No obstante, si los gestos políticos desde el ministro se encaminan más por continuar reforzando lazos con los países europeos cuando las diferencias políticas más profundas se encuentran en la región con nuestros vecinos, no habría que extrañarse que los países latinoamericanos nos sigan mirando con cierto revanchismo.
Bolivia presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 15 de abril en un hecho que ante todos los bolivianos constituye un acontecimiento histórico en el vecino país.
Si a eso le agregamos que fue el propio Evo Morales quien acudió al tribunal, la carga simbólica es aún mayor para un proceso político relevante para ese presidente y para todo su país. Las reacciones del lado chileno no se hicieron esperar y, al contrario de todo lo que se había señalado antes de la demanda, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, emitió declaraciones que, sin duda alguna, son desafortunadas. A horas de la presentación boliviana, el canciller señaló en los medios que la demanda era “artificiosa” y que carecía de “fundamento jurídico”.
Sin embargo, lo que al parecer desconoce el Ministro es que sí hay elementos jurídicos que pueden otorgarle validez al escrito boliviano, pero ya no se debe hablar de los “derechos expectaticios” sino que se trataría de acuerdos unilaterales entre los Estados, elementos que, desde el derecho internacional, tienen base jurídica. Pero al margen del debate político que tendrá que irse dando con el correr de las semanas en Chile, el canciller Muñoz dijo, en días posteriores, que la salida al mar de Bolivia con soberanía “está cerrada para siempre”.
Estas declaraciones son delicadas, pues en términos diplomáticos estaría representando el sentir del Estado, cuestión muy contraria a lo que el propio programa de gobierno de la Presidenta Bachelet señaló en materia de Relaciones Exteriores. En dicho texto se sostiene al respecto que: “La política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra participación en los distintos mecanismos de integración actualmente existentes en América Latina y, en especial, en América del Sur”.
Pero más adelante se argumenta lo siguiente: “Nuestro país debe recuperar su papel de promotor activo de la convergencia regional, confirmando su compromiso con una política de integración regional activa y vinculante. Chile debe valorizar positivamente la diversidad que caracteriza a América Latina y enfrentar efectivamente los desafíos que plantean nuestras relaciones vecinales”.
Al parecer la ambigüedad del programa de gobierno sigue presente también en materia internacional, pues si las relaciones vecinales, la integración y los acercamientos con todos los países de la región son centrales para la nueva administración, ¿por qué el Canciller no ejecuta lo que dicta el programa? Al parecer la agenda del canciller es más bien una agenda propia por sobre los lineamientos regionales, al punto de invisibilizar el papel del subsecretario.
Los estudiosos de las relaciones internacionales saben que la diplomacia es de gestos, de actitudes y que las sensibilidades son variadas, las cuales, por cierto, tienden a amplificarse en escenarios políticos con cierta tensión. Por eso la ausencia del ministro a la primera reunión de la comisión de cancilleres de UNASUR, que se desarrolló en marzo, no es un tema menor, ya que en el citado programa de gobierno se enfatiza que “UNASUR debe constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de integración de América del Sur, mientras CELAC debe ser una instancia de coordinación política en la región”. En este caso, el canciller prefirió participar de la III Cumbre de Seguridad Nuclear realizada en Holanda antes de ejercer la diplomacia regional para descomprimir el ambiente vecinal.
Lo anterior se entendería si fuéramos potencia nuclear, pero a la luz de los antecedentes estamos lejos de lograr esa calificación. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿hay una real intención del canciller por avanzar en materia de integración latinoamericana? Al parecer, la respuesta es no, ya que se observa cierto personalismo en su actuar y con una agenda propia, por sobre los objetivos de renovación de nuestra política exterior, que en nada contribuyen a pavimentar una agenda regional basada en la armonía y en el entendimiento político.
Si a eso le sumamos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores el tema de la integración se traduce a una unidad cuando debiera ser un departamento, como el caso ecuatoriano, el escenario diplomático se ve más bien enmarañado. La orientación de Cancillería debiese ir por la generación de una identidad latinoamericana, que la política exterior de Chile deje de ser una política de gobierno y se traduzca en una política de Estado y considerar la integración como un eje clave en su propuesta de futuro.
No obstante, si los gestos políticos desde el ministro se encaminan más por continuar reforzando lazos con los países europeos cuando las diferencias políticas más profundas se encuentran en la región con nuestros vecinos, no habría que extrañarse que los países latinoamericanos nos sigan mirando con cierto revanchismo.
