Este estéril debate, que busca establecer derechos de acceso a financiamiento estatal asociados a entidades privadas, se ha encauzado mediante la adscripción da denotar la educación como un bien de carácter público y, por tanto, independiente de quién lo otorga.
La polémica entre instituciones estatales y privadas que han levantado diversas autoridades universitarias, ha quedado atrapada en la instalación de un nuevo sofisma que sólo ha entrabado los avances de entendimientos que permitan conducir a la puesta en marcha de un nuevo sistema de educación superior.
Este estéril debate, que busca establecer derechos de acceso a financiamiento estatal asociados a entidades privadas, se ha encauzado mediante la adscripción a denotar la educación como un bien de carácter público y, por tanto, independiente de quién lo otorga. De este modo, han hecho emerger en el lenguaje cotidiano las acepciones de Educación Pública y Educación Privada, como si el proceso formador de la educación estuviese situado fuera del individuo que la recibe, y de ahí esta denominación tan singular. Sin embargo, quienes hacen uso de ello olvidan o quieren deliberadamente esconder la verdadera naturaleza de la educación, la que en su concepción originaria, cuya raíz latina proviene de los conceptos educere o educare, determina que el proceso educativo se traduce en última instancia en un bien personal que atesora el educando, siendo éste intransferible y fuera de toda posibilidad de transformarse efectivamente en un bien de carácter público o privado.
De ahí que lo que efectivamente debemos reconocer es la existencia de instituciones públicas e instituciones privadas que imparten educación y, a su vez, cómo esta educación adquiere niveles de calidad en la medida que tanto sus contenidos valóricos como de instrucción determinan estándares aceptados por la sociedad, instrucción que en todas las instituciones, públicas y privadas, deberían asegurar a sus educandos con un piso mínimo de conocimientos, capacidades y destrezas que permitan establecer niveles de equidad que sean el referente de la buena educación que el país necesita.
De modo que, al establecer la educación como un bien público, se busca arrastrar a las instituciones privadas a tener los mismos beneficios de financiamiento estatal que las instituciones públicas de educación. Sin embargo, es aquí donde cabe destacar que las instituciones públicas de educación tienen derechos y deberes intrínsecos que no les son propios a la instituciones privadas de educación, aun cuando estas últimas puedan emular a las primeras, a pesar de que sus naturalezas jurídicas sean evidentemente diferentes.
Sin duda que las instituciones públicas de educación están definitivamente llamadas a formar a sus educandos desde los cimientos valóricos inherentes a la Carta Magna, de modo que garanticen la plena pluralidad y diversidad de las diferentes concepciones doctrinarias ambientales, económicas, filosóficas, políticas y religiosas que la república sustenta, sobre la base del respeto y tolerancia cívica, que hace finalmente concebirla en su carácter laico y ecléctico en el mundo de las ideas, pluralidad que necesariamente no está garantizada en las instituciones privadas de educación, las cuales por lo general obedecen a ámbitos particulares de quienes definen sus intereses misionales en materia valórica.
Es por ello que la gratuidad a sus educandos, que debe asumir el Estado con sus instituciones públicas de educación, resulta ser una responsabilidad ineludible para asegurar una educación que se establece desde la concepción valórica de su Constitución Política y, por lo mismo, ésta debe ser producto del fiel mandato de su ciudadanía para poder fundamentar las bases de una buena educación en la concepción republicana de fomentar los compromisos cívicos y valóricos de sus futuros ciudadanos.
