La necesidad de publicación de resultados se justifica desde una concepción neoliberal de educación, usando conceptos como transparencia y rendición de cuentas a modo de mecanismos de control sobre el sistema educativo, toda vez que el Estado ha sido desvinculado como responsable directo por la provisión de educación.
Desde la instauración del SIMCE por medio de la LOCE se indicaba la publicación de resultados como una característica necesaria en este sistema de evaluación. No obstante, dicha medida no se implementó hasta el segundo gobierno de la Concertación el año 1995, fecha en la cual las escuelas comenzaron a quedar expuestas públicamente en relación con el desempeño de sus estudiantes en las pruebas. Según la investigación de Flórez, los profesores reconocen un cambio relevante tras la introducción de este mecanismo, ya que pasan de percibir esta evaluación como una más entre muchas, a sentir la presión de sostenedores, directivos y autoridades locales por aumentar los puntajes del SIMCE, debido a que ello posicionaba mejor a las escuelas en la competencia por el mercado educativo. Y es en ese momento que SIMCE comienza a cumplir su propósito inicial de regular la educación de mercado, propósito instaurado por la dictadura y consolidado por la Concertación, convirtiéndose en una evaluación de alto impacto, lo que genera múltiples consecuencias para el sistema educativo chileno.
La sigla SIMCE corresponde a Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Es decir, a nivel explícito, el SIMCE declara como uno de sus propósitos centrales el monitorear la calidad y equidad del sistema educativo. Sin embargo, una vez que se convierte en evaluación de alto impacto emerge una serie de consecuencias que juegan en contra de ese propósito. Entre ellas: reducción del currículum a las áreas evaluadas, uso de horas de otras disciplinas o de actividades extracurriculares para entrenar para la prueba, incentivos económicos a los docentes para subir los puntajes, incentivos en notas a los alumnos por buenos puntajes, despido de profesores sobre la base de los puntajes del SIMCE, cierre soterrado de escuelas públicas debido a bajos rendimientos sostenidos, solamente por mencionar algunas.
Junto con ello, los docentes experimentan lo que en investigaciones internacionales se denomina conflicto de rol (ver, por ejemplo, el estudio de Berryhill, Linney y Fromewick), esto es, la presión de la prueba los hace transformar su práctica diaria, aun cuando eso va en contra de lo que ellos piensan que es lo correcto desde su perspectiva profesional y su conocimiento pedagógico y disciplinario. El trabajo docente se reduce al uso de guías para preparar una prueba, guías en las que predominan las preguntas de opción múltiple, y a intentar cubrir todos los contenidos curriculares con el fin de que los estudiantes tengan todo el conocimiento necesario para dar la prueba. Este tipo de prácticas se encuentra bastante extendido en el sistema escolar, y los estudios de Taut, Cortés, Sebastian y Preiss y de Flórez lo confirman al observar que en todos los contextos educativos estudiados por ellos existe algún tipo de preparación para la prueba. Ello, pese a que los profesores quisieran estar trabajando en el sentido más amplio que tienen sus respectivas disciplinas (tener una perspectiva crítica y ser capaz de argumentar en Filosofía; desarrollar hábitos de vida sana en Educación Física; tener curiosidad científica por su entorno en Ciencias, etc.), con metodologías más variadas y basadas en la experiencia, y sobre la base de una idea más holística de educación, donde el propósito principal sea el desarrollo integral del estudiante en todas sus dimensiones. Resulta difícil creer que una realidad cotidiana como la aquí descrita genere mejoras en la calidad del sistema educativo. Resulta también cuestionable que los incentivos para ingresar a la carrera docente se puedan reducir a cambiar a su actor principal (por uno con mayor puntaje PSU), sin considerar los aspectos de la profesión docente y su práctica acá mencionados, lo que implica una desvaloración del rol intelectual docente y un desconocimiento de la complejidad del contexto en que deben realizar su labor y, por tanto, podría explicar la alta deserción que experimenta el campo durante los primeros cinco años de ejercicio profesional.
[cita]La necesidad de publicación de resultados se justifica desde una concepción neoliberal de educación, usando conceptos como transparencia y rendición de cuentas a modo de mecanismos de control sobre el sistema educativo, toda vez que el Estado ha sido desvinculado como responsable directo por la provisión de educación.[/cita]
A lo anterior se suma la controversia actual en relación con el significado atribuible a los puntajes del SIMCE, teniendo en cuenta la definición de los constructos que dice evaluar. Ni el Ministerio de Educación ni la Agencia de Calidad han sido capaces de proveer evidencia acerca de los saltos inferenciales que se realizan para concluir que una prueba que mide habilidades básicas de algunos contenidos de algunas áreas del currículum nos dice algo acerca de la calidad del sistema educativo. Otro elemento de la controversia es la ausencia de una definición explícita del constructo calidad, que es finalmente lo que el SIMCE declara medir. Ello significa un problema técnico en relación con la validez del instrumento, puesto que, al no delimitar el constructo a evaluar, este queda abierto a todas las interpretaciones posibles, incluyendo lecturas erróneas o no válidas de los resultados. En términos éticos, si no se está seguro acerca del significado de los resultados de la prueba, resulta irresponsable publicarlos y someter a las escuelas a las presiones de la evaluación estandarizada.
Por otra parte, la publicación de resultados obedece a una lógica de mercantilización de la educación escolar en la que los establecimientos, de acuerdo a su presumible calidad, compiten por una mayor matrícula, lo que les reporta mayores beneficios económicos. Dejando a un lado la pregunta de si esta debe ser la principal motivación en el campo educativo, la publicación de los puntajes somete a la misma competencia a establecimientos de características muy disímiles, tanto en su contexto como en sus recursos. Ello, finalmente, juega en contra de otro propósito central de SIMCE: mejorar la equidad del sistema educativo, pues somete a las escuelas a una competencia injusta que aumenta la segregación de nuestro sistema escolar.
La necesidad de publicación de resultados se justifica desde una concepción neoliberal de educación, usando conceptos como transparencia y rendición de cuentas a modo de mecanismos de control sobre el sistema educativo, toda vez que el Estado ha sido desvinculado como responsable directo por la provisión de educación. Cuando observamos que dicha necesidad de control termina distorsionando la realidad de las aulas chilenas a tal punto que daña la calidad de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, entonces resulta fundamental repensar la existencia de estas políticas de evaluación estandarizada en Chile. Dejar de publicar los resultados del SIMCE sería un primer paso en la dirección creativa de un nuevo modelo de evaluación, puesto que eliminaría la dimensión del alto impacto, por lo que las consecuencias de la prueba también desaparecerían y, en ese sentido, podríamos obtener una imagen más cuidadosa y precisa de lo que sucede en nuestro sistema educativo. Sin embargo, contar con un sistema que permita juzgar la calidad de una escuela desde una perspectiva diferente a la del mercado educativo requiere un esfuerzo de reflexión técnica, creativa y política cuyo prerrequisito debiera ser considerar la eliminación del SIMCE como una opción factible.
