el Estado de Chile solicitar que la demanda sea notificada a Perú, por cuanto sin su voluntad no se puede seriamente disponer ni negociar sobre la parte del territorio ubicado al norte de Arica, ni podría el tribunal internacional opinar absolutamente nada. Se debe romper así el llamado “candado”, establecido en el tratado mencionado del año 1929 y dejar establecido, de esta forma, que la cuestión de la salida al mar de Bolivia afecta y compromete también a Perú. Se trata de una cuestión trilateral.

2) Logrado lo anterior –vale decir, que la Corte disponga poner en conocimiento de Perú la demanda de Bolivia y siempre y cuando en la contramemoria, cuyo contenido desconocemos, porque es secreta, Bolivia hubiera simplemente reproducido, con mayor amplitud y desarrollo, los mismos argumentos dados al presentar su primer escrito de demanda en abril de 2013, sin agregar otras peticiones–, Chile, en lugar de proponer excepciones preliminares, y que en nuestro país denominamos excepciones dilatorias, que podrían tener muchas posibilidades de ser rechazadas, considerando el clima internacional actualmente existente, debiera derechamente allanarse a la demanda de Bolivia si Perú, conociendo la demanda, expresase formalmente ante la Corte de La Haya, antes del allanamiento, estar de acuerdo a una salida territorial para Bolivia, al norte de Arica; allanamiento que debe hacerse en términos muy claros y explícitos para el solo efecto de iniciar, desde ya y en el menor tiempo posible, las negociaciones con Bolivia para buscar de común acuerdo una salida soberana al mar, por el territorio ubicado al norte de Arica; salida soberana que Bolivia debería bajo todo respecto compensar territorialmente o bien compensar a través de las aguas del Titicaca, las que pasarían a bañar parte del norte de Chile, y con las riquezas provenientes del gas natural existente en Bolivia, entre otras cuestiones, todo ello dentro de un justo equilibrio.

Si Chile durante 110 años ha manifestado una voluntad seria de buscar un acuerdo con un país hermano, no se divisa razón alguna para que hoy se postergue innecesariamente dicha negociación a la espera de que se falle, por personas de otras latitudes, el juicio de La Haya. Lo conveniente es que se ponga término a dicho juicio anticipadamente a través del camino que estamos proponiendo, el cual requeriría, por cierto, mayores precisiones, no sólo sustantivas, sino que principalmente de orden procesal. Allanarse a negociar no es entregar pura y simplemente por dicho acto territorio chileno, sino que es emprender efectivamente una negociación, pero circunscrita, única y exclusivamente, al ámbito territorial referido, en virtud de todas las negociaciones que viene realizando Chile a partir del año 1879 hasta el tiempo presente, que principal y determinantemente se han referido a territorios ubicados al norte de Arica y así por lo demás se deduce del propio tenor de la demanda presentada por Bolivia, en abril del año 2013.

En modo alguno se podría aceptar una negociación que cortara o fragmentara el territorio chileno por cualquier otra parte ubicada al sur de Arica. No debieran aceptarse enclaves territoriales, en ninguna parte del territorio. Si ya en el pasado Chile ofreció, reiteradamente, a Bolivia un corredor, ubicado al Norte de Arica, no se divisa la razón por la cual no podría proponerse hoy día lo mismo, dentro de un contexto internacional muy diferente que demanda y reclama una verdadera integración entre los países.

La política internacional chilena que están aplicando las nuevas autoridades, no ha significado un verdadero golpe de timón en lo que dice relación con el tema que se viene discutiendo, a lo menos desde el año 1904. Se está reincidiendo en lo fundamental en una misma estrategia que aplicaron gobiernos de muy distintos orígenes, incluso una dictadura y en las mismas frases: “No tenemos ningún tema pendiente”, “no existe ninguna controversia jurídica o de hecho con Bolivia”, “la Corte Internacional de La Haya siempre falla conforme a derecho”. Frases todas que revelan una continuidad en la política exterior que no nos ha conducido a una integración fraterna. En la época presente se deben buscar soluciones audaces y constructivas, entendiendo que geográficamente estamos obligados a tener muy buenas relaciones con Bolivia, Perú y Argentina. De allí que las relaciones con estos tres países, con los cuales debiéramos verdaderamente integrarnos, no sólo económicamente sino también desde el punto de vista político, cultural y social, deben ser sacadas del ámbito meramente judicial de la Corte Internacional de La Haya, que es un tribunal que, lejos de estar fallando “conforme a derecho”, lo está haciendo verdaderamente según su leal saber y entender.

Dentro de ese contexto la solución no está en reincidir en las mismas fórmulas del pasado, sino que en una política muy leal y potente de negociaciones abiertas con Bolivia. Decimos negociaciones abiertas por cuanto la causa que se sigue en La Haya, más allá de las noticias periodísticas, tiene una tramitación reservada o secreta, hasta el punto que sólo podríamos tomar conocimiento de la Memoria de Bolivia y de la contramemoria de Chile una vez concluido el juicio. Por cierto que tal situación está en abierta contradicción con el sentido profundo de lo que es la democracia. En ésta el secretismo no puede existir. Entregar el conocimiento de una materia tan importante a grupos reservados, dejando a la ciudadanía al margen de toda información completa sobre los fundamentos de la demanda de Bolivia, no se ajusta a las prácticas de lo que debiera ser una verdadera democracia, que reclama y exige participación y debate con toda la información necesaria.

La Corte de La Haya en esta materia no es el órgano adecuado para resolver la cuestión. Sus procedimientos, secretos, en la parte escrita, resultan ser inadmisibles en el derecho actual, que exige publicidad y transparencia efectiva. Deben las autoridades de Chile abrirse ahora a negociar con Bolivia, en forma directa, clara y de cara al país.

Convendría recordar que en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se expresa un acertado criterio, a nuestro juicio muy diferente del que se está aplicando actualmente en las relaciones con Bolivia. Siempre se entendió que la Nueva Mayoría, tan pronto se asumiera el gobierno, emprendería negociaciones con Bolivia, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Muy por el contrario, los medios de comunicación han informado que el Ministro de Relaciones Exteriores, preguntado sobre la materia, expresó que quedaría cerrada para siempre toda opción o salida al mar para Bolivia. Tal criterio no lo compartimos bajo ningún respecto. Pensamos que, en el presente siglo, debiéramos poner término definitivamente al tema de Bolivia, tal como lo entendió en su época la generación que hizo la guerra del año 1879. El Presidente Santa María que suscribió los Tratados de tregua con Perú y Bolivia, fue un ardiente partidario de una salida soberana al mar para Bolivia, por el Norte de Arica. Por lo demás así se convino, incluso en un tratado que en definitiva fracasó, en el año 1895, por cuanto Bolivia a raíz de sus propios conflictos internos tuvo una irracional conducta de rechazo a lo ya pactado. Paralelamente a lo que estamos expresando, debemos dejar constancia que las autoridades de Bolivia, a su vez, deben abrirse, actualmente, en un tono diferente al que han venido empleando, que en muchos casos incluso ha sido ofensivo para Chile. Pese a lo anterior, las generaciones actuales de Chile deben pensar que “si somos todos americanos”, como dice la canción, si tenemos fronteras que algún día debieran abrirse para cumplir con las grandes aspiraciones que vienen desde el año 1810, y que se encuentran representadas por el genio de Simón Bolívar –hacer de éste continente un solo gran Estado, plurinacional, respetando las características de todos, pero verdaderamente unidos–, más allá de las reiteradas reuniones internacionales que para nada han servido, debieran ser partidarias de una política, respecto de Bolivia, muy diferente a la que se está siguiendo por parte del actual gobierno. La salida al mar de Bolivia no es un tema exclusivamente judicial. Entregar la definición de la estrategia pura y simplemente a estudios jurídicos y abogados extranjeros, es un completo desacierto. La cuestión de la salida al mar es un tema de carácter político esencialmente, que debe debatirse ampliamente ante la faz del país y no en círculos exclusivos y privados.

América Latina es más importante de lo que ha creído en los últimos 40 años, en que se privilegiaron las relaciones con los Estados Unidos. Lo que procedería es aprovechar que la mayoría de los embajadores de Chile, en nuestro continente, son muy cercanos ideológicamente a la Presidenta y esa mayoría, estamos ciertos, desea ver una líder real en estas materias. Por eso debería buscarse un acercamiento con Bolivia, en lugar de dar un portazo, como ha hecho erróneamente el ministro de Relaciones Exteriores.